“Es hora ya que el Reino Unido asuma la responsabilidad de poner fin al anacronismo de mantener la ocupación ilegal del territorio de otro Estado con un propósito claramente colonial”. Presidente Néstor Kirchner ante la 62º Asamblea General de las Naciones Unidas. 25/09/2007

Por Patricio Falabella *

El próximo 3 de Enero se cumplirán 183 años desde que Gran Bretaña expulsó por la fuerza a las autoridades y población argentina que habitaba pacíficamente en las Islas Malvinas. Una vez usurpado el territorio nacional se instauró una administración colonial y se suplantó a la población desalojada por una de origen británico, que se renueva desde entonces cada diez años, sin permitir la radicación de argentinos continentales hasta nuestros días. El gobierno argentino inmediatamente sufrido el acto de despojo y usurpación, manifestó su reclamo, y continúa hasta la actualidad con la intención de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas.

A pesar de la política diplomática Argentina, el Reino Unido transitó entre 1833 y 1966, en una negativa sistemática para emprender cualquier tipo de conversaciones tendientes a solucionar la disputa de soberanía. El auge descolonizador convergería con el surgimiento de las Naciones Unidas, proclamando “la necesidad de erradicar el colonialismo de manera rápida e incondicional”, establecida en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales contenida en la histórica resolución 1514/60 de la Asamblea General. Los dos principios rectores de la descolonización son: la libre determinación de los pueblos colonizados, sujetos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras, y el de la integridad territorial, que sentencia que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país resulta incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.ⁱ

A pesar de la claridad de estos principios, no impedían que cualquier estratagema por parte de las potencias colonialistas, ocasionara problemas en un futuro inmediato, el antecedente con ciertas similitudes con Malvinas que enfrentaban a Guatemala y Gran Bretaña por la región de Belice, no dejó dudas de las intenciones espurias de los británicos para aferrarse y suscitar la posibilidad de que los isleños proclamasen la independencia alegando ilegítimamente el derecho de autodeterminación. En este aspecto el gobierno argentino de Arturo Illia no dejó lugar a dudas y manifestó que, el principio de autodeterminación es insostenible en este caso: el territorio de Malvinas ha sido separado por la fuerza de un Estado Independiente, y en consecuencia es una verdad de Perogrullo la inexistencia de un “pueblo” sujeto a subyugación, dominación y explotación extranjera. Así lo sostuvo la Delegación Argentina en la sesión plenaria del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas previo a la sanción de la Resolución 2065, “La Republica Argentina ha sido siempre celosa defensora del principio de autodeterminación de los pueblos (…) Pero en este caso, en las Islas Malvinas no hay pueblo que pueda autodeterminarse”. (Bonifacio del Carril,73, 1982ⁱⁱ)

De esta manera, la Asamblea General arribó a la resolución 2065, un hito de fundamental importancia en la consideración de la Cuestión Malvinas por parte de la comunidad internacional. En esta resolución se sostiene que la situación de Malvinas es una situación colonial, dentro del marco de la resolución 1514/60: es una disputa de soberanía e invitó a ambas partes a ponerle fin por medio de una negociación pacífica en la cual se debería tener en cuenta los intereses de la población.

A partir de dicha resolución, la Argentina sostuvo que el diferendo de la soberanía por las Islas era una disputa bilateral, sustentada en el principio de integridad territorial (y no en el de autodeterminación). Por tales motivos, siempre se consideró respetar los “intereses”, entendidos como el modo de vida de la población, y no sus deseos. A diferencia y en clara tergiversación del mandato internacional los británicos sostienen que las negociaciones deberían ser de manera tripartita entre la Argentina, Gran Bretaña y los Isleños, teniéndose en cuenta los “deseos” de sus habitantes y aplicándose el derecho a la autodeterminación, siendo siempre éste el pensamiento obstinado y colonialista de los británicos, para nuestro beneficio no quedó sin efecto el mandato de la Asamblea General y, a partir de 1966, el RU tuvo que sentarse a negociar y contemplar distintas instancias para arribar a una solución pacífica respecto de la soberanía de las Islas. El ejemplo más notorio y relevante se sucede en 1968 durante la reunión del Embajador ante el RU, brigadier Mac Loughlin, y el Canciller británico, lord Chalfont donde se llegó a un texto ad referéndum para un Memorando de Entendimiento con los siguientes puntos:

• Ambos declaran la necesidad de llegar a un entendimiento para una solución definitiva y amistosa de la soberanía teniendo en cuenta la intereses de los kelpers

• La Argentina se compromete a garantizar la libre circulación y movimiento entre el continente y las Islas.

• Una vez cumplido lo anterior, Gran Bretaña reconoce la soberanía Argentina y la necesidad de fijar un plazo para la entrega.

• Ambos se comprometen a continuar buscando garantías y salvaguardas para los isleños.

Como sostiene Archivaldo Lanús, este documento es el más significativo que “contiene el compromiso más explícito por parte del RU sobre la eventual transferencia al Estado argentino de las soberanía que ejercía sobre las Islas” (Lanús 1984 II, 197). Argentina cumplimentó con su parte en lo establecido, sin embargo, otro factor impuesto por el lobby de la Falkland Island Company provocaría una herida de muerte a las negociaciones y, cobraría la importancia suficiente para que los británicos modificaran su política exterior al respecto, impidiendo cualquier avance para alcanzar una solución en los términos planteados por la comunidad internacional. Como sostiene Federico Bernal: “A partir de 1975, su ya ambigua posición devino en una obstaculizadora y progresivamente intransigente de cara a la resolución del conflicto. Ese año el RU decidió incluir un nuevo factor en las negociaciones: la exploración y explotación de los recursos hidrocarburiferosⁱⁱⁱ, mineros, y pesqueros del archipiélago malvinense”. (Bernal, 2011, 63).

A menos de cinco meses de finalizado el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982, no se afectó la vigencia ni la naturaleza de la disputa, y así lo reconoció la resolución 37/9 del 4 de noviembre de 1982 de la Asamblea General, y todas sus resoluciones posteriores. Se solicitó también al Secretario General emprender una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes en el cumplimiento de la reanudación de negociaciones y llegar a la mayor brevedad posible a una solución pacífica a la disputa de soberanía.

De la opción multilateral a los Acuerdos de Madrid.

“Crear bases marítimas, instigar a unos Estados contra otros, mantenerlos en mutuos recelos, impedir la unión (…) tal es justamente la obra perniciosa desarrollada en silencio por Inglaterra. Su resultado más visible es el collar de bases marítimas que rodean América. Las Malvinas que es actualmente una estación nabal de primer orden, (fue) construida especialmente para la defensa de los intereses británicos en Sud América”. -Raúl Scalabrini Ortiz. Política Britana en el Rio de la Plata, 1936.

La política exterior del gobierno de Alfonsín en relación a Malvinas tuvo dos etapas bien diferenciadas: la primera, que tuvo como propuesta “des-malvinizar” la política exterior, y otra, a partir de sus escasos resultados, el acercamiento pragmático con Estados Unidos. Como sostiene Alejandro Simonoff, “Pero con la mejora de las relaciones con Estados Unidos, tras el giro realista, el gobierno radical busco su mediación que permitió avanzar en el diseño de lo que posteriormente se plasmó en los Acuerdos de Madrid, la teoría del paraguas de soberanía”. Simonoff, 41, 2014. Durante este periodo se utilizaron varios medios diplomáticos bilaterales y multilaterales para solucionar el conflicto, como también distintas estrategias que oscilaron entre una perspectiva acotada de la comunidad internacional al mundo occidental, y acuerdos ambiguos como los realizados en relación a la pesca con la URSS y Bulgaria, que suscitaron en la versión oficial el beneplácito del reconocimiento implícito de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus adyacencias, y para otros, solo se logró el endurecimiento y la intransigencia del RU.

Lo cierto es que en la práctica los británicos lograron acuerdos sumamente beneficiosos a través de las crecientes licencias pesqueras^iv. En relación a la perspectiva limitada de la Argentina respecto de la Comunidad Internacional, según Alfredo Bologna, “La percepción de la Cancillería Argentina restringía la sociedad internacional solamente al mundo occidental, y de este, muy poco podía recibir. A pesar de excluir del tema Malvinas como cuestión colonial en las resoluciones de Naciones Unidas tampoco se lograban los votos europeos”^v. (Bologna, 104, 2014).

Reanudadas las relaciones bilaterales en 1989 y 1990, ambos países pudieron acordar varios entendimientos provisorios de cooperación, bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía, sobre cuestiones prácticas en el Atlántico Sur con miras a generar el marco propicio para reanudar las negociaciones bilaterales a las que la comunidad internacional nunca había dejado de convocar. A pesar de ello, y de la permanente voluntad negociadora expresada por nuestro país, el RU se ha cerrado completamente al diálogo, y se ha aferrado al ejercicio pleno de la desnaturalización del derecho de autodeterminación. Cabe destacar que ni la Asamblea General, ni el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas han adoptado jamás una resolución en la que se mencione la aplicación del principio de libre determinación a los habitantes de las Islas. Muy por el contrario, en 1985 la Asamblea General rechazó expresamente dos enmiendas que contenían este principio presentadas por el Reino Unido. Como anticipamos, los motivos de este rechazo se vuelven una verdad de Perogrullo, por cuanto no existe en las islas un “pueblo” sojuzgado, dominado o subyugado a una potencia colonial. Sin que esto imposibilite tener en cuenta los intereses y modo de vida de los habitantes de las islas, como han reconocido las Naciones Unidas y la Constitución Nacional argentina y sobre lo cual la Argentina ha dado sobradas muestras de compromiso desde el inicio del proceso negociador en 1966.

Respecto de los Acuerdos de Madrid, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, es importante mencionar que fueron los primeros encuentros después del fracaso de Berna en 1984. La imposibilidad, en ese entonces, de incluir el tema soberanía sería ahora subsanada por un paraguas que permitiera a “ambos” países avanzar sobre acuerdos prácticos de cooperación. En este punto, hay que señalar que, nuestro país aceptó cooperar sin obtener mayores beneficios. Y tal como sostiene Oscar Matropierro, “Argentina permitió el avance de los intereses británicos en el Atlántico Sur sobre temas y recursos que hasta 1982 no estaban en discusión ni habían sido reclamados por Gran Bretaña (…) Los Acuerdos aseguraron el control y manejo de los recursos pesqueros por parte de los isleños, por lo que han obtenido enormes ingresos hasta hoy, de los cuales Argentina ha quedado marginada”. Matropierro, 129, 2011. En este sentido, esta política entreguista se infiere de una interpretación desventajosa e idealista desde su origen al no incluir el tema soberanía a cambio de relegar los recursos estratégicos propios y permitir consolidar la presencia y dominación del imperialismo británico en el Atlántico Sur. En este aspecto, Bernal sostiene que los dos pilares dañinos de la políticas exterior menemista hacia Malvinas: “fueron la fórmula de “paraguas de soberanía” (ejecutada por Dante Caputo en la década del 80) fundamentada en la postergación del reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas sin que por ello quede afectada la normal discusión de los aspectos relacionados con la explotación de recursos ictícolas e hidrocarburíferos; y la estrategia de seducción (ejecutada a partir de 1992 por el ex canciller Guido Di Tella basada en considerar los “deseos” de los isleños y tratarlos como la tercera parte en las negociaciones, violando expresamente la resolución 2065”. Bernal, 90, 2011.

Malvinas: una causa regional en la geopolítica internacional del Atlántico Sur

“La guerra de Malvinas replanteó con el lenguaje de las arma, ultima ratio de la historia, la exigencia de consumar la unidad política, económica y militar de la Patria Grande. Debemos concluir de una vez con la intolerable ironía de que la América criolla, sea una Nación en todos sus aspectos, menos en aquellos que resultan decisivos para defender su dignidad, el nivel de vida de sus hijos y su gravitación cultural en el mundo”. -Jorge Abelardo Ramos.

La Cuestión de las Islas Malvinas es una causa regional y global, puesto que todos los países de la región reconocen a estos territorios como parte integrante del territorio nacional argentino y manifiestan su rechazo a la ocupación británica en el sur del Continente. Este creciente apoyo se ha ido multiplicando con más fuerza y no se ha limitado solo a nuestra región. Durante el Gobierno del Presidente Néstor Carlos Kirchner y, luego, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunciaron en todo foro apropiado, la hosca negativa del RU a reanudar el diálogo con la Argentina, mencionando la violación de los acuerdos bilaterales provisorios, y los actos unilaterales del RU de explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no renovables de nuestro territorio, desobedeciendo el mandato internacional y amparados solo en la supremacía del uso de la fuerza.

Esta desproporción colonialista en pleno siglo XXI claramente no obedece a la “importancia de los deseos” de la población isleña, las razones de índole geopolítica son nítidas, y el RU de cara a la comunidad internacional no ha podido tapar el sol con un dedo. De esta manera, la Cuestión Malvinas adquirió una mayor gravitación internacional al tiempo que la solidaridad que concita el reclamo argentino la ha transformado en una causa no sólo nacional sino regional y global. Así lo han manifestado reiteradamente los pises que integran los bloques del MERCOSUR, la UNASUR, el ALBA y^vi, junto a todos los países del Caribe, en el seno de la CELAC.

Asimismo, 54 naciones de África respaldan firmemente los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía relacionada con la Cuestión de las Islas Malvinas en el marco de las Cumbres de Países Sudamericanos y Africanos (ASA). Asimismo, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Cumbres Iberoamericanas, la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA), la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) y el Grupo de los 77 más China, y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) se han venido manifestando reiteradamente a favor de la reanudación de las negociaciones bilaterales.

La creciente presencia militar del RU en el Atlántico Sur ha suscitado reiteradas medidas de rechazo en la región. La “Fortaleza Malvinas” como la denomina atinadamente Telma Luzzani, “cuenta oficialmente con cerca de 1500 efectivos de los cuales 500 residen de forma permanente y los otros 1000 son parte de los contingentes rotatorios que llegan a la base para ser sometidos a un duro entrenamiento (…) y luego son enviados a los frentes de batallas en Irak, Afganistán o cualquiera de las guerras que esté involucrada Gran Bretaña”. (Luzzani, 424, 2012). Una vez más queda en evidencia que la importancia de Malvinas para el RU no reside en “los deseos” de sus escuetos habitantes, sino más bien, en la importancia geoestratégica de las Islas Malvinas en el control marítimo interoceánico, sus inmensas riquezas ictícolas, minerales e hidrocarburíferas, y la llave de acceso a la apetecible Antártida.

La Antártida Sudamericana

En este último punto, hay que señalar el paraguas de protección que significa el Tratado Antártico sobre el continente blanco, como zona exclusiva para fines científicos y pacíficos, libres armas y con total prohibición de ensayos nucleares. El refuerzo del sistema del Tratado Antártico se estableció a través del Protocolo de Madrid, estipulando un resguardo del cuidado medioambiental con fines pacíficos y científicos en un plazo de 50 años desde su entrada en vigencia en 1998 hasta el año 2048. Varias son las especulaciones en relación al desgaste de la matriz energética petrolera y la escasez de agua dulce por efectos del cambio climático, que suscitan una carrera depredadora para terminar con el sistema de protección antártico. En este punto es menester razonar la posibilidad de una eventual modificación del Protocolo de Madrid, recordemos que el artículo 7 del mencionado Protocolo establece la prohibición de cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica. A su vez, esta vigencia es pasible de amenazas y sujeta a modificación, en su artículo 25 inciso 2 así lo establece: “Si después de transcurridos cincuenta años después de la fecha de entrada en vigor de este Protocolo, cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico así lo solicitara por medio de una comunicación dirigida al Depositario, se celebrará una conferencia con la mayor brevedad posible a fin de revisar la aplicación de este Protocolo.”

Si se modificara el artículo 7 del Protocolo el panorama a medidos de siglo sería muy distinto, con consecuencias y daños incalculables sobre el medioambiente y la seguridad en el Atlántico Sur. Si bien es cierto que el procedimiento de modificación no es flexible y contiene ciertas mayorías de reaseguro (artículo 25), ya en 1942 Nicholas Spykman, el teórico realista, nos advertía; “En un mundo dinámico en cuyo seno las fuerzas evolucionan y las ideas cambian, ninguna estructura legal puede ser aceptada indefinidamente”.

En este sentido, la cuestión de la antártica cobra una relevancia estratégica vital, no solo para nuestro país que mantiene un reclamo soberano fundado en una presencia centenaria ininterrumpida, sino también para el continente Suramericano. Un ejemplo transcendental en esta línea es nuestra relación estratégica con Chile, este vínculo forjado por años se expresa en el reconocimiento mutuo de sus reclamos sobre la Antártida, y se torna de relevancia estratégica frente a las aspiraciones del RU sobre la Antártida. De esta forma, el enfoque de argentina sobre el continente blanco deben ir de la mano con Chile como socio histórico y estratégico aprovechando sus ventajas comparativas de cercanía y logística, y procurar la cooperación entre los países de la región, promoviendo una Antártida sudamericana unida, un Atlántico Sur integrado a Latinoamérica y libre de la depredación e injerencia imperialista.

La Cuestión Malvinas prevaleciendo la pandemia

Permitir el avance de intereses contrapuestos en el Atlántico Sur favorece un escenario de una escalada de tensión geopolítica mundial en el corto y mediano plazo. La permanencia de una base militar de la OTAN en Malvinas solo tiene fines colonialistas para custodiar sus intereses en la región y consentir todo acto ilegal del RU sobre nuestro territorio. Claramente ha quedado demostrado que al RU, desnaturalizando el derecho a la autodeterminación, no le interesa satisfacer los “deseos” de los isleños, por consiguiente, es menester contrarrestar esta estrategia imperialista que amenaza la seguridad regional, la depredación de bienes estratégicos a través de explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no renovables y, ocasiona incalculables daños ambientales por fuera de la capacidad de control regional. Las estrategias unilaterales oprobiosas como el “Acuerdo Faradori Duncan” durante la gestión de Cambiemos, solo buscan fortalecer la situación colonial. A diferencia de la política de “seducción” desfavorable e idealista de los Acuerdos de Madrid, esta política es perniciosa y realista, y solo busca perpetuar el statu quo imperante.

En la actualidad, a pesar del contexto de la pandemia, nuestro país sigue cosechando apoyos en los distintos organismos multilaterales, en este sentido, se destaca la declaración unilateral del MERCOSUR en la negociación comercial con la Unión Europea descartando a Malvinas como territorio de ultramar. También son muy importantes los apoyos de la comunidad del caribe y centro americana definidos en sendas declaraciones emitidas este mismo año por la CELAC y SICA. A pesar de las diferencias ideológicas en la presencia latinoamericana^vii dentro del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, se mantuvo la coherencia y el respaldo sobre la posición Argentina respecto de Malvinas.

A esto hay que sumarle el reciente apoyo del G77 ^viiimás China donde se emitió una declaración de respaldo a la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido por la Cuestión de las Islas Malvinas y volvió a reconocer el derecho de nuestro país a “emprender acciones legales” contra “actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas” en la zona del archipiélago. Estos respaldos son fundamentales y se complementan con una política del gobierno nacional que perturbe de manera práctica y efectiva sobre la comodidad colonial que goza el RU sobre nuestras Islas Malvinas. En este sentido, se insinúan el aumento de las multas a la pesca ilegal en la zona económica exclusiva y la aplicación en la demarcación de nuestra plataforma continental, que si bien es cierto es un logro y fruto de un ardo trabajo de la Comisión Nacional de Limite Exterior, la zona que comprende nuestras Islas Malvinas ha quedado sujeta a la resolución de la controversia.

Nunca más nuestra estrategia debe desviarse de una nítida política de Estado que abone el multilateralismo y el fortalecimiento de la unidad, la integración y la cooperación regional. Toda causa de liberación nacional conlleva invariablemente la unidad de nuestra Patria Grande.

* Integrante de la Secretaria de Relaciones Internacionales CP Descamisados.

i^ Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblo coloniales.

ii^ Discurso pronunciado el 9 de noviembre de 1965 como Embajador Extraordinario y Jefe de la Delegación argentina de la sesión plenaria del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

iii^ Entre 1975 y 1976 el RU envió tres nuevas delegaciones científicas, la de los Diputados Laboristas Phipps y Gilmour, y la de los Shackleton, (todas con el consentimiento del gobierno argentino) donde confirmaron la existencia real de las potencialidades petrolíferas, mineras, ictícolas y turistcas.

iv^ En 1987 se otorgaron 215 licencias y los pesqueros registrados fueron: Japón ( 71) Polonia ( 40) Taiwán (30) Corea del Sur (25) España (36) Italia (6) Gran Bretaña (3) Chile (2) Grecia (1) y Francia (1).

v^ En 1985 la Argentina elimina de la resolución de Naciones Unidas la palabra “soberanía de las Islas Malvinas “por aquella “todos los aspectos sobre el futuro de las Islas”. De esta manera logra el voto favorable de varios países de la Comunidad Económica Europea.

vi^ Los países de la UNASUR, el MERCOSUR y el ALBA han decidido, entre otras medidas de apoyo, el cierre de sus puertos a todo buque que enarbole la denominada “bandera” ilegal de las islas y el intercambio de información sobre todo buque o artefacto naval con derroteros que incluyan las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con cargas destinadas a las actividades hidrocarburíferas y/o mineras ilegales en la plataforma continental argentina y de este modo, prevenir o evitar que dichas actividades se consoliden

vii^ Bolivia, con quien en ese momento no teníamos relaciones diplomáticas, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

viii^ Este grupo reúne 132 países en vías de desarrollo.