Jorge Rendo, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda, son directivos y accionistas del Grupo Clarín. A Rendo le ubicaron en el extranjero 4,4 millones de dólares, a Magnetto y Aranda les encontraron cuentas no denunciadas en una guarida fiscal en las Islas Vírgenes Británicas en la última investigación internacional conocida como “Pandora Papers”.

A Carlos Alberto Moltini, presidente de Telecom, quien fuera durante 30 años gerente de Administración y Finanzas, sub gerente y gerente general de distintas empresas del Grupo Clarín, pasando por canal 13, Multicanal y Cablevisión-Fibertel, le engancharon 5,6 millones de dólares en el extranjero.

Ese pequeño detalle no fue obstáculo para que, entre el mes de diciembre de 2020 y agosto de 2021, el Grupo Clarín embolsara 970 millones de pesos en pauta publicitaria oficial asignada por el Estado Nacional.

Tampoco fue un obstáculo el hallazgo de cuentas en el extranjero al empresario Jorge Fontevecchia, propietario del grupo económico Perfil, para que le otorgaran a los medios vinculados a su estructura económica la suma de 121 millones de pesos, además de haberle pagado su propio sueldo durante la pandemia con fondos públicos.

A Julio César y Fernán Saguier de La Nación, les comprobaron en la causa en que se investiga la fuga de capitales protagonizada durante el Gobierno de Mauricio Macri, que -en apenas unos meses- lograron fugar de nuestro país 1,4 millones y 920 mil dólares respectivamente. Pablo Sirven y una gran cantidad de empresarios disfrazados de periodistas que integran la programación televisiva del canal del grupo, también tenían una parte del dinero en el extranjero.

Rendo, Magnetto y Aranda (Clarin); Moltini (Telecom); Fontevecchia (Perfil); Julio César y Fernán Saguier (La Nación)

Fuga de capitales y concentración de la pauta publicitaria son síntomas de una misma enfermedad que sufre la democracia en nuestro país. Una economía subordinada a intereses extranjeros, la comunicación hegemónica edificada para romantizar los intereses de una minoría social y grupos económicos que imponen un pensamiento único en el que sólo caben sus propios intereses, son la causa brutal de una desigualdad social que está erosionando los cimientos de nuestra democracia.

Producir riqueza en el país y atesorarla en el extranjero podría ser un acto de cipayismo, si además, no importara la comisión de una multiplicidad de delitos para evitar la adecuada facturación de la ganancia, la evasión o elusión tributaria correspondiente y en algunos casos, el lavado de activos de fondos procedentes de un ilícito anterior. Legal o paralegal, la fuga de capitales es un drama de nuestra economía.

Testimonio nítido de ello fueron las consecuencias económicas, políticas y sociales que implicaron los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri en el que el endeudamiento externo y la fuga de capitales, marcaron a fuego el condicionamiento futuro de nuestro país.

“La contracara de esta fenomenal deuda, fue una abultada fuga de capitales cuyos beneficiarios constituyen un reducido grupo de empresas y personas que aprovecharon las ventajas transitorias de un modelo que ofrecía importantes rendimientos financieros. En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los USD 86.000 millones. Apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de las personas humanas, dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos” sostuvo en un demoledor informe el Banco Central de la República Argentina el 1 de marzo de 2020, cuando analizaba la deuda externa contraída por Mauricio Macri.

A pesar de este informe elaborado por la autoridad monetaria del país, la deuda externa contraída por Mauricio Macri terminó por ser reestructurada, tanto con los privados, como con el FMI. No es casual que los principales promotores de la legalización y legitimación de la estafa contenida en la deuda externa, hayan sido los medios hegemónicos de la comunicación, cuyos directivos y gerentes, se beneficiaron escandalosamente de la fuga de capitales.

Lo paradójico es que una parte importante del sostén económico de esos mismos medios hegemónicos sea el financiamiento que obtienen con la pauta publicitaria asignada por el Estado Nacional.

Desde el 1 de diciembre del 2020 al 31 de agosto del 2021, el Estado Nacional invirtió 7.563 millones de pesos en pauta oficial. El 54% de ese monto, es decir, unos 4000 millones fueron recibidos solamente por 10 grupos empresarios.

La pauta publicitaria es la herramienta a través del cual el Estado publicita la gestión de gobierno (sea nacional, provincial o municipal). No es patrimonio exclusivo de éste gobierno la enorme desigualdad en la asignación de las órdenes de publicidad, es un flagelo de larga data y un problema estructural a resolver en nuestro país por la fuerte comunidad de intereses que se genera entre el establishment económico, el poder mediático y el poder político.

Dos tareas resultarían ineludibles frente a éste panorama: democratizar y federalizar la pauta publicitaria pública. Es, en definitiva, la razón fundamente de la naciente Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, el punto de encuentro de los principales marginados de la injusta distribución de la publicidad oficial.

En la agenda nacida al calor la organización de los medios cooperativos y comunitarios, en su encuentro con las trabajadoras y trabajadores de prensa, está el debate de un proyecto de ley que avance hacia una regulación democrática de la pauta publicitaria.

Nuestro pueblo tiene una agenda demasiado urgente para que le intenten imponer las pretensiones de un puñado de grupos económicos que no sólo tributan al extranjero su agenda periodística, si no que allí depositan la riqueza que producen en nuestro suelo.