Por Aldana Huilén Ceijas * para Escritura Feminista **

El lunes en la tarde, con esta idea como convicción, nos atamos el pañuelo verde al cuello y nos congregamos de a miles frente al Congreso para discutir el aborto como una problemática de salud pública y de desigualdad social y demandar al Estado una ley de aborto legal, seguro y gratuito.

Entre 370.000 y 522.000 personas abortan de manera clandestina al año, según estima el Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2009, dato que no puede confirmar por lo irregular de la práctica pero sí calcular en base a la cantidad de consultas e internaciones por sus consecuencias.

Hoy el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna. Un informe del Centro Atenea calculó que, a nivel mundial, el aborto causa la muerte del 11% de las personas gestantes. En América Latina, ese número asciende al 13%. En Argentina alcanza el 20% y supera la media de los países vecinos.

Los números abruman y se suman a la desigualdad que viven las niñas, las mujeres y los trans de forma estructural. Porque quienes mueren a causa de los abortos clandestinos son los mismos sectores de siempre: los excluidos del sistema de salud y del sistema en general. Es decir, las pobres. Quienes no pueden acceder a un aborto seguro porque son caros, ni a salud gratuita y de calidad. Y también los hombres trans, que experimentan la marginación en todas las instituciones por las que pasan: desde la familia y el mercado laboral, hasta en los hospitales.

En el 2007, cuando se presentó por primera vez un proyecto de ley para implementar el aborto legal, seguro y gratuito, algunas voces pedían que esperemos porque la sociedad “aún no estaba preparada para ello”. Ya fueron presentados seis proyectos por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y este año vamos hacia el séptimo. Y aún se pide paciencia. Pero, ¿cuántas  muertes más podemos esperar para hacernos cargo?

En los megáfonos, en los afiches y en las remeras, ayer aparecía una y otra vez una misma consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese es el horizonte y un paso fundamental para comenzar a construir un mundo un poco más igualitario.

Entre lo clandestino y lo permitido

Antes que nada, cabe aclarar que el aborto no es por completo ilegal en Argentina. Pero tampoco funciona como debería en los casos permitidos por la ley, ya que muchas veces lxs profesionales de la salud deciden no practicarlos por objeción de conciencia, violan el secreto profesional o se interponen procesos judiciales para retrasarlos que culminan al mismo tiempo o después del embarazo.

Otras veces, la idiosincrasia machista encarcela y castiga sin preguntar, como sucedió con Belén, la joven tucumana que llegó al hospital con un cuadro de aborto espontáneo (y sin siquiera saber que estaba embarazada) y salió con una condena de 8 años a prisión.

Desde la segunda reforma al Código Penal, en 1921, la interrupción del embarazo es legal cuando la vida de la mujer peligra o cuando el embarazo es fruto de una violación.

Tras varias modificaciones, dictaduras militares, gobiernos democráticos y reformas constitucionales, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia habilitó a lxs médicxs a practicar la Interrupción Legal del Embarazo en las causales previstas desde 1921, en el fallo denominado “F.A.L.”. El único requisito a presentar por las personas gestantes para realizar el aborto sería una declaración jurada sobre el delito sexual que se les hubiera infringido.

En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación confeccionó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), basado en los lineamientos de la Corte Suprema y destinado a dictar cómo proceder en hospitales y centros de salud nacionales.

Esta herramienta amplió el concepto de “salud” al incluir los aspectos psicosociales de lxs sujetxs y al tener en cuenta las consecuencias del embarazo y la maternidad obligada en lxs pacientes. Abrió la posibilidad de que el daño psicológico y el estigma social que generaría un embarazo no deseado en la vida de una adolescente, por ejemplo, pudiera llegar a considerarse una causal válida para practicar el aborto. Sin embargo, siempre estuvo sujeto a interpretaciones y a decisiones de la institución interviniente en cada caso.

El problema es que el protocolo ILE no tiene carácter de resolución ministerial, como sí tenían los dos previos, del 2007 y 2010. Además, las autoridades federales no se encargaron de darle una correcta difusión e implementación hasta la fecha. Por lo tanto, las posibilidades de aplicarlo en todo el país disminuyeron.

Sólo ocho provincias adoptaron el protocolo y respetaron en gran medida la disposición del ministerio y la Justicia: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Entre Ríos (esta última, desde noviembre de 2017).

Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta, en cambio, pusieron en funcionamiento un protocolo modificado, con mayores limitaciones que el original. En Córdoba, se encuentra suspendido parcialmente por orden judicial.

En la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri vetó el primer proyecto aprobado por la legislatura cuando aún se desempeñaba como Jefe de Gobierno. El entonces ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, presentó otro, mucho más restringido, que aún está siendo tratado por la Justicia.

Otro caso particular es el de la provincia de Buenos Aires, que contaba con la adhesión al protocolo nacional, hasta que la gobernadora María Eugenia Vidal lo anuló en el 2016.

En el resto del país, no existen protocolos y muchas veces no se registran índices de personas atendidas por consecuencias de los abortos inseguros.

* Periodista y estudiante de lic. en Comunicación Social #UNLaM.  

** https://escriturafeminista.wordpress.com/2018/02/20/panuelazo-contra-la-muerte-y-la-desigualdad/