Por Fernando Gomez

En contexto de formalismo democrático, el poder económico suele esconderse detrás del escudo de la seguridad jurídica ante cada intento por cuestionar los fundamentos en que se sostiene su posición dominante en el diseño de un modelo para la dependencia económica de nuestro país.

Durante el debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual, Clarin atacaba las normas que le imponían la desmonopolizacion por afectar la "seguridad jurídica". Tras la adecuación de retenciones móviles, las patronales agro agroexportadoras hicieron lo mismo. 

Básicamente cada vez que se intenta afectar la posición monopolica de un grupo económico en el mercado o cuestionar los privilegios corporativos de unos pocos, la seguridad jurídica adquiere relevancia para la vitalidad democrática.

Lo inverso sucede cuando ellos toman el control del poder del Estado. Las normas empiezan a valer mierda, la Constitucion comienza a ser un elemento decorativo de la democracia formal y la seguridad jurídica, el respeto a los pactos internacionales y todo aquello que de modo rimbombante garantiza las pautas de convivencia republicanas, dejan de ser argumentos legales para cuestionar la legitimidad democrática de un gobierno.

Así ha sucedido con el DNU 275/15 que suspendió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. El DNU 70/17 que modifico la ley de migraciones y pese a las cautelares dictadas se siguen estableciendo expulsiones sumarias de extranjeros judicializados.

Peor aún con el DNU 820/16 que modifico la ley de tierras que ponía límites a la extranjerización y se han autorizado operaciones a pesar de su cuestionamiento judicial. O con el megadecreto DNU 27/18 que derogó leyes que fijaban pautas a la exportación de ganado, entre otras 19 leyes que derogaron.

En alguna medida el DNU que dispone la extinción de dominio, nos debe llevar a un aprendizaje un poco más profundo. En primer lugar, que las armas del enemigo no funcionan cuando las tomamos nosotros tal y como enseña la huevada de la seguridad jurídica. La estrategia de los grupos económicos de sembrar el odio contra un gobierno y mentir para alcanzar el poder del Estado quizás sea eficaz para ellos, pero no lo es para nosotros. Al menos, no alcanza.

Quizás sea tiempo de empezar a pensar que la estrategia para la construcción de una victoria política abrazada a la esperanza de nuestro pueblo, implique decirle a nuestro Pueblo por qué carajo va a ser más feliz con nosotros que con ellos. Qué decisiones conflictivas hay que tomar en la tierra arrasada económica que van a dejar para volver a poner a millones de compatriotas en condiciones de tener un trabajo digno.

Quizás sea tiempo de volver a proponer sueños como hizo Néstor, porque con odiar a Macri no alcanza. 

Quizás así, la discusión sobre el DNU nos lleve a decir que puede ser una adecuada herramienta para extinguir el dominio de toda corporación económica que haya utilizado estos cuatro años para maximizar sus ganancias destrozando el bolsillo del pueblo. O que puede servir para desmonopolizar las corporaciones con posición hegemónica en sectores estratégicos de nuestra economía.

Decirle a Clarin, Cargill, Edenor, Edesur, PAN Energy, los fondos especulativos, entre tantas otras, que si violaron la ley, es posible por decreto extinguir su dominio y recuperar la empresa a manos del Estado. Para que volver a ser independientes en términos económicos, no dependa exclusivamente de la huevada de la seguridad jurídica.