Por Nadia García

En un contexto en el cual los medios de comunicación intentan que las argentinas y los argentinos naturalicemos los ataques a la democracia, algunas voces de protesta son silenciadas antes que otras. La manipulación de los resultados electorales, la desaparición de un joven a manos de gendarmería en circunstancias de manifestación pública, y una persistente condena pesando sobre las presas y presos políticos, que pareciera no poder liberar ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son muestra de ello, pero también son reclamos de un sector de la población argentina que no abandona la lucha por una patria democrática y un estado de derecho.

Pero, ¿quiénes están buscando a Nadia Rojas? ¿Cuántos conocen la historia de sus dos desapariciones? ¿Cuántos y cuántas reclaman su aparición con vida a un gobierno que había asumido la obligación de cuidarla?

Nadia Rojas es menor de edad y desapareció dos veces. Usualmente, decimos que una persona está desaparecida cuando no tenemos información veraz sobre su paradero, pero Nadia reapareció una vez y pudo dar testimonio de dónde había estado: atrapada 33 días en la maraña oscura de una red de trata. De esas que escapan a la investigación judicial, y que no subsisten sin la complicidad policial y política que permite que haya mujeres raptadas y trasladadas a zonas o lugares en donde nunca las podemos encontrar.

La forma de concebir, en general, la violencia ejercida sobre los cuerpos feminizados como hechos aislados, aún cuando sean numerosos, y pertenecientes a la esfera privada, choca con la génesis que permite dar cuenta del recrudecimiento y crecimiento de este tipo de violencia. Pero en el caso de Nadia Rojas es cuanto menos evidente la responsabilidad del Estado, que no está dada únicamente por la omisión de un deber genérico, sino por la negligencia manifiesta que tiene el gobierno a la hora de garantizar herramientas para proteger a nuestras pibas. Porque la menor se encontraba a la supuesta salvaguarda de un refugio, dependiente de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y sus familiares comenzaban a recibir amenazas para coaccionarla a abandonar su denuncia. La niña, la adolescente, estaba por contarlo ante la justicia, pero antes de poder hacerlo volvió a desaparecer, a esfumarse. Había empezado a relatar su calvario, cuando un juez decidió trasladarla a un refugio del que volvió a desaparecer a los tres días.

Luego de su segunda desaparición, sus docentes de la escuela René Favaloro hicieron pública una carta denunciando la ostensible responsabilidad del gobierno porteño, aludiendo también a un caso anterior en el que una adolescente fue secuestrada, por segunda vez, tras reconocer a sus captores, y recalcando que el de Nadia no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una estadística aterradora que, según los datos que recolectados en su relevamiento, indica que en el transcurso del 2016 y lo que va del 2017, 22 jóvenes fueron desaparecidas de las escuelas de la zona de Lugano, Soldati y el Bajo Flores, entre otros barrios de la zona sur, en palabras de la propia carta publicada por los educadores. Esas líneas responsabilizan de forma rotunda al gobierno porteño, a la Directora General de la Mujer, Agustina Señorans, y a la Ministra de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri, de quienes dependía la integridad física de la joven, amparada en las paredes del refugio.

Sin lugar a dudas, el estado de emergencia en el que se encuentra la democracia, es un empujón inevitable hacia la naturalización de este tipo de hechos, y de la falta o subejecución de presupuesto en áreas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. Porque aunque seguimos luchando para que no transformarnos en una sociedad habituada a los atropellos democráticos y al destino de miseria que nos planifica el gobierno, hay algo a lo que la realidad nos tiene mucho más adaptados, que es ver esfumarse una de nosotras cada día. La foto con su cara que levantan sus familiares, amistades y docentes, los colectivos feministas, centros de estudiantes y algunos medios de información alternativos, dejó al instante de recorrer las pantallas y las páginas escritas de la maquinaria formadora de opinión masiva.

Su desaparición parece ser moneda corriente, una vomitada opinión del periodismo ocasional, preguntándose por qué, si es menor, no la estaban cuidando sus padres, opinando que seguramente se habrá fugado, que “huyó” del refugio, y que habría perdido el interés en seguir adelante con el proceso judicial (como si ello pudiera ocurrir por un voluntario y súbito cambio de opinión). Quizás, vuelvan a preguntarse qué paso con ella solo si se topan, eventualmente, con el resultado del más atroz de los desenlaces.

Nadia Rojas tiene 14 años y carga un embarazo, producto del abuso sexual denunciado tras su primera desaparición. Y, tal parece, no muchos la están buscando.-