“LOCURA ES HACER LO MISMO Y PRETENDER UN RESULTADO DIFERENTE”
12 de diciembre de 2016
La reforma de la ley de ejecución penal, desde la perspectiva de los privados de la libertad*.
Ante la media sanción recibida a la reforma de la ley de ejecución de penas privativas de libertad, este martes se tratará en la Cámara de Senadores las modificaciones que buscan coartar los derechos de las personas privadas de su libertad, planteando como solución medidas que ignoran las razones estructurales del problema de la inseguridad.
La reforma a la ley de ejecución de la pena privativa de las libertades, producto de una viciada exposición mediática sobre la problemática social de la inseguridad, nos pone frente a un nuevo episodio en el que se toma por rehén el legítimo reclamo de la población por una vida más segura. El afán electoralista vinculado a una imagen de eficiencia y respuestas inmediatas ante los reclamos justificados de las víctimas, conlleva a estos proyectos incongruentes que ponen un parche desmesurado a un mal que indefectiblemente acarreará problemas de mayor envergadura a corto plazo.
El proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, busca coartar los derechos de las personas privadas de su libertad, planteando esta medida como respuesta absoluta e inmediata para un sector que se encuentra afectado por un flagelo determinado al direccionar todos los reclamos hacia el victimario. Partiendo desde un diagnóstico errado sobre el encierro, se sostiene como verdad categórica la teoría de la “puerta giratoria” sin presentar argumentos que lo sustenten.
El aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento y reincidencia desmiente este hecho, al comprobar que la “puerta giratoria” en realidad funciona en una única dirección: desde adentro hacia adentro nuevamente.
La reforma evade de manera categórica lidiar con las razones estructurales del problema, eligiendo en cambio perpetuar un modelo de aislamiento de los detenidos durante muchos años sin ofrecer alivio a la cuestión del DÓNDE ni CÓMO se les va a brindar un tratamiento resocializador. Ignorar una situación esperando que se resuelva de manera automática, aumentando los plazos para que una solución no buscada surja por sí sola, es poco más que una bomba de tiempo. Doce años después de su implementación, las reformas llamadas“Leyes Blumberg” no cumplieron su objetivo. Ahora se recurre a la misma fórmula con la expectativa de lograr resultados distintos, mientras se despojan demás derechos a las personas privadas de la libertad. Resulta evidente que el panorama empeoró y el delito mutó, pero lejos está de reducirse.
Las modificaciones propuestas pretenden funcionar como “atajos mágicos” para resolver graves problemas sociales, en lugar de atacar las deficiencias institucionales de prevención del delito, política criminal y penitenciarias.
La estructura penitenciaria actual no se encuentra en condiciones de albergar el aumento exponencial de detenidos que esta ley provocaría. Se superpoblarán las cárceles y aumentará el nivel de violencia en ellas. Traerá aparejados conflictos intercarcelarios, resultando en graves consecuencias en la conducta y convivencia a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ningún interno se verá estimulado a efectuar un cambio sustancial en su vida, ya que desde el Estado se está pregonando que "cualquier esfuerzo que haga será en vano y compurgará la pena en su totalidad sin ningún tipo de alternativa". La solución no es endurecer la ejecución. El equilibrio se encuentra en brindar educación y trabajo con verdadera capacitación. Avanzar en medidas activas como las que la Gobernadora ha implementado en la provincia de Buenos Aires o la desmilitarización del Servicio Penitenciario (proyecto que aún se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso de la Nación).
Esta respuesta ante los reclamos de seguridad ya se ha utilizado en otras provincias como Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires, sin lograr reducir la tasa de delitos ni tampoco ninguno de los otros indicadores que miden la inseguridad. TODOS han aumentado. Los lugares de encierro colapsaron, y más grave aún, han permitido que personas que son inocentes pasen largo tiempo detenidas. Estas violaciones han generado reclamos de organismos internacionales para la Argentina y en particular, a la provincia de Mendoza. La sanción de esta norma (tal cual se aprobó en Diputados) acarrea responsabilidad internacional por parte del Estado argentino al inobservar tratados de Ddhh con jerarquía constitucional y las recientemente suscriptas "Reglas Mandela".
Las modificaciones propuestas pretenden funcionar como “atajos mágicos” para resolver graves problemas sociales, en lugar de atacar las deficiencias institucionales de prevención del delito, política criminal y penitenciarias. La respuesta a estas demandas en materia de seguridad deben darse en forma responsable, con diagnósticos serios y medidas que se traduzcan en políticas efectivas y respetuosas. La corrupción por parte del Estado, al igual que el silencio del poder judicial, también contribuyen a generar inseguridad.
Hoy, las cárceles son enormes FÁBRICAS DE INSEGURIDAD.
Nuestra objeción a las políticas impulsadas no significa negar la problemática que el delito y la inseguridad ocasionan, especialmente en sociedades desiguales como la nuestra. Por el contrario, estos temas afectan a toda la sociedad y en forma particularmente grave, a los sectores de menores recursos. Una iniciativa de estas características, que lidie con una problemática tan fundamental, no puede ser adoptada en una sesión parlamentaria realizada a último momento, sin información suficiente, sin la opinión de expertos y mucho menos sin un debate. Necesariamente debe estar acompañada de una discusión profunda sobre los problemas que pretende saldar, la efectividad de sus propuestas y las consecuencias que tendrá sobre la situación actual del sistema penal.
Hoy, las cárceles son enormes “FÁBRICAS DE INSEGURIDAD”. El inexistente tratamiento junto a la falencia en los controles de egresos transitorios o de libertad condicional, son parte de otra lógica que se intenta desmitificar y denunciar. Es necesario hacer notar que existen lugares con una PROBADA Y NOTORIA baja en la tasa de reincidencia donde se da prioridad a la educación y el esfuerzo por cambiar de los internos, quienes creemos que deberían ser identificados y replicados. El patronato de liberados al igual que los gabinetes interdisciplinarios creados para asistir a los Jueces de ejecución jamás han funcionado. Nunca se legisló una política integral para cuando el interno (más tarde o más temprano) recupere su libertad. En resumen, debería ponerse el foco en el tratamiento individualizado que recibimos los internos, más que en el endurecimiento de la ejecución.
Convocamos a que comprendan que ciertos sectores del Estado lucran con las víctimas y lejos de brindarles soluciones ciertas, les postergan la agonía.
La temática es compleja y la respuesta inmediata es descomprimir y controlar de manera eficiente a las personas condenadas. Poner énfasis en respetar nuestra Constitución y no caer en argumentos falaces para justificar prisiones preventivas innecesarias. La inoperancia Estatal no puede ni debe ser puesta en cabeza del detenido y en detrimento de la sociedad. Se pretende utilizar el dolor de las víctimas para desentenderse de la responsabilidad que le corresponde al Estado y por carácter transitivo a quienes lo representan de ayudar a esas personas a volverse mejores.
Queremos apelar al “SENTIDO COMÚN” de la sociedad y visibilizar que los problemas vinculados a la inseguridad no se solucionan con penas más duras. Convocamos a que comprendan que ciertos sectores del Estado lucran con las víctimas y lejos de brindarles soluciones ciertas, les postergan la agonía.
Nuestra crítica al proyecto de ley que hoy ostenta media sanción, coincide en que la legislación debe ser modificada, pero entendemos que este proyecto debe tratarse con la seriedad que la temática amerita. La redacción de esta ley, debe ser abordada en su totalidad por profesionales calificados en la materia, los que no fueron convocados en esta oportunidad. Queremos dejar en claro que entendemos el inmenso dolor de las víctimas y sus familias, pero NO encontramos una verdadera solución en el tratamiento deficiente que se está dando a esta reforma. Apoyamos las diferentes alternativas que contribuyan a encontrar un camino de solución a este flagelo ya que la INSEGURIDAD, de una forma u otra y desde lugares distintos, nos AFECTA A TODOS.
*CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO (CUD – UBA)