Por Heidi de Lourdes Raimondo

La República Argentina, que durante largo tiempo, por su notable desarrollo cultural, económico y social, ha servido de referencia para muchos países de América Latina y del mundo, se encontró sumergida en una de las crisis económicas más graves de su historia en el 2001 y sufriendo fuertes aumentos de sus niveles de pobreza y desempleo, así como muchos otros efectos sociales negativos.

Para hacer frente a tan serias dificultades, los diversos escalones de gobierno –federal, provincial y municipal– y todos los sectores de la sociedad argentina procuran esforzadamente concertar las medidas políticas y económicas que permitan superar la crisis y reencaminar el país hacia un futuro más promisorio (Zeballos, 2003).

El comienzo de la crisis social se sitúa en la convulsión política de diciembre de 2001 que motivó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Le tocó entonces a su sucesor, Eduardo Duhalde, elegido por ambas cámaras del Congreso Nacional para completar el mandato trunco.

Aspectos políticos de la crisis

En el orden político, la causa fundamental de la crisis fue la falta de consenso, ya que el gobierno de la Alianza no logró llegar a un acuerdo, ni con la oposición ni con sus propios partidarios en el Congreso, para llevar a cabo las reformas estructurales consideradas necesarias para contener el gasto público.

Por otra parte en el orden económico, el gobierno debió afrontar una serie de dificultades para conseguir recursos que le permitieran cumplir con sus compromisos tanto internos como externos. Paralelamente, en el aspecto social la tensión siguió aumentando, pues desde principios de 2001 hubo en todo el país movilizaciones y cortes de rutas por parte de grupos de personas que reclamaban trabajo y ayuda social, así como de productores rurales que demandaban apoyo financiero para enfrentar las altas tasas de interés (Sotelo, 2002).

Lo que conllevo a que en marzo renunciará el ministro de Economía, José Luis Machinea, en su lugar fue designado entonces Ricardo López Murphy, que propuso un drástico programa de ajuste, con recortes al sistema educativo y a los subsidios a las economías regionales.

Ante ello, el  descontento se hizo presente , y la generalización de las protestas provocaron también la renuncia de López Murphy, que fue reemplazado por Domingo Cavallo, quien se comprometió a llevar a cabo las reformas necesarias para contener el gasto, lograr el equilibrio fiscal y afianzar la convertibilidad.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Poder Legislativo otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, llamadas “superpoderes” en la jerga callejera. Con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno negoció con los principales bancos extranjeros establecidos en la Argentina el otorgamiento de un crédito por 1500 millones de dólares para cumplir con los compromisos externos (Zeballos, 2003).

Sin embargo, las diferencias surgidas dentro del propio oficialismo acerca de las medidas adoptadas por Cavallo provocaron a su vez la renuncia de algunos ministros y la del presidente del Banco Central, acusado de no haber promovido la reducción de las tasas de interés para favorecer el crédito. Aumentaron los despidos y suspensiones de trabajadores en las industrias, con el consiguiente incremento de la tensión social.

Ante ese contexto, en marzo durante casi diez días, más de 5000 personas cortaron los caminos en el populoso distrito bonaerense de La Matanza reclamando trabajo y ayuda social. Las dificultades para encontrar financiamiento en el exterior y la continua caída de la recaudación fiscal obligaron a las autoridades económicas a recortar en 13% los salarios del sector público nacional y los haberes de los jubilados y pensionados (Sotelo, 2002).

En agosto el gobierno llegó finalmente a un acuerdo con el FMI, que para fortalecer el sistema financiero le otorgó un crédito por 8000 millones de dólares, condicionado al cumplimiento de un plan económico de “déficit cero”, de una nueva ley de coparticipación tributaria con las provincias y de la profundización de las reformas estructurales.

Teniendo en cuenta que el índice de desocupación, que desde la segunda presidencia de Menem en 1995 venía en ascenso, llegó en octubre de 2001 a 18,3%, sin que el gobierno encontrara apoyo en ningún sector de la sociedad para las medidas económicas y sociales que anunciaba. Ante el retiro masivo de depósitos de los bancos en la última semana de noviembre, el ministro Cavallo impuso restricciones a la libre disponibilidad de fondos bancarios fijando reducidos.

Efectos sociosanitarios de la crisis

Con límites semanales a la extracción de dinero, aun de los salarios depositados, y estableciendo controles sobre el movimiento de divisas, de las cuentas corrientes y de ahorro, así como el congelamiento de plazos fijos, además de otras medidas. Fueron las disposiciones que provocaron una fuerte reacción de la clase media, que se sintió particularmente agredida.

Surgió así, en varias capitales y grandes ciudades provinciales, brindaron una respuesta indignada de diversos sectores de la sociedad argentina, que manifestaron su descontento al grito de “¡Que se vayan todos!” y mediante la ruidosa protesta que se ha dado en llamar “el cacerolazo”.

El ministro de Economía admitió que no se podría cumplir con el plan de “déficit cero”, anticipó recortes adicionales al presupuesto de 2002 y anunció el mantenimiento de la quita del 13% en los sueldos del sector público y las jubilaciones.

Por otro lado, a pesar del acuerdo de agosto con el FMI para un préstamo de 8000 millones de dólares en respaldo al plan económico de Cavallo, el Fondo comunicó al gobierno argentino que, por no haberse cumplido las metas fijadas, no facilitaría un adelanto de 1250 millones de dólares (Zeballos, 2002).

Entonces, para poder controlar el creciente descontento social, el gobierno decretó el estado de sitio en la segunda quincena de diciembre, cuando se agudizaron las manifestaciones de protesta en grandes centros urbanos, con algunos saqueos de comercios minoristas.

Cabe recordar que hubo manifestaciones violentas contra los bancos céntricos y los edificios ministeriales, y la Plaza de Mayo fue escenario principal de choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que finalmente dejaron un saldo de 27 civiles muertos, gran cantidad de heridos y daños materiales considerables.

Todos estos acontecimientos fueron registrados en la memoria de los argentinos y las argentinas como un diciembre negro, marcando en la historia una de las peores crisis de nuestro país.

Bibliografía

Ministerio de Economía. Reordenamiento del sistema financiero, Decreto número 214/02. Buenos Aires, 3 de febrero de 2002.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, http://trabajo.gov.ar/programas/sociales/jefes/resoluciones.htm .

Naciones Unidas. Cumbre del Milenio: Declaración del Milenio. Nueva York, 6-8 de septiembre 2000.

PNUD. Aportes para el Desarrollo Humano de la Argentina, 2002. Un enfoque integral, Ediciones PNUD, Buenos Aires, noviembre 2002.

Sotelo, J. M. La cooperación técnica y la ayuda financiera para la reforma. Buenos Aires, OPS, 2003.

Zeballos, J. L. Informe de viaje, Salta, Jujuy y Tucumán, 9, 10 y 11 de diciembre de 2002. Argentina, diciembre de 2002.

Zeballos, José Luis. Argentina: efectos sociosanitarios de la crisis 2001-2003 / José Luis Zeballos.- 1ª. ed. — Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud, 2003.