El tono celebratorio del desastre económico que deja a su paso la implementación del programa de miseria planificada que atiende necesidades en Estados Unidos y en los balances de los grupos económicos que hacen negocios en el país al servicio de aquella potencia, abrió un nuevo estilo en la forma de comunicar y legitimar la crueldad política.

Javier Milei, cuyas facultades mentales impiden establecer si se encuentra en condiciones de comprender el curso y sentido de la acciones que se perpetran al amparo de su presidencia, desnuda una retórica que combina dramáticamente ignorancia y desprecio por el otro.

Anoticiado de las consecuencias de las medidas económicas que se toman, y tras recurrir a la negación como refugio, termina celebrando como un cretino los indicadores que pretende exitosos.

Tres informes recientes desnudan el conflicto con la realidad de sus afirmaciones y las fatídicas consecuencias de las decisiones económicas que se toman en la cartera que conduce el festejado Toto Caputo.

Góndolas vs. Relato

La inflación es altísima, aún considerada al amparo del relato que indica estar desacelerandose. Los datos muestran que varios productos básicos se encarecieron hasta un dos mil por ciento en los últimos cinco meses.

Un relevamiento de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) comparó precios de pañales, carne picada común, aceite de girasol, pan de mesa, arroz pollo, mate, leche, cebolla, sal fina entre noviembre de 2023 y en abril de 2024, y los resultados fueron alarmantes.  

Un estudio reciente del mismo instituto fue más allá y analizó la inflación de Milei con la de los primeros tramos de los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández. El resultado fue demoledor, y más curioso aún si se lo confronta con escaladas en los precios de otros países.

Las tres inconsistencias del plan económico

En un informe exhaustivo, economistas y analistas políticos sondearon el programa Milei-Caputo desde sus medidas, propuestas y resultados. El análisis arrojó tres “inconsistencias” del plan que podrían hacer tambalear la gobernabilidad en el futuro cercano.

La gestión de Javier Milei ¿es pragmática o ideológica? La pregunta es parte de los debates que, a menudo, circulan cuando desde distintos ámbitos se analizan las medidas y propuestas legislativas que se van modificando con el correr de los días.

Sin embargo, recientemente un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) plantea que se trata de un falso debate, y que el método para analizar y evaluar la gestión de gobierno en este período “consiste en identificar las principales medidas tomadas y sus resultados”.

Embarcados en ese análisis, los especialistas Rubén Ciani, Jaime Farji, Horacio Fernández, Walter González, Agustina Haimovich, Alejando López Mieres, Claudio Lozano, Ariel Pennisi, Tomás Raffo, Javier Rameri, Ana Rameri, Mariana Rivolta y Martín Schorr encontraron tres inconsistencias del plan económico Milei-Caputo.

1. La inconsistencia entre las medidas fiscales y el objetivo de lograr el equilibrio o el superávit presupuestario.

2. La inconsistencia entre las medidas monetarias y cambiarias y el objetivo de lograr la estabilidad del tipo de cambio.

3. La inconsistencia entre todas las medidas y el objetivo de lograr gobernabilidad en las instituciones y contener la conflictividad social.

Inconsistencia fiscal

Para el Gobierno, bajar la inflación es condición necesaria para el éxito de su gestión, y considera que la causa de la inflación es el déficit fiscal. Por lo tanto, “el objetivo excluyente de la política antiinflacionaria es eliminar el déficit fiscal”, sintetizan en el IPyPP.

Desde una perspectiva estática (sin considerar el paso del tiempo) el instrumento elegido se ha dado en llamar “la motosierra”: la reducción del gasto público.

Desde una perspectiva dinámica (considerando el paso del tiempo) el instrumento elegido se ha dado en llamar “la licuadora”: continuar con la ejecución de los gastos que no se pueden eliminar, pero asegurando que el aumento de las partidas sea significativamente inferior a la inflación.

Ahora bien: si todo lo demás permaneciera constante, el recorte y la licuación del gasto conducirían a la disminución del déficit. “Pero nada permanece constante”, advierten los economistas.

En efecto, estas medidas provocaron la caída del consumo interno, la disminución de las ventas de bienes y servicios, la paralización de la actividad económica en numerosos sectores productivos, la destrucción de puestos de trabajo y la caída del salario real.

En consecuencia, aquella parte de los ingresos públicos que está ligada al consumo interno y a la actividad económica también se ha resentido, afectando a ingresos que aportan una parte significativa del total de la recaudación (IVA, recursos de la Seguridad Social, ingresos en concepto de aranceles ante la caída de las importaciones, etc.).

“La inconsistencia fiscal más evidente consiste en la imposibilidad de sostener una meta de déficit cero en un contexto de derrumbe de la actividad económica, especialmente, cuando la estructura tributaria es de carácter procíclico, como la vigente”.

En otras palabras, si bien el Gobierno ha exhibido un superávit primario y financiero, ya que los gastos cayeron más que los ingresos, esa foto no podrá repetirse cuando se proyecte una película.

“Los superávits conseguidos en los primeros 150 días de gestión fueron producto de la ‘motosierra’ y la ‘licuadora’ pero también de postergaciones de pagos que indefectiblemente tendrán que hacerse en el corto plazo –plantean desde el IPyPP–. Además, debe tenerse presente que los efectos de la caída de la actividad económica sobre los ingresos públicos perdurarán en el tiempo, mientras que la reducción y licuación de gastos tenderá a decrecer ante el agotamiento de sus fuentes: no se puede reducir lo que ya no existe”.

Inconsistencia cambiaria

La decisión insólita del Gobierno de haber producido una maxi devaluación –una de las más importantes de los últimos 50 años– al tiempo que desreguló los controles de precios en los mercados más concentrados tuvo como consecuencia un brutal salto inflacionario presentado como el “costo” a pagar “por única vez” por toda la sociedad.

Ello permitió la maximización de la rentabilidad en dólares de los principales oligopolios que, en el marco del crawling peg (devaluación administrada) del 2%, terminó por revertir el objetivo inicial hasta convertirlo en un atraso cambiario e inflación en dólares.

He aquí la segunda inconsistencia: “La devaluación, la posterior ancla cambiaria y la escalonada pero persistente baja de las tasas de interés (…) funcionaron como inductor para ir reduciendo los pases pasivos y colocar deuda del Tesoro (indexada a inflación o a tipo de cambio oficial) a una mayor duración e incluso a tasas negativas –explican desde el IPyPP–. Esa inducción permitió que las colocaciones del Tesoro fueran muy demandadas y con un alto financiamiento neto positivo. Esos fondos excedentes se utilizaron para recomprar títulos públicos en poder del Banco Central (…). Ante la potencial licuación de los depósitos en pesos, los fondos de inversión suscriben títulos a mediano y largo plazo y con tasas negativas. Ésta ha sido la clave que permitió sostener el superávit financiero, pero que se transforma en una gigante bomba de tiempo dado que prácticamente toda la deuda en pesos de la Administración Pública Nacional está indexada a inflación o al tipo de cambio oficial”.

El Gobierno busca así sanear las cuentas del BCRA incrementando la deuda del Tesoro Nacional. Pero para poder llevar adelante esta estrategia, los bonos públicos cuentan con un puts (o seguros de liquidez) que representan una deuda latente para el BCRA. Pero los economistas advierten: “Si cambia el humor del mercado, los bancos y los tenedores de los títulos pueden deshacerse inmediatamente de estos contra emisión del BCRA con lo cual la meta principal del Gobierno sobre la autoridad monetaria también pende de un hilo”.

En el mismo sentido, para lograr la estabilidad del nuevo tipo de cambio el Gobierno debió también aumentar el stock de divisas en poder del Banco Central. Y, contrariamente a lo que su doctrina recomienda, no desarmó el “cepo”.

También aumentó el endeudamiento en pesos con acreedores privados y en dólares (BOPREAL), que impactará tanto sobre el gasto público como sobre la demanda de moneda extranjera en ejercicios futuros, pero alivió la carga de este ejercicio. En otras palabras, pateó la pelota para adelante.

“Con este panorama, no parece realista suponer que el Gobierno pueda llegar a fin de año sin disponer una nueva devaluación para corregir el atraso. Sólo un nuevo salto en el endeudamiento público externo, que hipotecaría los presupuestos futuros, o una extraordinaria liquidación de divisas, improbable sin corregir el atraso cambiario advertido, podrían evitar este desenlace”, vaticinan en el informe.

Inconsistencia en la gobernabilidad

El ajuste fiscal afecta gravemente al conjunto de las provincias y la gobernabilidad de éstas. Pero desde el IPyPP señalan que la relación con los gobernadores no sólo está atravesada por la cuestión fiscal, sino también por la relación de los gobiernos provinciales con las principales corporaciones nacionales y extranjeras que operan en los territorios. Hablamos del sector minero, petrolero y gasífero.

Otras medidas, como el cierre de organismos públicos, la suspensión de las transferencias a las Universidades Nacionales, y la licuación de los sueldos de los trabajadores y de los haberes de los jubilados y pensionados deterioran las condiciones de vida de sectores sociales muy importantes y amenazan con destruir instituciones que están muy instaladas en la conciencia colectiva de la sociedad.

El rechazo del DNU 70/23 por el Senado y la marcha atrás de la Ley Ómnibus original en Diputados, son batallas perdidas por el gobierno, lo que pone de manifiesto su debilidad institucional. “Aunque puede ganar las próximas batallas, impedir el rechazo del DNU en Diputados y lograr la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la reducida representación parlamentaria del Gobierno continuará siendo un problema, al menos, hasta la elección de medio término”, plantean los analistas.

El límite es la realidad: los gobernadores no pueden gobernar sus distritos sin algún acuerdo con el gobierno nacional, que les permita recuperar recursos a cambio de las leyes que piden.

“La agresión a los/las trabajadores/as tiene el rechazo de las organizaciones sindicales con capacidad de organización suficiente como para ocupar las calles. Aunque, por otro lado, una parte importante de éstas son cuestionadas por la sociedad y sus propias bases, aspecto que aprovecha el Gobierno para deslegitimar la defensa de los intereses de las mayorías en general”, consideran desde el Instituto.

Luego agregan: “La conflictividad social latente y en ascenso puede generar dos caminos con final abierto, que se profundice la resistencia social y ello permita alumbrar nuevas perspectivas, o bien, que se organice más consistentemente el espacio social del anarcocapitalismo. Son extremos, no excluyentes del escenario por venir”.

Ajuste, recesión e impacto sobre el mercado de fuerza de trabajo

Luis Campos, y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA), coordinado por Daniel Godoy y Tomás Raffo, sobre la caída de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo como consecuencias de la política oficial.

La profundización de la recesión económica y el aumento del desempleo son componentes centrales de la estrategia económica del gobierno nacional. La caída de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo son consecuencias deseadas de la política oficial. Desde su perspectiva ellas son necesarias para contener la inflación y para debilitar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las organizaciones sindicales.

El contenido de las políticas implementadas a partir del 10 de diciembre debe ser leído a partir de este doble objetivo: reducir rápidamente la indexación de los precios en la economía local y debilitar la reacción de los sectores populares. Su grado de éxito todavía está por verse. La inflación sigue en niveles extremadamente altos, con un 90% acumulado en tan solo cuatro meses, y la reacción popular ha dado muestras de vitalidad con el impulso de dos paros generales el 24 de enero y el 9 de mayo, y la realización de grandes movilizaciones y reclamos sectoriales. Todo ello a pesar de que en los primeros tres meses de gobierno de la nueva gestión la actividad cayó un 3,7%, acumulando una variación interanual negativa del 5,5% en febrero de 2024.

A partir de marzo, y principalmente en el segundo trimestre del año, los niveles de actividad económica estarán condicionados por dos tendencias contrapuestas. Por un lado, la continuidad de la caída en la construcción y la industria manufacturera, que en marzo tuvieron retrocesos mensuales del 14,2% y 6,3% respectivamente; por el otro, el crecimiento impulsado por el sector agropecuario, cuya base de comparación es muy baja debido a la sequía de 2023. Aun así, este patrón de especialización productiva sustentado en la producción primaria, donde los sectores beneficiados además del agropecuario son el minero y el del complejo energético, en ambos casos capital intensivos y sin mayores impulsos al desarrollo de cadenas de proveedores, difícilmente derramará en el corto plazo sobre el mercado de fuerza de trabajo, por lo queno hay señales que indiquen que habrá una recuperación laboral al menos en lo que resta de este año.

Considerando el agregado de los tres grandes grupos de asalariados registrados (sector privado, público y casas particulares), es posible afirmar que en tan solo tres meses (diciembre a febrero) perdieron su puesto 90.216 trabajadores, la peor variación trimestral desde que el Ministerio de Trabajo comenzó a publicar los datos completos del SIPA en 2012, a excepción de los primeros meses de la pandemia.

Finalmente, la Encuesta de Indicadores Laborales elaborada por el Ministerio de Trabajo muestra que en marzo se volvió deteriorar el empleo registrado en el sector privado. En este caso, la caída del 0,5% en comparación con enero resulta la variación mensual más baja para un mes de marzo desde el año 2002. En los primeros cuatro meses de gestión de Javier Milei este indicador retrocedió un 1,4%, el segundo registro más bajo de los últimos 20 años, solo superado por el comienzo de 2009.

En lo que va de abril y mayo las denuncias por despidos siguieron alcanzando a empresas de distintos sectores y localidades. En el ámbito de la industria metalmecánica se registraron despidos en la ex Drean, Whirlpool, Mar Argentina (ensambladora de Suzuki y Hyundai), FATE, Mirgor, entre otras; y en la industria de la alimentación se produjeron despidos en La Serenísima, Bimbo y Pepsico. A su vez, comenzaron a ser cada vez más frecuentes los casos de despidos en pequeños y medianos establecimientos comerciales.

El impacto de este proceso en el agregado de la ocupación registrada todavía es incierto. En algunas actividades, los representantes sindicales e incluso algunas cámaras patronales han denunciado que hay decenas de miles de puestos de trabajo en riesgo. Estas afirmaciones guardan relación directa con la caída de la actividad económica que, en algunos sectores superan largamente los dos dígitos en la comparación interanual. Las estadísticas oficiales recién ahora comienzan a dar cuenta de este retroceso en materia de empleo, algo que sin duda será uno de los ejes de los debates públicos y de la conflictividad social en los próximos meses.