Enrique M. Martínez

Difícilmente nos detengamos a entender qué estamos pagando cuando compramos cualquier alimento o prenda de vestir o similares. Es decir: Compramos leche; pero no sabemos dónde se produjo, ni quien la produjo, ni qué importancia tiene el envase, ni el flete desde y hacia la planta donde se procesó. No sabemos la importancia de la propaganda en el costo de lo pagado, si la empresa tiene distribuidores independientes que le compran y a su vez le venden a los comerciantes que nos atienden o si, en cambio, la empresa que procesa y envasa se hace cargo de toda la cadena que sigue, hasta el minorista.

En la mayoría abrumadora de los casos, nos resultaría imposible acceder a toda esa información individualmente, por lo que nos limitamos a comprar lo que nuestro bolsillo nos permite, con alguna búsqueda previa de mejores precios en el segmento final, aquel que nos abastece. Por otra parte, si personalmente rastreáramos investigaciones académicas o comerciales que se hayan metido en detalle dentro de algún sector, ¿qué haríamos luego con esa información? ¿Qué otro camino quedaría a la vista, más que quejarnos de la ineficiencia de tal o cual cadena de valor, que termina afectando nuestros bolsillos?

Porque de eso se trata: De la clara diferencia de poder, entre quien produce y cada uno que consume, para instalar escenarios diferentes de mercado.

Si ese es el estado de cosas, nada relevante se puede imaginar que se modifique por iniciativa de los consumidores aislados.

Si deseamos y esperamos organizar el consumo, de maneras que convengan más a nuestras necesidades sociales o económicas, es imprescindible que se construyan modelos de intervención en el mercado, pero a la vez, que se ejecuten esos modelos, apelando a actores sociales preexistentes que adapten sus funciones o a otros nuevos que se desarrollen.

La gran mayoría de quienes hayan leído el párrafo anterior habrán pensado en algún ámbito del Estado como el protagonista faltante. Efectivamente, eso es lo que ha sucedido habitualmente. Aparece el Estado buscando regular la conducta de quienes tienen hegemonía en el mercado (los productores) para minimizar el daño sobre los consumidores.

Ese objetivo, sin embargo, no se persigue aplicando modelos de intervención que modifiquen las cadenas de valor, sino con leyes, normas varias o acuerdos, para que los productores no utilicen todo el poder que disponen en beneficio propio, que se controlen, que se regulen.

La historia del capitalismo muestra una larguísima lista de ejemplos de la fragilidad de estos intentos. Es tan inconducente como intentar que un animal carnívoro regule su apetito.

¿Y entonces? ¿Dónde están los nuevos protagonistas que pueden construir y apuntalar escenarios con mayor equilibrio en la confrontación por apropiarse del valor agregado en la producción?

El Estado puede pensarlos y ayudar a crearlos, pero deben ser grupos sociales que se vean a sí mismos de otra manera en el proceso de producción y distribución orientado a la atención de las necesidades comunitarias. Es más: Lo óptimo sería que las iniciativas transformadoras partan de organizaciones populares, a las que el Estado ayude – o que al menos no las perjudique ni bloquee -, que conceptualmente no necesiten del sector público para su existencia.

No se trata de un planteo fundamentalista, sino de una interesante condición

de supervivencia estructural: Lo que se construye en el seno de la comunidad tiene mucha mayor probabilidad de permanencia en el tiempo.

POR DONDE

Hay un principio general a respetar para encontrar explicaciones y las correspondientes soluciones a los problemas que enfrentan los consumidores.

Esto es: Buena parte de las cadenas de valor que atienden necesidades comunitarias básicas eran al principio del capitalismo servicios sociales remunerados, su objeto principal era dar satisfacción a necesidades sociales y si eso no se cumplía el emprendimiento fracasaba. A medida que se concentró la oferta, pasaron a ser negocios, en que el objeto definido es maximizar la rentabilidad, aún a expensas de la calidad de vida comunitaria.

En consecuencia: La meta de la intervención debe ser transformar o re transformar segmentos de las cadenas de valor, volviéndolos a su condición de servicio social remunerado. Eso es necesario pensarlo eslabón por eslabón, de rama por rama productiva.

Los que resultan más directos son la distribución y la comercialización, por tratarse de etapas hegemonizadas por el capital, donde el agregado de valor de uso es inexistente. La posibilidad de desplazar allí fracciones de la oferta actual, reemplazándolas por una lógica de servicio, sin que la especulación exista ni siquiera como supuesto, es factible.

Condición necesaria básica: Actores sociales que intenten exactamente lo dicho, sin caer en la competencia de discurso, pero manteniendo luego la lógica de acción del intermediario conocido. Es decir: No se trata de cambiar de collar; se trata de cambiar de objetivo en la etapa que intermedia entre el productor y el consumidor.

La distribución de cercanía sobre pedido previo; el comercio electrónico con diversas formas; las ferias populares de variada regularidad; son aproximaciones válidas, cuya condición de contorno dura es muy evidente: en todo momento y en especial en estos tiempos críticos, los precios y la calidad deben ser ventajosos respecto de los canales preexistentes.

No son los planteos ideológicos puros, respecto del valor de lo campesino, familiar o cooperativo, los que generarán los cambios cualitativos que se requieren para marcar la presencia. Serán componentes necesarios, pero de ninguna manera suficientes per se.

Los cambios en segmentos productivos son algo más complejos de conceptualizar y de implementar. Ningún colectivo social puede de buenas a primeras producir harinas, aceites o pantalones.

Puede, sin embargo, entender la secuencia de agregado de valor por la cual una semilla de trigo pasa a ser una espiga de trigo, luego se convierte en harina y más tarde en una gama de productos panificados.

Ese colectivo de consumo puede entonces actuar frente a la estructura agrícola e industrial existente, de forma tal que ésta le suministre semilla de trigo para sembrar en tierra propia o arrendada; o trigo cosechado para llevarlo a un molino y hacer allí harina; o harina del molino para acordar con el sistema de panificación como tener los productos elaborados para consumo.

Esto es: Un grupo de consumidores – con mayor probabilidad de éxito cuanto mayor es la cantidad de sus componentes – puede acordar con una o varias de las etapas de agregado de valor como convertirlas en un servicio social remunerado definido por los consumidores, en lugar de quedar a la espera que el productor fije los precios.

Un intento transformador como el señalado lleva un largo tiempo de implementación integral, sobre todo en el plano de la conciencia colectiva que se requiere, sobre lo que es posible y lo que puede pasar al campo de la fantasía. En todo ese tránsito, un colectivo consumidor puede tener que depender de una o más etapas que se vean rotundamente como un negocio y que, por lo tanto, hagan difícil y hasta imposible la posibilidad de utilizar eslabones industriales como un servicio social remunerado.

Mirado al revés, de cualquier manera: Todo avance parcial que se consiga reducirá la apropiación de valor por parte de alguna faceta productiva, que hoy cae sobre los bolsillos de los consumidores.

HASTA DÓNDE

El abuso de posición dominante se percibe de manera más inmediata en los bienes necesarios para la subsistencia, pero en una economía de mercado concentrada, se ejerce en multitud de flancos vinculados con nuestra vida.

No solo en la oferta de bienes de consumo durables, donde los consumidores percibimos rápidamente la dificultad estructural de corregir la relación de fuerzas en el mercado, con respecto a productores de televisores o celulares o heladeras, sobre todo si no lo hemos resuelto aún para un pollo o una remera.

También -y muy especialmente – sucede en los bienes básicos que tienen alta proporción de tecnología en su génesis. Es el caso típico de la energía que consumimos o la conectividad digital a Internet, dos facetas imprescindibles y naturalizadas de nuestra vida cotidiana. En ambos casos, el consumidor medio no conoce prácticamente nada de la cadena de valor que permite que mueva una tecla y arranque su heladera o acceda a wifi. No sabe cómo cambian sus opciones cuando aparece el sol o el viento como fuente de energía; cómo está involucrado el Estado en uno u otro caso; sólo imagina al Estado lidiando con – o favoreciendo a – un puñado de empresas que marchando detrás de gigantescos negocios, establecen qué nos abastecen y cuánto debemos pagar por ello.

Sin embargo, las posibilidades favorables son varias y ya hay quienes las concretan.

ARSAT, empresa del Estado argentino, ha sido la responsable de construir una inmensa red federal de fibra óptica – equivalente conceptualmente a un gasoducto – que deja a cada ciudad o pueblo del país en condiciones de conectarse a ella a través de un proveedor mayorista y luego a cada casa con un proveedor minorista de Internet. El punto crítico es la enorme concentración de poder económico, que permite de manera insólita enormes diferencias entre el precio pagado a Arsat y el precio pagado por los consumidores.

Dentro de ese agujero negro han aparecido soluciones populares, desde barriadas de CABA que construyen su propia conectividad y son provistas como mayoristas por una Universidad; o grupos que crean conectividad en Traslasierra en Córdoba, donde las empresas grandes no ven posible un negocio; hasta opciones más estructuradas y repetibles, como las de 15 cooperativas eléctricas de pequeñas ciudades del sur de Córdoba que se organizaron y reemplazaron la provisión oligopólica, llevando el costo de provisión al 20% del original.

Toda la población urbana de Argentina está en condiciones de organizarse para sacarse de encima el abuso de posición dominante en materia de provisión de Internet, sin necesidad de esperar resoluciones oficiales que la justicia a su vez bloquee.

Con la energía renovable a partir del sol, la situación es similar. En todo el mundo crecen sin cesar los emprendimientos comunitarios que se cargan a la mochila conocimientos primarios sobre la forma de generar la energía que consumen y pasan a liberarse de los oligopolios gasíferos, petroleros, de distribución eléctrica, sumados a numerosas burocracias superpuestas.

Reitero: El problema puede verse como técnico y organizativo. Pero antes de eso es conceptual:¿Queremos agruparnos para ser más libres de un sistema que determina cada vez más detalles de nuestra vida y cuyo epicentro no es el Estado – como se repica sin cesar -, sino la voracidad del capital? ¿O estamos resignados a sucumbir individualmente, cada día de nuestra vida, en cada faceta de lo que necesitamos o nos pueda interesar?

EL PROYECTO DEL INSTITUTO PARA LA PRODUCCIÓN POPULAR (IPP)

En el IPP asumimos la lógica que se ha expuesto en las páginas anteriores. Y decidimos construir una alternativa, de las muchas que seguramente podrían imaginarse.

Nos interesa señalar cuales son los principios que hemos respetado a rajatabla y a los que nos aferramos.

1 – Insertarse en una cadena de valor, transformando un negocio en servicio social remunerado.

Para eso pusimos en marcha un portal de comercio electrónico (cpo.org.ar), donde aseguramos distribución a domicilio en todo el país, a precio uniforme.

2 – Asegurar que los precios y la calidad de los productos compiten con cierta holgura con los supermercados o comercios de proximidad.

Eso se ha logrado, sin discusión posible, luego de dos años de prueba y error, con un menú actual de más de 600 productos, en expansión permanente, de los cuales el 60% son alimentos de almacén y el resto artesanías campesinas, productos de cuidado personal, juguetes nacionales e indumentaria. La totalidad de los emprendimientos cuyos productos ofrecemos tienen interés expreso por mantenerse fuera de las condiciones comerciales impuestas por los hipermercados.

3 – Considerar la reducción de la importancia del “negocio” en cada cadena como una tarea permanente.

El componente de negocio más relevante cuya importancia podemos encarar es el flete que cobra la empresa distribuidora de paquetería de comercio electrónico.

Para reducir su peso, hemos incentivado la creación de grupos de consumo, que compran por separado a su entera voluntad, pero dan la misma dirección de entrega, distribuyéndose luego lo comprado. Se han creado varios grupos, con este criterio, desde Esquel a varias localidades de Córdoba. Los promotores son grupos locales de consumidores sin ninguna otra afinidad o algunos otros ya articulados, como los afiliados de Sadop en La Plata o sectores humildes aglutinados alrededor de grupos de sacerdotes del GBA, por ejemplo.

Ese es el estado de cosas actual.

LA PROYECCIÓN A PARTIR DE 2023

Hemos súper sintetizado lo hecho desde 2021. Estamos satisfechos y orgullosos. Pero la comparación con el marco conceptual descripto en las primeras páginas de este documento nos marca que se puede hacer mucho más. Estas son nuestras ideas.

A.      Eliminar la distribución como negocio

El expreso que transporta la paquetería cumple una función social, pero la concibe como un negocio.

Si retira 50 envíos de la base de CPO, su costo básico queda cubierto con el 20/30% de lo que pagamos por su trabajo. El resto, cubre toda una serie de gastos indirectos propios de una estructura compleja y por supuesto, utilidades importantes.

Si esos mismos 50 envíos son retirados por un fletero pequeño, sin gastos de estructura, llevados a un mismo lugar, y allí entregados a cada consumidor, el ahorro de gasto lo estimamos en un 10% del total de lo comprado.

Si CPO pudiera contar con una articulación permanente con una organización social preexistente y respetada, como un club, una sociedad de fomento, podrá organizar este cambio de modalidad, que lleve a devolver el 10% mencionado, con el cual se pagaría el fletero y la changa de quienes entreguen la mercadería, quedando un excedente de aproximadamente el 7 u 8 % del total comprado por las 50 personas (como módulo de referencia).

Esos recursos, que surgen de la propia comunidad, ingresarían a un Fondo Común Social del Club o similar. Pueden destinarse:

. A devolver dinero a los consumidores, haciendo más barata una compra que ya es barata. No es lo que recomendamos.

. A financiar proyectos sociales elegidos por la propia comunidad, que pueden ir desde actividades culturales que normalmente los clubes tienen dificultad para financiar, hasta programas sociales como construir la conectividad digital comunitaria o dotar de energía fotovoltaica a edificios de interés social, como una escuela o una sala de atención primaria. La lista posible es grande.

Para dar idea de la magnitud de inversión social posible, sin aporte del Estado, ni de las organizaciones sociales, que surge simplemente de ordenar el consumo popular, al 30.11.22 la compra promedio en CPO es 12.000 $, por lo cual el Fondo Común Social recibiría aproximadamente 100.000 $/ mes por cada 100 consumidores que participen del proyecto.

Ese dinero hoy está yendo a una empresa de negocios de transporte.

Por supuesto, no es soplar y hacer botellas. Se debe pensar en su implementación inicial en ámbitos próximos a nuestra base de preparación de pedidos, o sea en GBA. Pequeño desafío. Hay allí centenares de clubes que pueden tomar la posta y articular con el IPP para implementar esto.

Fuera de GBA, hay que ver caso por caso con sus particularidades.

Por ejemplo, en las localidades que son sede de empresas que proveen a CPO, se debe estudiar con ellas como construir un triángulo CPO/Club/Empresa, en que los fletes de retorno puedan tener un subsidio implícito, por tratarse de flete habitualmente sin carga.

También es posible desarrollar una acción sistemática con clubes grandes de GBA que tienen decenas y hasta centenares de filiales en todo el país, que pueden construir una red conceptual común, a partir que entiendan el valor social de la propuesta.

Tiempo al tiempo y en movimiento.

B.      Hacer visibles los proyectos complementarios a la distribución de bienes, que son de atención comunitaria básica.

Para sacar del medio todo lo posible el negocio de la distribución de paquetería, es fundamental crear una fuerte mística sobre la posibilidad de uso social de los recursos económicos que hoy se derivan allí. Eso se conseguirá dando la mayor visibilidad técnica y económica a programas potentes como la generación de energía fotovoltaica o la conectividad digital comunitaria, hoy opacos para el común de la ciudadanía.

C.       Analizar formas de intervención para reducir el componente negocio en cadenas productivas de alimentos

Ésta es una tarea que se hará viable solo cuando nos hagamos más fuertes en los dos aspectos anteriores. Solo un proyecto con perfil sólido en los aspectos transformadores que encare, se hace creíble en nuevas facetas, como la producción de alimentos a facon y la integración hacia la tierra.

Pero queda anotado, como tarea a encarar en paralelo a los logros alcanzados en los dos planos anteriores.

PEQUEÑO CIERRE

El tema que nos ocupa es simple conceptualmente y a la vez de una enorme extensión, que desafía los hábitos culturales de los miembros de la comunidad, sin cuyo cambio nada relevante se logrará. A partir del encuadre planteado en este documento, se irán desarrollando gacetillas de gestión para cada uno de los numerosos detalles a tener en cuenta.

Lo esencial, sin embargo, es:

Solo avanzamos si reflexionamos y elegimos bien los caminos.

Solo elegimos bien si leemos, debatimos, estudiamos.

Ningún cambio se logra con consignas. Detrás de las consignas valiosas hay grandes espacios de reflexión; opciones descartadas y hasta repudiables. Solo luego llegan las consignas, como un resumen de lo que todos hemos asumido.

Aquí estaremos. Si no somos escuchados y acompañados, a mediano plazo se agotará nuestra mecha. Si más y más asumen este camino, veremos la potencia de la construcción comunitaria, que no puede ser ni siquiera comparada con los retoques de gestión o la administración burocrática de un país.

Salud.

El Ing. Enrique M. Martínez es presidente del Instituto para la Producción Popular