La expropiación de Vicentín era un oportunidad histórica para construir una empresa pública agroexportadora de granos y productora de alimentos en el país.

Desde aquella decisión del presidente Juan Domingo Perón de construir el Instituto Argentino para el Intercambio, no se tomaba una decisión que pusiera en el centro de la agenda política la necesidad de pensar en nacional la exportación del principal comoditie que se produce en nuestra tierra.

La decisión de limitar la participación pública a una intervención en el concurso preventivo significa un enorme retroceso sobre aquella decisión. De ningún modo es lo mismo tener una participación activa en un concurso de acreedores que transitar el sinuoso camino de conflictos políticos y económicos que implica un proceso de expropiación.

Tampoco tiene el mismo significado que el sector público sea parte de una empresa agroexportadora controlada por el capital privado a lo que significa una empresa pública testigo en el comercio exterior de granos y productora de alimentos para intervenir en un núcleo determinante de la economía nacional.

Vicentín, sólo en la medida que sea controlada por el Estado Nacional, podría transformarse en testigo incómodo del complejo agroexportador que saquea al país desde hace décadas.

El comercio de granos

Según la Bolsa de Comercio de Rosario “Argentina embarcó más de 60 millones de toneladas de granos en el 2019, un 50% por encima de los despachos del año anterior y el volumen más alto de su historia. Además, el 70% de este volumen se embarcó desde las terminales portuarias del Gran Rosario”.

Para el año 2020, según la propia BCR, “se destacó que las exportaciones de los principales granos y productos derivados alcanzarían este año los 26.330 millones de dólares. Si se resta la salida de dólares por importaciones de soja, en términos netos, la agroindustria dejará así una saldo exportador neto de 25.090 millones de dólares, 280 millones de dólares por detrás del valor exportado en 2019.”

En la campaña 2018/19, apenas diez empresas, concentraron el 91% de las agroexportaciones (granos, legumbres, harinas y aceites vegetales). Las cinco primeras empresas concentran el 55% del total de ventas al extranjero.

Las cuatro primeras empresas son corporaciones multinacionales. La china Cofco lidera ranking tras absorver Nidera y Noble. La norteamericana Cargill en segundo orden. ADM Toepfer de origen alemán en tercer lugar, y Bunge en el cuarto. La primera de “capitales nacionales” es AGD que se encuentran en el quinto lugar, aunque asignarle carácter nacional a una empresa asociada con multinacionales extranjeras para la explotación de determinados segmentos económicos y que gira utilidades a guaridas fiscales, es absolutamente erróneo.

Lo mismo sucede con la “empresa nacional” ubicada en el sexto lugar del ranking que no es otra que Vicentin SAIC, la agroexportadora cuestionada por defraudar a la administración pública y en pleno desarrollo de un concurso preventivo en el que el Estado Nacional es principal acreedor de la misma.

Como se advierte, el segmento económico que mas divisas extranjeras le debiera aportar al país está operado por grandes grupos económicos de capital extranjero con sede, mayormente, en paraísos fiscales.

Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario, asesor de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso señala en ese sentido que “Todas las empresas del complejo oleaginoso tienen una inserción internacional. Algunas son grandes multinacionales extranjeras y unas pocas son empresas locales, con casas matrices acá, pero con un estilo de operatoria muy parecida a las otras".

El único camino por el que la intervención de Vicentin podría transformar un aporte nacional en el complejo agroexportador y limitar la concentración económica brutal que esconde, es que la empresa sea pública, controlada por el Estado, y cuyos objetivos estratégicos no estén vinculados a la lógica del mercado, si no, al desarrollo nacional.

El volumen exportado, apenas, desnuda el caudal de granos declarados por acopiadores y exportadores. Las investigaciones efectuadas sobre Vicentín han desnudado que el porcentaje declarado es sustancialmente menor al efectivamente enajenado del país.

Las operatorias de Vicentin con Vicentin Paraguay desnudaron dos maniobras que significan un severo perjuicio sobre la economía nacional. Las declaraciones juradas de exportación falseadas y por el otro, la dinámica de ventas intrafirma que perjudican los precios de transferencia.

Por un lado, la “simplificación burocrática” que Mauricio Macri lanzó para el sector agroexportador, les permitió a las grandes empresas del sector limitar el margen de información a una simple declaración jurada. Se menoscabó la exigencia de balanza, de inspección de porte y se limitaron las presentaciones y controles para asegurar el tráfico ilegal de granos al extranjero.

Por el otro, la dinámica histórica del sector la describe en forma acabada Sergio Arelovich quien destaca "La característica general, al igual que en otros mercados, es una alta proporción de comercio intrafirma. Es decir, la empresa exporta a otra empresa importadora que, o bien está vinculada, o es controlada o controlante de la que le vende. Cargill le vende a Cargill; Dreyfus a Dreyfus, etc. Los resultados del Anuario Estadísticas Tributarias de AFIP son muy ilustrativos al respecto: luego del 2001, la proporción de las exportaciones argentinas de la totalidad de las posiciones arancelarias que explícitamente lo exhiben en sus declaraciones juradas, lo fueron en algo más de la mitad a empresas vinculadas, controladas, controlantes o paraísos fiscales”.

En una entrevista realizada por el periodista David Narciso y publicada en Infobae, el especialista Arelovich destaca que “La totalidad de las compañías multinacionales extranjeras del complejo oleaginoso, se vende a sí misma la mayoría sino el 100% de aquello que factura”.

Y destaca que la ventaja que registran es notable: “Las ventajas son varias. Por ejemplo, al venderse a sí mismas conocen la demanda y orientan y reorientan la producción, cómo, cuándo, cuánto, etc. Producen porque saben que se lo van a comprar (sus propias firmas), por lo cual no es estrictamente comercio internacional, es cuasi comercio.”

Y agrega “Una segunda ventaja no tiene que ver con lo productivo sino con la opacidad del comercio internacional cuando las mercancías circulan dentro de la misma firma. Opacidad que pone en jaque la verosimilitud de lo que se declara y en especial los precios de las transacciones. A esto se lo conoce como precios de transferencia. Es el precio, por ejemplo, al que una multinacional ubicada en Argentina le vende a un eslabón propio que está en Holanda o China. ¿Ese precio obedece al mercado internacional? ¿Está dentro de lo razonable o no?”

En ese sentido, el especialista concluye “Es una maquinaria para hacer ganancias no declaradas, de utilidades por izquierda, no necesariamente evadiendo sino eludiendo parte de las normas.”

Expropiación necesaria

Como se advierte de un escueto análisis de los datos presentados, el complejo agroexportador Argentino es un sótano de la economía nacional. Un sector dominado por un cártel de grupos económicos extranjeros o extranjerizados por sus prácticas y dinámicas, que han montado un mecanismo de extorsión sobre el sector público para obtener opacidad en los controles y mejoras significativas en la maximización de sus ganancias.

El mercado agroexportador de la Argentina es un canaleta por la que se fugan divisas hacia paraísos fiscales, se evade impuestos y se concentra escandalosamente la riqueza mientras los salarios se deprecian y los alimentos aumentan.

La intervención decidida del Estados Nacional en esta dinámica perversa de la economía es no sólo una necesidad sino una responsabilidad frente a la historia.