Por Fernando Gomez

Tierra de contrastes

Hace apenas un año, un 9 de marzo de 2021, un voraz incendio azotaba la Comarca Andina en Chubut, más precisamente en ese pequeño paraíso que es Lago Puelo. Las imágenes de las viviendas ardiendo, la desesperación popular por combatir con voluntad –apenas- el fuego que todo depredaba, se extendieron hasta motivar la visita del presidente Alberto Fernández a la localidad.

“Hoy garantizamos aportes del Tesoro Nacional para la provincia y los municipios afectados, firmamos un acuerdo para la rápida reconstrucción de las más de 250 viviendas dañadas por el fuego y pusimos en marcha un plan de obras para garantizar agua, gas y luz a quienes allí viven” escribió el primer mandatario en twitter, tras una conflictiva recorrida por la zona.

Un año después, el concejal del Frente de Todos Sam Gangemi sostuvo que apenas 75 módulos precarios fueron terminados, quedan por terminar unos 60 en los próximos meses y 80 no se podrán construir porque la devaluación deterioró los fondos recibidos.

Un año. Y los módulos de emergencia no pudieron ser terminados.

En apenas una semana, el sistema político con representación parlamentaria, logró convalidar el acuerdo con el FMI con una demoledora mayoría, otorgándole media sanción a la ley que habrá de convalidar la descomunal estafa planificada por Estados Unidos, instrumentada por el FMI, ejecutada por Mauricio Macri y hoy convalidada por la mayoría de la alianza gobernante.

La eficacia con la que se actúa en un caso u en otro, habla por sí de los intereses que se terminan representando en la ocupación de lugares de figuración en la dinámica institucional del sistema político.

Un acuerdo que nacerá muerto

En la madrugada del Viernes 11 de marzo, a 49 años del triunfo de Héctor Cámpora tras 18 años de proscripción del peronismo, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto a través del cual se establece un acuerdo con el FMI para legalizar el crédito que le otorgara a Mauricio Macri para financiar la fuga de capitales y condenar al país por décadas.

“Esto no se votó y ya está muerto” sostuvo durante el tratamiento del proyecto, el economista Alejandro Marco del Pont, en examen de un análisis del Centro Cifra de la CTA.

En el informe de CIFRA “se repasan las iniciativas en materia fiscal sosteniendo que desde el punto de vista de la política económica el programa supone la implementación, al menos implícita, de un ajuste fiscal y monetario en el corto plazo.”

Sostienen que “en ambos casos el análisis se basa en los fundamentos empíricos del programa, que como se mencionó son escasos por lo que se complementan con estimaciones propias que en ocasiones son contradictorias con los supuestos del programa. Tal es el caso de los subsidios energéticos que en lugar de reducirse 0,6% del PIB por efecto de la segmentación y el incremento tarifario, lo más probable es que aumenten en 0,2 puntos por el incremento de los precios internacionales.”

Lo que, en criollo, significa que al acuerdo no le cierran los números, el Centro Cifra sostiene que: “Esto pone en tela de juicio el alcance de la meta fiscal establecida en el programa y para alcanzarla deberá no solo recortarse el denominado gasto COVID (vacunas, Fondep-Fogar, Repro II, Pre-viaje, etc.), sino otros gastos corrientes y/o incrementar en una menor proporción que en la propuesta el gasto de capital. “

Y agrega: “En efecto, desde el punto de vista de los objetivos que se propone el gobierno en el entendimiento con el FMI -esto es, “la continuidad de la recuperación económica” y la “expansión moderada del gasto estatal”- es poco probable que el programa sea exitoso.”

La justificación del acuerdo y la canaleta por la que se van los dólares

Diputados que se agarraban la nariz para decir que votaban con desagrado el acuerdo con el FMI, justificaciones por doquier, silencios para no tener que justificar nada y la repetición incansable del “es un acuerdo que no implica ajuste ni condicionantes”.

El acuerdo con el FMI no es ley, y ya desde el 7 de marzo la Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó el cupo semanal de 50.000 Valores Nominales para la liquidación de títulos de deuda soberanos denominados en dólares bajo legislación argentina, operación conocida como “contado con liquidación” (CCL), la cual tampoco supondrá restricciones sobre “otras operatorias en mercados regulados”, las llamadas Resoluciones 907 y 911.

La medida parece una circunstancia secundaria, pero no lo es. La herramienta del acceso al dólar para las empresas que operan en el mercado de capitales, es un instrumento esencial para asegurar la fuga de capitales, requisito ineludible del FMI para asegurar que los grupos económicos extranjeros que operan en el país, puedan concretar la transferencia de recursos hacia sus casas matrices.

Algún desprevenido podrá decir que es una decisión soberana, y no un condicionante del extranjero. Sería llamativo que así fuera, dado que en enero y febrero se ha registrado un injustificado aumento de las importaciones de bienes manufacturados. Esto es, mayor demanda de dólares con el fin de saldar deudas en el extranjero por la importación de bienes.

En criollo, una vez más, fuga de capitales. La información surgió de la propia UIA, quien reveló que el BCRA le informó a las empresas industriales que “en enero importaron 35% más, en febrero 50% más, contra los mismos meses de 2021”. Destacando que hubo empresas que solamente en febrero importaron la mitad de todo lo ingresado al país durante el año pasado.

Es la imagen cristalina del futuro al que se habrá de someter a la Argentina una vez que se convalide el acuerdo con el FMI en el Senado de la Nación.

Cada tres meses, un equipo de tecnócratas del organismo, llegará al país para supervisar a la misión permanente que funcionará en oficinas públicas. En esas visitas impondrán condiciones para ejecutar el acuerdo que avaló el Congreso, y que antes de éstas negociaciones encaradas por el gobierno nacional, no contaban con apenas un documento respaldatorio emitido por el Estado Nacional.

En sus visitas, el FMI intentará que el alza internacional en el precio de las materias primas se transforme en una oportunidad para los grupos económicos que dominan el Comercio Exterior. También, buscarán que esas mismas multinacionales puedan acceder a los escasos dólares que liquidan con el fin de girarlos a sus casas matrices en el extranjero.

Impondrán las condiciones para que la moneda nacional se devalúe a un ritmo acelerado y constante con el objetivo que las mismas empresas que se llevan los dólares, paguen sueldos en pesos que, aunque sean más altos, valgan menos en dólares cada día.

Cada tres meses, la Argentina estará atrapada entre el relato del default y la ofensiva neocolonial para consolidar el ajuste.

Ni la expectativa romántica de “tranquilizar la economía” que esgrime Martín Guzmán, aparece en el horizonte de oportunidades del futuro cogobierno que diseña el FMI para subordinar los intereses de nuestro país.

Con las representaciones populares devaluadas tras el acuerdo, con los liderazgos políticos fuertemente castigados por la incapacidad e impotencia para transformar en acciones materiales y concretas los silencios que intentan explicar una política que no entiende nadie, y con una parte importante del contrato electoral pisoteado bajo el altar del posibilismo y la cobardía, lo cierto es que la apatía política en que vive nuestro pueblo, constituye un peligro que requiere respuestas urgentes.

Un tiempo que demanda patriotismo, para reconstruir una agenda soberana que permita conquistar el destino de grandeza de nuestra Patria.

Un tiempo para repensar el futuro desde abajo. Tiempo para transformar desesperanza en fragua que aprieta los alambres de una agenda de la producción, el trabajo y la justicia social, que permita alcanzar el destino de felicidad colectiva para ese pueblo humilde, cansado de promesas, exhausto de remarla y que merece un respiro indispensable.