por Juan Carlos Diaz Roig *

Varias veces he explicado que el nuestro es un sistema previsional de reparto asistido, con un fondo de capitalización colectiva como garantía de sustentabiidad.-

Es decir que, por una parte se financia con aportes contribuciones e impuestos, y por la otra hemos sabido construir un firme FONDO DE GARANTIA, que llegó practicmente a los 70.000 millones de dólares en diciembre del 2015...momento en que el Banco Central tenia reservas sólo por 28.000 millones.-

Es menester aclarar que el FGS NO ES DEL ESTADO. Es un FONDO DE AFECTACION ESPECÍFICA. Es lo que la Docrtina Alemana denominaría un patrimonio de afectación-

Este fondo no es del Estado.- Es de los trabajadores y de los jubilados.-

Su naturaleza jurídica "sui generis", IMPIDE QUE SE GASTE EN NADA QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA LEY DE SU CREACIÓN.-

Por lo tanto, solamente puede invertirse generando rentabilidad, y solo gastarse en las jubilaciones si existiera un déficit en los aportes, contribuciones e impuestos que anualmente percibe el sistema.-

Durante 7 años, el flujo anual de ingresos,(aportes, contribuci0nes e impuestos), permitió pagar todas las obligaciones, inclusive 50.000 juicios anuales por sentencias firmes.

Desde que es Gobierno cambiemos se pasó intentando vaciar el fondo, y, en mi criterio, cometiendo permanentemente delitos, al menos los de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos violación a la ley de Ética de la función pública, y probablemente cohecho, en cuanto se acredite que tales acciones, además, enriquecieron a empresas en que dichos funcionarios eran propietarios o accionistas.

Los primeros delitos fueron claramente las compras de Blaquier de acciones de Arcor y Cable Visión,, empresas de las que él era director hasta asumir la gerencia del FGS, a un valor irrisorio.-

Luego se produjo el memorándum de entendimiento con Qatar, en el que también firmó´la vicepresidenta, para realizar inversiones en el exterior, cuestión expresamente prohibida en la ley, y de la que sólo se mantiene por el evidente blindaje judicial.-

Después, se produjo una serie préstamos, y de compras y ventas de acciones, entre ellas al grupo Mindlin, quien así se hizo de las acciones de Petrobrás Argentina, y de INDUPA, a precio vil.- También Mindlin fue comprador de obligaciones negociables de la Empresa de Electricidad de Córdoba (EPEC) que constituyeron durante 7 años la operación más rentable del Fondo, ya que generaba el 12,5 % de rentabilidad dólar, garantizada por la coparticipàción de la Provincia, y que por lo tanto nunca tuvo un sólo atraso. Lo curioso y delictual está que en la misma acta de directorio, en la que el FGS se desprende de semejante inversión rentable, le presta a la misma entidad deudora, el EPEC, al 7,50 % anual, para pagarle a Odebretch e Iecsa, el gasoducto Villa Dolores Córdoba. Al margen de que la adjudicación de la obra tenia como fundaento que Odebretch iba a aportar el financiamiento, y no el FGS.-
Luego vinieron MUCHAS OPERACIONES DE INVERSION EN FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, que fundamentalmente compraban LEBACS, percibiendo comisiones, cuando el FGS podía comprar LEBACS, directamente, sin intermediarios y sin pagar comisiones. Obvio que los funcionarios denunciados, estaban vinculados a los fondos intermediarios.-

También resulta delictivo los pagos indiscriminados que habrían hecho, no sabemos a cuantos jubilados, por la llamada reparación histórica. En efecto dicha ley, solo autoriza a pagar los casos que tienen autorización y homologación judicial. Ellos pagan un llamado tramite abreviado, para lo cual no están autorizados. El error de estos funcionarios es creer que tienen facultades discrecionales y que el FGS es un fondo público.-

El Director de la Anses tIENE FACULTADES REGLAMENTADAS, NO DISCRECIONALES. No puede hacer lo que quiere, sino solo lo que expresamente la ley le autoriza.-

Y POR ULTIMO, NO PUEDE EL PODER EJECUTIVO HACER NINGUNA NEGOCIACIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, QUE NO PASE POR EL CONGRESO DE LA NACION !!

* Juan Carlos Diaz Roig es Diputado Nacional (M.C.) por el Frente para la Victoria, abogado especialista en materia previsional y una pieza clave en el debate legislativo por la recuperación de los fondos de jubilaciones y pesiones a manos del Estado.