GOLPE AL ESTADO

Un gobierno al servicio de los negocios.

Por Fernando Gómez *

La comarca andina es un paraíso en nuestra tierra, sus arboledas se agitan en verano con el paso de una brisa que invita a respirar profundo. Allí se encuentra, en sus extendidas vacaciones, Mauricio Macri. En Cumelen, que en lengua mapuche significa estar bien. Un lugar privilegiado para soñar. Mauricio sueña el sueño de los patrones, y en medio del ocio extravagante, suspira aliviado para firmar el decreto 27/2018.

En el sueño de los patrones el Estado sólo existe para facilitar sus negocios, es una empresa mas del holding que garantiza su eterna riqueza. En el sueño de los patrones, nadie defiende a sus trabajadores, nadie los representa, ellos nacen trabajando y así se mueren, al servicio de la acumulación de la riqueza del patrón.

Es pensar que Macri tuvo una inspiración estival que lo llevó a tomar la decisión de violentar los principios elementales del orden constitucional que los fanáticos de la república dicen defender para llevar adelante un desmantelamiento del Estado y el derecho público; o bien, terminar por concluir que Macri es apenas una circunstancia anómala en nuestra historia, un vago de ocasión que ocupa la función presidencial, mientras los grupos económicos asumen la representación política del Estado y legislan para su exclusivo beneficio.

Como sea, la agenda legislativa prevista para las sesiones extraordinarias del Congreso y la brutalidad jurídica expresada en el decreto ómnibus 27/18, nos permiten observar con nitidez que el presente año estará marcado por la fase mas agresiva del ajuste estructural sobre la economía, con severo impacto en el bolsillo de las mayorías populares, un desmantelamiento progresivo del Estado, y un ordenamiento normativo para liberalizar las condiciones en que un puñado de familias y los grupos económicos transnacionales hacen negocios descontrolados con nuestra riqueza.

“La misma vieja historia vieja”

El maquillaje discursivo, una vez mas, precedió a la formalidad institucional. Un día antes de sancionado el decreto en cuestión, cuatro personajes de segunda línea institucional, con la presencia apenas del Ministro de Producción -no habituado a los anuncios edulcorados al estilo Marcos Peña- dieron noticia que se preparaba un decreto con el fin de “desburocratizar” areas del Estado y avanzar en la “modernización” del sector público.

El neoliberalismo, experto en cinismo pero incapaz de actualizar conceptos, vuelve a repetir hasta el cansancio aquellos mismos argumentos que utilizaron Martínez de Hoz durante la dictuadura, Cavallo y Dromi durante el menemismo, para llevar adelante una supresión de políticas públicas destinadas a garantizar la planificación del Estado, el ejercicio del control que asegura la adecuada recaudación posterior, o que instrumenta normas que dificultan que los ricos sean cada días mas ricos y los pobres se mueran de hambre.

Martínez de Hoz, en aquél lanzamiento de su modelo económico el 2 de Abril de 1976 aseguró que “hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”. Mas reciente, y mas fresco en la memoria, se encuentra aquél sincericidio del Ministro de Obras Públicas de Carlos Menem, Roberto Dromi, quien sentenciara “nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado” al anunciar “el decálogo menemista para la reforma del estado” (sic).-

Tres ciclos de idéntico desmantelamiento del Estado para favorecer la implementación de una matriz económica que asegure una brutal transferencia de recursos desde el bolsillo de los laburantes y los que menos tienen hacia los balances de un puñado de grupos económicos que multiplican sus ingresos a través de la financierización de la economía.

Sin mayores novedades que los detalles actuales de su implementación, el sueño de construir un paraíso sin regulaciones ni cargas impositivas para los negocios empresarios, dio un paso mas hacia su objetivo.

Ni necesario, ni urgente

A lo largo de 192 artículos, el decreto deroga, sustituye e introduce normas que avanzan en la desregulación del Estado en sectores de la economía absolutamente diversos. El común denominador es garantizar la desaparición del Estado en su intervención en segmentos de nuestra economía que aseguran negocios para un puñado de grandes empresas.

La esperanza desburocratizadora que aliviane los trámites del público en general, se desvance apenas se concluye con la lectura del decreto. No hay un sólo artículo en toda la norma que garantice, facilite u optimice trámites usuales de la población.

Tal y como se expone en los considerandos de la norma, las roformas encaradas por decreto tienen como meta adecuar los marcos regulatorios a las exigencias de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), dos organismos internacionales que operan como gendarmes del libre mercado y los negocios financieros de las multinacionales.

No existe un sólo indicio en la exposición de motivos del decreto que justifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que el art. 99, inc. 3Ero de la Constitución Nacional le impone al Presidente para suplantar la acción legislativa por el camino de la sanción de un decreto. Sin embargo, Mauricio Macri promedia dos años violentando la Constitución Nacional sin que ello implique un obstáculo para garantizar las metas en la satisfacción de los intereses corporativos que han llegado para representar desde el Poder Ejecutivo.

En definitiva, la legalidad es una síntesis de las correlaciones de fuerza existente en un determinado momento. A los Gobiernos populares se les exige un apego legislativo y los marcos constitucionales, que a los gobiernos que expresan los intereses de los propietarios del manejo perverso del sentido común, se les exceptúa. Cuando los grupos económicos gobiernan, la legalidad se adecua a sus intereses, el poder se impone, mas allá de tradiciones democráticas. Así gobierna Macri, en la parábola expresada en la novela del 13, aquella que sentenciaba que “los ricos no piden permiso”.

Las patronales agroexportadoras que durante años fugaron dolares al extranjero, escondieron las cosechas para asfixiar económicamente al Estado, han sido beneficiados en dos años con una ley de blanqueo de capitales, una quita brutal sobre las retenciones a las exportaciones, la liberalización de las importaciones que le permite obtener insumos y herramientas mas baratos, y la desaparición de cualquier organismo de control sobre el trabajo rural. Ejercen el gobierno en nombre propio, Etchevehere es el Ministro de Agroindustria, y en este decreto se benefician con la desregulación de la habilitación de puertos, con beneficios en la logística de transporte de granos y con la eliminación final de cualquier traba a la importación. Sin contar los desaguisados que se le autorizan con las transformaciones de figuras de la ley societaria.

Los bancos y los departamentos financieros de los grupos económicos, aquellos que mes a mes multiplican sus ingresos en la timba de LEBAC y LETES, que amplían sus margenes de ganancias con comisiones y negocios financieros, han sido beneficiados ampliamente con la caja de pandora que decretó Macri. Modificaciones en los límites de embargo de cuentas sueldo, en las garantías sobre depósitos, flexibilización para sumarse al régimen simplificado societario, y la disponibilidad de los Fondos de Garantías de Sustentabilidad para negocios financieros diversos, constituyen una cheque abierto que garantiza ganancias inusitadas para el sector.

El avance en el desguace de la defensa nacional, quitándole atribuciones de control sobre el transporte aeroportuario, la derogación de la ley de autoabastecimiento del ejército, la libre disponibilidad de sus tierras para negocios inmobiliarios, constituyen una oportunidad fabulosa para aquellos que viven de la depredación del Estado para asegurar la multiplicación de sus finanzas, y especialmente para las empresas vinculadas al Presidente que buscan territorio para extender el negocios de los parque aeolicos y las empresas “low cost” que han llegado para iniciar la privatización encubierta de la línea aérea de bandera.

El paraíso desregulado con el que sueñan los grupos económicos avanza a paso firme. La seguridad jurídica para sus negocios, encuentran en el decreto que Macri sancionó durante sus vacaciones, violentando cualquier principio Constitucional, una brisa fresca, como aquella que respira el Presidente en el sur de nuestra Patria, cada día mas amenazada.

* Director del Colectivo de Medios Oveja Negra y Secretario Político de Descamisados.