Los apóstoles de la Nueva República Democrática de Argentina, regalaron esta semana una muestra más de su profundo respeto por las instituciones y la Constitución Nacional. Reflexionamos sobre porque no hay que dejar que las urgencias del bolsillo tapen la discusión sobre el debilitamiento institucional.

Por Diego Algarañaz*

Aunque la urgencia principal está enfocada en rescatar al Pueblo de la miseria donde se lo está sepultando, existen en esta difícil etapa que atraviesa el país, otros males que merecen considerable atención. Estos otros males no duelen como duele el hambre y la desocupación, pero se relacionan directamente con las estructuras y resortes que marcan la diferencia entre un país capaz de respetar los derechos humanos y las garantías de sus ciudadanos, y otro en el que se respetan algunas garantías, solo a los humanos que caminen derecho.

La inconstitucionalidad del proyecto es tan palpable, que por el momento prefirieron no ponerlo a discusión de la Cámara.

Esta semana, el macrismo y sus aliados en el Congreso, aprobaron en comisión un dictamen que promueve una reforma profunda de la Ley del Ministerio Público Fiscal. El objetivo es uno y sólo uno: desplazar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, designada en el cargo durante el kirchnerismo. Ahorrando tecnicismos, la Procuradora General es la jefa de los fiscales de la nación, cabeza del Ministerio Público Fiscal (MPF), que goza de completa autonomía –independencia absoluta respecto del Poder Legislativo y Ejecutivo- conforme surge de la Constitución (Art.120). Muy a pesar de que el cargo conferido a Gils Carbó es de carácter vitalicio, la ambición de Cambiemos desde que llegó al poder, es desplazarla de su cargo por la forma que fuera. Para ello, el proyecto que tenían pensado tratar en Diputados el miércoles 26 de octubre, propone que el cargo de Procurador General tenga una duración de cinco años, lo que si se lograra aplicar retroactivamente a la actual Procuradora, llevaría a que deba terminar sus funciones en agosto de 2017. La inconstitucionalidad del proyecto es tan palpable, que por el momento prefirieron no ponerlo a discusión de la Cámara. Sólo por el momento.

Para graficar de algún modo porque este intento de avanzar sobre la Procuradora General merece atención, es necesario clarificar aunque sea sintéticamente sus funciones. La Procuración General define la política criminal a seguir en el país, esto es algo así como un plan de acción que define qué temas priorizar, a que delitos otorgar mayor importancia, definiendo la distribución de recursos según dicho plan. La alianza Cambiemos pretende poner en funcionamiento una comisión bicameral, que tenga injerencia en el diseño de dicha política criminal y sobre la designación de fiscales a cargo de unidades especiales de investigación.

Como se puede ver, en la era Macri los golpes no sólo caen sobre el bolsillo de la gente, hay que tener la guardia bien alto y poner atención en todas las direcciones en las que pretende avanzar la revolución de la alegría.

Pasado en limpio y sin exagerar, ya que conocemos de que paño está hecho el gobierno actual, podemos imaginar al menos como posible un escenario en el que se desplace a la actual Procuradora y el macrismo imponga a un nuevo Jefe/a de fiscales, que junto con la bicameral legislativa produzcan un desfinanciamiento de unidades fiscales de relevancia como la que sigue los juicios de lesa humanidad; o aseguren tranquilidad para los amigos controlando la unidad fiscal que investiga delitos económicos y lavado de activos; o faciliten la impunidad de las fuerzas de seguridad, redireccionando el trabajo de la procuraduría que combate la violencia institucional. Como se puede ver, en la era Macri los golpes no sólo caen sobre el bolsillo de la gente, ni sólo vienen de la cartera que manejan Prat Gay o Triaca, hay que tener la guardia bien alto y poner atención en todas las direcciones en las que pretende avanzar la revolución de la alegría.

Ahora bien ¿Y la República prometida dónde está?

A la derecha le gusta pegar desde el lado institucional, explotando al máximo la imagen que presenta al populismo como desprolijo, corrupto, irrespetuoso de las instituciones de la vida democrática.

El respeto por las instituciones y la independencia judicial que garantizaría el gobierno de Macri, fue un aspecto central del discurso de campaña diseñado por “Durán Barba S.A”. Entre todas las mentiras pronunciadas, es una de las que mejor define la naturaleza hipócrita y falaz del neoliberalismo que nos gobierna.

Es fácil identificar, casi como si se tratase de un manual compartido por la derecha a nivel global, que el ataque a los gobiernos populares se estructura discursivamente alrededor de dos ejes principales. Desde lo económico, se acusa siempre de ineficiente al gobierno que en pos de mayores niveles de inclusión, se permite que algunos parámetros se distancien de los ideales fijados por las recetas liberales. Y es que los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro –como decía nuestro querido Néstor-. Por otro lado, a la derecha le gusta pegar desde el lado institucional, explotando al máximo la imagen que presenta al populismo como desprolijo, corrupto, irrespetuoso de las instituciones de la vida democrática y con apetito voraz por el control de los tres poderes del Estado.

La derecha en Argentina, siempre fue sinónimo de dictadura e ilegalidad.

Macri no fue la excepción, en ningún sentido. Discursivamente se encargó de que se lo vea como un restaurador de los valores republicanos, garantía del respeto a la división de poderes y principalmente, de la independencia judicial. Pero en la práctica, encarna fielmente lo que el neoliberalismo es en realidad. Se siente incómodo con las reglas de la democracia y con las expresiones disidentes, se victimiza cuando no se les permite valerse del poder absoluto y, en consecuencia, avanza represivamente para colarse por cualquier hueco que les permita el paso. De esa forma avanzó el presidente cuando a un mes de asumir en el gobierno, designó por decreto a los dos integrantes que completarían la Corte Suprema y barrió de un plumazo la ley de medios (la más discutida en la historia de la democracia). Malditos todos los que se lo permitieron.

La derecha en Argentina, siempre fue sinónimo de dictadura e ilegalidad, y aunque haya dedicado horas de campaña para prometer respeto, independencia de poderes y calidad institucional, e incluso aunque hoy ocupe el poder tras ganar en las urnas, está visto que aunque a Macri lo vistan de seda, de derecha se queda.

*Abogado penalista. UBA. Trabajador judicial.