“Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Y los salarios son un costo más”. Mauricio Macri en el programa Fuego Cruzado, de Marcelo Longobardi, 1999.

Por Lucas Arzamendia

Después de las PASO de agosto, donde Cambiemos perdió la elección en 14 de 24 distritos electorales en el país, incluidos la provincia de Bs As -primer territorio electoral- y la provincia de Santa Fe -tercero, detrás de Córdoba- fueron varios los debates que giraron en algunos medios de comunicación de perfil “progresista” en torno a la caracterización del gobierno, su  relación con los electores, los rasgos ideológicos que presenta, la percepción de los votantes sobre esa ideología, y sobre todo, la agenda de ajuste que se viene en la Argentina si la alianza que gobierna llegara a conseguir el apoyo mayoritario en las urnas el 22 de octubre.

Cambiemos se consolidó en distritos claves -Capital Federal, Córdoba y Mendoza- y ganó en otros inesperados -San Luis y Neuquén-. En el caso que forcemos el análisis y pensemos la elección en términos nacionales- como lo hizo el kirchnerismo en 2009 y 2013- Cambiemos no ganó la elección, pero si creció en su caudal electoral. Las provincias, distintas entre sí, con esquemas frentistas y formas varias de peronismo locales, dieron batalla para que la mancha amarilla que grafica el mapa nacional como una panza no llegara a la cabeza ni a los pies. El desenlace de este plebiscito de medio término marcará la profundización o el descontento mayoritario (ponerle un freno es mucho más que ganar una elección legislativa) sobre los dos grandes objetivos de la administración Macri, ya mencionados en este portal: por un lado saquear la Argentina, y  por el otro modificar la estructura de legislación laboral para condicionar, sobre todo, los siguientes procesos económicos.

En ese camino transita la primera etapa de la reforma del trabajo: instalarse en la opinión pública. Antes de que el huracán Maldonado copara la agenda, tanto en los sitios web, en las redes sociales y los canales de televisión, la reforma comenzó a discutirse teniendo en cuenta el bochornoso antecedente brasilero. Si bien cada país tiene su particularidad y sus estructuras sindicales, políticas y sociales, es indiscutible que el espíritu de bajar el salario e intentar garantizar, aún más, las condiciones de precarización laboral son las mismas entre Macri y Temer. Lo prueba la frase que encabeza esta nota: la vocación por devaluar y por bajar los salarios es una coherencia histórica indiscutible del fenómeno que está sentado en la Casa Rosada. La cobertura orgánica que hizo el portal Infobae del caso de Brasil, trabaja las mismas líneas que viene desarrollando el gobierno en la Argentina: que la reforma fue necesaria para generar más puestos de trabajo, sacar al país de la recesión y mejorar las condiciones de competitividad.

Hay un viento de cola que sopla para Macri, es cierto. Además de Brasil, en Francia el presidente Macron acaba de impulsar una reforma,  más leve que la de Temer -claro, es muy difícil superarla en retrógrada- pero lo hizo en condiciones políticas muy desfavorables. Rajoy la impulso en España (en el 2012) con éxito bajo el argumento de aumentar los puestos de trabajo; pero los resultados post-flexibilización son todos negativos para las trabajadoras y trabajadores Españoles. El capitalismo mutó en las últimas décadas es sus formas del trabajo a nivel global. Se resquebrajó el Estado Social como ordenador de las relaciones laborales, en algunos lugares menos que en otros, pero fue la tendencia principal. El esquema salarial débil y “flexible” emparejó la balanza entre los formales y los informales: más trabajadores tercerizados, cuentapropistas, autónomos, monotribustistas. “Emprendedores”, la palabra que tanto le gusta al gobierno, más aún a Esteban Bullrich, que mandó a poner un puesto de cervecería artesanal a los que pierden el trabajo en la Argentina. Ni hablar del desempleo, que aumentó de forma sideral desde la política de Martínez hoz hasta acá, con la excepción sólo de los gobiernos de Néstor y Cristina.

Según datos de la UMET, la Argentina es el país que más se endeudo en moneda extranjera en el mundo. La deuda sumó 45.951 millones de dólares desde la asunción de Macri hasta junio de 2017. Muy atrás quedó Arabia Saudita, en segundo lugar, que emitió 263% menos. La fuga de capitales alcanza las cifra de 9.408 millones de dólares solo en los primeros tres meses de este año. Las cifras son muy grotescas, y esa relación, entre endeudamiento y fuga, da cuenta de la poca voluntad que tiene los inversores en la Argentina, que reclaman un esquema de mayor flexibilización laboral, en una crisis que están generando ellos en conjunto con el gobierno.

El ministro de trabajo Jorge Triaca, deslizó que la idea del gobierno es negociar acuerdos sectoriales con el eje en la modificación de convenios para bajar “los costos laborales” y “reducir la conflictividad”. El paquete también incluiría  facilidades para contratación y despidos, blanqueo para vínculos informales, reducción de pasantías y licencias por paternidad. En la cartera laboral hay un “paper” donde figura la creación de un “sistema de beneficios integrado por extensiones sobre las contribuciones patronales e incentivo para la contratación formal de los trabajadores” en los casos que no exista disminución del personal. O sea que quieren abaratar los despidos. En esa línea vienen los discursos de Macri sobre “terminar con la mafia de los juicios laborales”. Todo esto está sujeto en parte a la capacidad de resistencia del triunvirato cegetista, que con los acuerdos sectoriales ve amenazada su capacidad negociadora y llamó a votar por CFK, aunque después Schmid se diferenciara con la aclaración de que en realidad no votaría a Cristina. Una muestra más del carácter pragmático del moyanismo -clan familiar que forma parte del esquema de poder en la Argentina desde 2002- y que muestra en Pablo a un  opositor más claro. Por supuesto el factor clave es el resultado electoral del 22 de octubre, donde Cristina en la provincia de Buenos Aires tiene una batalla épica, con los oligopolios de la comunicación en contra, con el Estado nacional y  provincial como opositores y el partido judicial decidido a meterla presa si es derrotada, más un peronismo dividido que busca un nuevo orden.

Otro de los ejes a implementar en la reforma de las relaciones del trabajo, abarcaría el blanqueo de algunos trabajadores informales, un sistema de pasantías bajo la denominación de “prácticas formativas” y dinero para los sindicatos, en un esquema de capacitación para esas prácticas. Por parte de la CGT, se viene planteando terminar con la iniciativa interventora del gobierno sobre los sindicatos que recuerda a la fusiladora de Aramburu. Todavía todo muy en al aire.