Las postales legislativas del último mes marcan un retroceso del gobierno de Mauricio Macri, que intenta seguir avanzando en el trazado de su política económica con la construcción de consensos, tan solo entre los grandes grupos económicos que representan y que carecen de mayor legitimidad que la otorgada por la gendarmería mediática que los custodia.

El rechazo al proyecto de reforma electoral que intentó convalidar legislativamente el gobierno, evidenció que la clase dirigente con representación en el senado, conserva su capacidad intacta para defender sus intereses. El lobby desplegado por los gobernadores logró frenar el proyecto, haciendo hincapié en el carácter electrónico del voto.

El rechazo significó un duro golpe a la legitimidad social de un gobierno que, además de pretender modificar el sistema electoral, está saqueando el bolsillo de los trabajadores y los más humildes. Y no solo eso, está destruyendo la industria nacional, poniendo un palo en la rueda al desarrollo productivo y al comercio, engrosando las filas de desocupados, disciplinando a cachetazos las condiciones de trabajo reales, y endeudando al país para condicionar su economía por los próximos treinta años.

Las concesiones otorgadas a los grandes grupos económicos, han causado un severo daño sobre las finanzas del Estado nacional.

En estos aspectos, el Congreso no ha logrado poner un sólo freno a la política de saqueo neoliberal. Sin embargo, el retroceso de un gobierno que aparecía con una fortaleza inusitada, también constituye una  victoria para aquellos a los que lo conmueve mucho mas perder el laburo, que tener que votar con una máquina o con papel.

La media sanción en diputados al proyecto que introducía reformas en el impuesto en las ganancias, también significó un duro golpe para los intereses del gobierno de Mauricio Macri.

Sucede que las concesiones otorgadas a los grandes grupos económicos, han causado un severo daño sobre las finanzas del Estado nacional. La eliminación de las retenciones a los sectores exportadores industriales (Techint y casi nadie mas), la reducción de retenciones a las corporaciones agroexportadoras, la eliminación de retenciones a las empresas mineras, la condonación de deudas a las corporaciones energéticas, la destrucción del mercado interno y la liberalización de las importaciones, que provocaron una caída brutal en la industria y el cierre de miles de empresas, son el testimonio de un saqueo que ha generado un daño fiscal violento en la economía Argentina.

El proyecto de ganancias, constituía la búsqueda de acolchonar el daño fiscal sosteniendo un impuesto que afecte el bolsillo de más trabajadores que los ahora alcanzados. La media sanción en diputados fue un nuevo retroceso, aunque la discusión y la capacidad de lobby sobre los gobernadores, continúa abierta.

La construcción de una agenda social se materialeza, se vertebra y se le otorga sentido en la calle, en la movilización y la capacidad de articular mayores niveles de organización popular.

Sin embargo, esta agenda que afecta al 10% de los trabajadores formales de la Argentina, en nada conmueven tampoco al medio millón de nuevos desocupados, en nada afectan a las familias más pobres y humildes que han tenido que volver a optar entre poner un plato de comida sobre la mesa o pagar las tarifas de luz y gas. En nada resuelve la vida de aquellos que volvieron a comer en un comedor comunitario, por no tener un peso para llenar la mesa cada noche.

La construcción de una agenda social, que involucre los sueños rotos de aquellos que fueron asumidos como el enemigo principal de éste gobierno, no se reduce al rechazo legislativo a la iniciativa ajena. Se construye, se vertebra y se le otorga sentido en la calle, en la movilización y la capacidad de construir mayores niveles de organización popular. Ahí donde los sueños nos exigen estemos a la altura de las circunstancias para que vuelva al gobierno un proyecto que los repare.

La ley de emergencia social puede ser un mojón de avance, si el respeto a los acuerdos legislativos, no nos sacan del lugar en el que logramos frenar el avance violento de la agenda neoliberal, la calle.

Tal vez por eso el retroceso más fuerte, el que más le duele al gobierno de Mauricio Macri y los gerentes que gobiernan en su nombre, sigue siendo la capacidad de construir unidad y consensos. No sólo en el plano legislativo, si no en la construcción de una agenda de los intereses populares que encuentre su lugar de expresión en la movilización popular.

La ley de emergencia social puede ser un mojón de avance, si el respeto a los acuerdos legislativos, no nos sacan del lugar en el que logramos frenar el avance violento de la agenda neoliberal, la calle.

Seguirán gastando ríos de tinta las corporaciones mediáticas, quejándose de las pretensiones de las organizaciones populares y de los métodos de expresión en tiempos de neoliberalismo. Seguirán quejándose que la ONU, la OEA y los organismos internacionales de Derechos Humanos, no les permitan libremente sostener la represión y el encarcelamiento de los militantes populares. Como han pretendido experimentar hasta aquí con la cárcel a la que confinaron a Milagro Sala y las presas de la Tupac.

Seguirán comunicando la mierda que comunicaron siempre. Estigmatizando la organización popular y persiguiendo a los liderazgos populares, nacidos al calor de las conquistas de un gobierno que representaba los intereses de nuestro pueblo, seguirán justificando el saqueo e incentivando la represión como mecanismo de disciplinamiento social.

Sigan comiendo mierda, que nuestro  pueblo no es un perro para que lo corran con un diario.

                                                                 Colectivo de Medios Oveja Negra