Ante la nueva oleada de aumentos de los servicios públicos por parte del gobierno nacional, Ariel Miño nos trae un contraste de dos modelos con clarísimas diferencias: aquel que integra, dignifica y contiene a las mayorías populares y otro que excluye, limita y expulsa.

Por Ariel Ricardo Miño*

La historia económica argentina se caracterizó por la aplicación de criterios regulatorios contradictorios a lo largo del tiempo, que han ganado partidarios en dos categorías relativamente extremas en relación a cuál es la forma en que el Estado debe intervenir en el funcionamiento del proceso económico. Las opciones se caracterizan en: un Estado omnipresente (“interventor”) o un Estado ausente (“laissez faire”). Sin embargo, el análisis económico marca claramente que el debate esta emergido a una cuestión más ideológica de fondo circunscripta en ¿Qué caracterización tienen los servicios públicos dentro de un modelo político? la consistencia en el análisis político económico a priori conduce a recomendar la privatización, intervención o la estatización de todas las empresas de servicios públicos en distintas circunstancias o contextos históricos.

En este sentido, es dable destacar que la profunda derrota experimentada por los sectores populares a partir del golpe cívico-militar de 1976, dio lugar al desarrollo de un nuevo régimen de acumulación, redefinición y reestructuración del capital. De tal forma que el sector empresariado, en su mayoría, grandes grupos económicos, fueron beneficiados y favorecidas por la política económica de Martínez de Hoz, mediante modalidades de promoción y/o resguardo por parte del Estado Nacional. Esta nueva elite dominante, se vio modificada a partir de la “crisis de la deuda externa”, que dio origen a lo que posteriormente se denominó la “década perdida”, abriendo paso a la irrupción de los acreedores externos como factores de poder decisivos en el país. 

Con el retorno de la democracia en 1983, y ya en ´88, cuando el gobierno radical suspendió el pago de la deuda externa pública, se puso en manifiesto la lucha de intereses que existía en los sectores de poder económico (internos que estaban radicados en el país y los conglomerados extranjeros como los acreedores externos). El 1989 el Gobierno Nacional inicio un proceso de transformación del rol del Estado, sancionando la ley 23.969 (Emergencia Administrativa y Reestructuración del Estado) y la ley 23.697 (Emergencia Económica), respectivamente.  La evidente transformación se encuadro en un programa global de reforma estructurales neoliberales correlacionada no solo con las privatizaciones de áreas que tradicionalmente estaban en el Estado, sino también sobre la desregulación en la economía. El proceso de privatización y desregulación de los servicios públicos durante los 90´, bajo la gestión del ex-presidente Carlos Saúl Menem, tuvo lugar el mayor proceso de reforma de servicios públicos de que se tenga memoria a nivel nacional e internacional: al cabo de 5 años se vendieron o concesionaron al sector privado casi todas las empresas públicas nacionales que producían o prestaban servicios de energía, transporte público de pasajeros, saneamiento y telecomunicaciones, desregulando y liberalizando algunos de los segmentos de dichos mercados en distintos casos, y aplicando en general regulaciones de variada calidad (en su diseño y posterior ejecución) que en todo caso se fundaban en principios regulatorios internacionalmente recomendados. En este sentido las privatizaciones fueron un negociado, provocaron una reducción del empleo y perjudicando a los consumidores. El drástico cambio en el contexto económico, político y social que siguió al fin anticipado del gobierno con el abandono de la Ley de Convertibilidad  en el 2002, arrasó con los debates y aspiraciones previas: a pesar de la fuerte devaluación e inflación emergentes, las tarifas de los servicios públicos permanecieron nominalmente congeladas –en pesos– a los valores de diciembre del año 2001.

La práctica en los servicios públicos que transitó la Argentina durante los últimos años es muy rica, si bien es estrictamente incorrecto caracterizar al modelo del período 1990-2001 como de gestión privada y al del período 2003-2015 como de gestión pública ya que en ambos casos hubo fuerte participación de inversores privados, sujetos a contratos con el Estado concedente y regulador, claramente hay una fuerte distancia entre ambos modelos en cuanto al rol del Estado en función a las prestaciones de servicios públicos en materia de decisiones de producción e inversión que los aproximan, entre las múltiples alternativas posibles de organizar la provisión privada o la provisión pública, a una u otra de dichas categorías.

En 2015 en nuevo gobierno de la Alianza Cambiemos incursionando medidas implementadas desde el primer día en el ejecutivo nacional, transcienden nuevamente las ideologías de un Estado neoliberal. Las creencias que subyacen en este modelo de política económica se argumenta por un lado que el crecimiento económico y el desarrollo social estará dado por la llegada de las inversiones que las empresas harán llegar al país según sus expectativas de ganancias en función a los incentivos para invertir en la economía real, a su vez como segundo punto pone en énfasis la necesidad a través de un sinceramiento de aumentos tarifarios por un déficit fiscal reflejado en la cuenta del Estado Nacional debido a los subsidios otorgados a los servicios públicos. En este sentido, se  puso el acento en los aumentos tarifarios en los servicios públicos sujeto al  discurso “las tarifas estaban muy baratas”. En dos años de “Gestión Pro” se implementaron intensos aumentos como consecuencias de la reducción de los subsidios, los servicios públicos con mayores aumentos han sido las facturas de luz, gas y agua. Claramente la política que lleva adelante el macrismo en función a los servicios públicos, se ve reflejado en el libre mercado, en la libertad de “dejar hacer o beneficiando” a los sectores empresariales, este pensamiento lleva a la luz que es necesario un modelo “anti-Estado” resultando necesario para generar y facilitar un ambiente de negocios rentables que le permita a las empresas cumplir sus propósitos de ganar dinero a costa de los usuarios.

En contraste, la decisión del gobierno nacional  a partir del 2003 a 2015 fue mantener el congelamiento tarifario, postergando las renegociaciones contractuales lo máximo posible, y aplicando subsidios para cubrir los mayores costos del mantenimiento o ampliación de la cobertura si ello fuera necesario, en medio de medidas que aumentaban de manera directa la intervención regulatoria al interior de las empresas. La vigencia si se lo quiere llamar de un “nuevo paradigma” o “modelo propio”, recae en la experiencia argentina durante los últimos años en materia de regulación de servicios públicos conduce a una reflexión más profunda. Es decir, que por un lado están las reformas en la Argentina de la década de los 90 que se describen como un ejemplo de aprendizaje que dio lugar a una reforma profunda que otorgó un rol mucho más importantes a dueños de capitales económicos, dejando la libre acción de estos sectores privados, omitiendo toda inversión y empeorando la calidad de los servicios públicos. En otro lado, se puede reflejar el rol activo del estado intervencionista produciendo un cambio en sintonía a inversiones y calidad de servicios públicos. La discusión que tenemos por delante está sujeta en referencia a los gobiernos de turno y sus políticas a llevar adelante, y claramente en ¿Qué tipo de Estado predominará en la economía? y ¿Qué tipo de modelo-política se implementará en los servicios públicos?, claramente la respuesta estará justificada en el Rol del Estado en la economía, teniendo en cuenta que los servicios públicos son concebidos como derechos ya que se comprenden como servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad ; o dejamos los servicios públicos en manos de los poderes concentrados privados “pro-mercado” (la experiencia de los 90) y que hoy el gobierno de la alianza cambiemos está propiciando como política en beneficio de los sectores hegemónicos de la economía que adoptan a los servicios públicos como una mercantilización dejando al libre azar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En síntesis, ideológicamente podemos discutir qué modelo de Estado queremos en función a los servicios públicos que se  brindan a la sociedad; lo que hace el Macrismo hoy no es sujeto al pensar que se preocupa o le interesa  satisfacer las necesidades sociales, sino que utiliza el su rol político económico para garantizar el poder de imperio de las fuerzas de mercado. En otra sintonía   se puede hablar de un modelo de Estado activo en la participación en la economía adoptando un “modelo propio” de intervencionismo a través de la gestión pública focalizando e induciendo a los servicios públicos a través de inversiones que logren mejorar la productividad y la calidad de los mismos para la sociedad en general.

*Mgter. Políticas Públicas, docente e investigador UNAJ, Fundación Generación del Sur.