Por Enrique M. Martínez

¿Qué se quiere decir con soberanía?
Es la capacidad de una comunidad de planificar e implementar acciones para el bien común, decidiendo cual se considera el mejor camino, sin subordinación o dependencia de intereses públicos o privados extranjeros.
Se reitera un aspecto. Decimos: “sin subordinación o dependencia…”, lo cual admite la influencia en las decisiones nacionales, del comportamiento de esos intereses, pero no su hegemonía.

Es más. Hace ya mucho tiempo que se ha instalado en la conciencia popular la necesidad de contar con inversiones extranjeras para conseguir nuestro crecimiento económico. Hay una suerte de asociación automática, que indica que si esas inversiones aumentan, también lo hará nuestro bienestar.
Es oportuno reflexionar sobre la validez de ese lugar común. Lo haré desde una mirada lo más pragmática posible, eludiendo los prejuicios simétricos a los que se ha expuesto. O sea: No cuestionaré esa búsqueda de inversores extranjeros envuelto en la bandera argentina y reivindicando la patria en abstracto.

El punto de partida del análisis es elemental: Admitir que el flujo de fondos completo producto de una inversión cualquiera, depende del lugar en que quien hace la inversión tiene radicado su centro de interés económico y social.
Si un emprendedor porteño, como parte de su crecimiento, pone una sucursal en Catamarca, es muy probable que maneje los movimientos de fondos desde su banco en CABA, acumule sus ahorros allí y obviamente envíe las utilidades a CABA. Es decir: la sucursal catamarqueña crecerá al ritmo que la casa central porteña decida. Ese ritmo podrá ser alto al principio, si es que no había opciones provinciales disponibles, pero seguramente en algún momento pasará a ser menor que si la inversión hubiera tenido origen provincial, a causa del sistemático giro a otra provincia de fondos que podrían ser reinvertidos allí.
En EEUU, hace ya más de 50 años, se buscó regular estos escenarios, obligando a las empresas a manejar por el sistema financiero local gran parte de los fondos que se generan en el lugar, buscando atenuar ese obvio desequilibrio que acabo de describir. El resultado ha sido modesto, pobre, porque no hay norma legal que pueda encauzar la descentralización de los recursos, si una corporación tiene un lógico manejo unificado de la cuestión.
Traslademos ese conflicto al escenario de la inversión extranjera, en que el interés central del emprendedor está a miles de kilómetros de distancia, del otro lado de las fronteras nacionales.
No hace falta mayor explicación para entender que la inversión inicial puede haber sido virtuosa, pero hay un momento – no lejano – en que ese proyecto pasa a ser un freno para la inversión, comparado con lo que podría hacer un inversor nacional.

ENCUADREMOS EL VOLUNTARISMO

No estoy queriendo decir que un gobierno soberano debería evitar toda inversión extranjera. Esa inversión no solo aporta dinero. También aporta tecnología y puede aportar acceso a mercados externos de desarrollo complejo.
En consecuencia, un funcionario debe tener en cuenta todos esos atributos para estimular o desalentar esa llegada.
No es posible ser exhaustivo al indicar cuales son situaciones valiosas y las contrarias. Sin embargo, para ayudar a desmontar el escenario totémico que considera que toda IE es positiva, detallemos algunos casos donde eso no queda nada claro, sino lo inverso:

. Cuando una empresa extranjera compra una empresa nacional aplicada al mercado interno y se dedica a lo mismo que la antecesora, seguramente aumentando su participación en el mercado.
. Cuando se instala una planta de ensamblado de bienes de consumo, que importa masivamente los componentes y destina su producto final básicamente al mercado interno.

En los dos casos esbozados el resultado será un deterioro de nuestra autonomía de decisiones, acompañado de un balance de divisas obviamente negativo.

Hay otro escenario que se puede definir genéricamente: Cuando ámbitos nacionales cuentan o pueden contar con el capital y la tecnología y a partir de allí planificar su presencia en el mercado interno y externo. En tal caso, el capital extranjero sería innecesario y su presencia solo implicará pérdida de soberanía, con los efectos negativos antes comentados.
Tenemos un ejemplo muy cercano de este tipo.
Hace más de 15 años un centro de investigaciones de Conicet, instalado en Tucumán, mostró su capacidad de desarrollar yogures probióticos. La Provincia estuvo en condiciones de presentar un producto que llamó Yogurito, que se distribuyó especialmente como refuerzo alimenticio escolar para sectores humildes.
Desde entonces, lo consumen solo unos 200.000 alumnos tucumanos y unos 80.000 adicionales en tres provincias. Se consideró al producto parte del sistema de asistencia social y no se hizo convenios de producción y distribución con lácteas nacionales.
Estaba cantado que la empresa líder del sector lácteo, que se ha concentrado y desnacionalizado como buen parte del sector alimenticio, sumaría estos saberes para reforzar aún más su posición comercial ya dominante.
Sucedió. Por un convenio especial, ese Centro de Tucumán transfirió a la empresa en cuestión la tecnología que le permitirá estar en las góndolas de todo el país, aunque llegue solo a los estómagos de quienes tengan recursos para comprar un producto cotizado especialmente caro.
O sea: se tenía la tecnología; se tenía una posible red nacional de producción; se concluyó en reforzar la presencia multinacional y a la vez alejar el producto del consumo de una fracción humilde de la población.

Esto no fue fruto de una decisión maniquea de un funcionario entre cuatro paredes. Esto es la consecuencia de no diferenciar inversores nacionales de los extranjeros; de no entender que efectivamente es diferente, porque nos da oportunidades diferentes de calidad de vida a futuro.
Si en el lenguaje de economistas, de científicos, de dirigentes políticos, no reaparece el término “soberanía”, no como atributo religioso, sino de sentido común, no tenemos derecho a sorprendernos por la evolución lógica de una innecesaria hegemonía de intereses que están fuera de nuestras fronteras, que nos dañan y nos dañarán cada día más.

Enrique M. Martínez, presidente del Instituto de Producción Popular (IPP)