Por Rebeca M. Westphal*

A mitad de año, los venezolanos recibimos la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michel Bachelet, en ocasión de reunirse con los distintos actores políticos del país para “evaluar” el complejo entorno económico y social al que nos trajo la decisión de la Casa Blanca.

Todos sabemos el vergonzoso final de la historia del informe. Otro instrumento, carente de rigurosidad, que le aporto argumentos a la oficialización del embargo económico contra Venezuela aplicado el 5 de agosto. El documento se vale de declaraciones parcializadas para imponer como verdad un estado de caos general, donde el gobierno de Nicolás Maduro es continuamente señalado, y al contrario, apenas se mencionan las sanciones estadounidenses.

Los medios, siguiendo la tradición de vender las versiones más escandalosas de una narrativa falsa, aseguraron que la evaluación de Bachelet demostraba que las venezolanas intercambiaban “sexo por comida”. Un rústico intento de aprovecharse de la violencia sexual contra la mujer, implícita en el sistema cultural del capitalismo, para sobredimensionarla en Venezuela y engordar el expediente contra la República Bolivariana.

Aunque este escenario no ocurre con el nivel de desastre humanitario que ansían los “defensores de DDHH” subordinados a Washington, tampoco son traídas de los pelos sus conclusiones. De hecho, sería normal que se diera como otra consecuencia del agresivo ataque a la estabilidad económica venezolana.

Si revisamos el mapa de conflictos globales en los que Estados Unidos ha intercedido, mediante mecanismos de asfixia financiera, para forzar el escenario a favor de sus intereses geoestratégicos, fácilmente vamos a detectar entre los grupos más vulnerables a las mujeres pobres y sus hijos.

Las sanciones económicas tienen un impacto directo en las mujeres, en la medida que agrava el bienestar social del territorio atacado. Ocurre un patrón en los más de 20 países que entran en la lista negra del Departamento del Tesoro: al precarizarse las industrias nacionales, como fue el caso de las fábricas textiles en Yugoslavia o Birmania, se le cortó un ingreso económico a las mujeres, empleadas tradicionalmente en este sector. Por ejemplo, tras las medidas estadounidenses contra las importaciones birmanas, se perdieron 180 mil puestos de trabajo, la mayoría ocupados por mujeres.

En un reporte sobre el impacto de las sanciones a Haití durante la década de los noventa, la consultora independiente de la ONU, Elizabeth Gibbons, ilustra el modo en que afectó a las mujeres, pues representaban el 80% de los trabajadores de la industria de ensamblaje, inoperativa por el embargo a las exportaciones.

En contextos de ese tipo, con instituciones nacionales debilitadas o sumidas en conflictos militares, el destino de las mujeres difícilmente puede escapar de la violencia y la prostitución.

¿Quería Bachelet, a fuerza de la palabra y por orden del poder financiero, proyectar el horizonte de las venezolanas al desasosiego que padece el género en otros puntos del mundo? ¿Tan flexible es su “sororidad”?

EL POR QUÉ SEGUIMOS DE PIE

Nosotras, las venezolanas que decidimos fusionar la condición de mujer y chavista en una sola andanza, hemos tenido que superar contradicciones extrañas para el hombre chavista, al ritmo que impone la guerra. No es aire de superioridad, sino por el mismo puesto que tenemos en la composición de la familia pobre venezolana desde hace varias décadas.

En este país, la madre es el centro que reúne a la clase trabajadora, y los vínculos entre ellas han tejido una red de resistencia en las épocas más violentas del capitalismo. Un fenómeno que podemos identificar en el testimonio propio, las memorias de las generaciones más viejas y las vivencias de quiénes frecuentamos.

¿Quién no tiene un relato de la abuela que levantó seis, ocho, diez muchachos, ayudó a criar a los hijos de la comadre y tuvo tiempo para escarmentar nietos y bisnietos? De esas que asumieron el cuidado de la prole como su tarea fundamental en el terruño donde vivieron. Aunque la dinámica aséptica y trivial de la modernidad nos hizo renegar de este pasado, de allí venimos todas y algo de ese dato queda en el cuerpo.

Madres procesadoras están a cargo de 3 mil 117 casas de alimento en todo el país (Foto: Archivo)

De golpe, cinco años de continuadas agresiones financieras, guarimbas y amenazas bélicas, nos obligan a abandonar las costumbres de la clase media y sus discursos de familias aisladas, para retomar la protección del bienestar general del país, con la responsabilidad que eso implica.

Para decepción de algunos grupos sectarios, todos los días resistimos el impulso de las discusiones odiosas y sinsentido contra el sexo opuesto, tan de moda en la actualidad, priorizando la urgencia de atender un país atacado por el enemigo en común. Habría sido cuesta arriba conformar más de 30 mil organizaciones CLAP si las mujeres del chavismo hubiesen tomado una actitud de confrontación con su hermano de clase.

¿QUÉ SOMOS AL CIERRE DE ESTA DÉCADA?

Desde hace tres años venimos ensayando una de las formas organizativas que mejor expresan la voluntad de la venezolana pobre a resolver las dificultades económicas de la comunidad como si fueran las de su propio hogar. En marzo de 2017, durante una alocución en el estado Yaracuy, Nicolás Maduro lanzó el dato nada desestimable de que el 73% de los líderes de calle que conforman los CLAP son mujeres.

La mayoría son abuelas y madres adultas, acompañadas del voluntariado masculino, que se encargan de hacer inventario con los insumos que el Estado venezolano provee, ya no solo alimento a hogares y escuelas, sino medicinas, agua y gas doméstico para distribuirlos entre los grupos familiares que lo requieran.

Las jóvenes, más propensas a caer en las distracciones del consumismo 2.0, se concentran plataformas como Somos Venezuela, que canalizan las atenciones sociales desde la innovadora herramienta tecnológica del Carnet de la Patria, implementada por las instituciones venezolanas para sortear el bloqueo y eliminar procesos burocráticos dentro de las misiones sociales.

Grupo de milicianas marchan en desfile militar (Foto: Archivo)

Ante las insinuaciones de invasión militar, añadimos a nuestra agenda la integración a la Milicia Bolivariana, componente de las Fuerzas Armadas que ya cuenta con 3,3 millones de milicianos.

Para el gobierno, somos un pilar fundamental en el aguante de las familias venezolanas, ante un destino hostil que se mantendrá mientras las decisiones del ejecutivo se orienten a construir espacios para el hábitat del Poder Popular.

Para la administración de turno en Estados Unidos, somos una amenaza digna de ser fulminada con exclusivas sanciones económicas. No se cansan de repetir que con su asfixia, presionan la salida de Nicolás Maduro, aunque las marcas en el cuello las tengamos nosotras.

Nota publicada en Misión Verdad