Por Patricio Falabella 

“¿En qué momento se había jodido el Perú?” reflexiona el personaje Santiago Zabala, dando comienzo a la célebre novela “Conversaciones en La Catedral” de Mario Vargas Llosa. Esta reconocida reflexión no se agota en la brillante descripción que la obra literaria hace de la dictadura de Manuel Odría. Lejos del presente ideológico del escritor conservador, la actual crisis política del modelo neoliberal Peruano nos obliga a reformular la interrogación introspectiva de “Zabalita” y enunciar: ¿en qué momento el neoliberalismo volvió a joder al Perú?

Con una brecha cada vez más ensanchada entre representantes y representados, desencanto, fragmentación y hartazgo social en aumento, el pueblo peruano llega a elecciones en medio de la represión policial y criminalización de la protesta social, debilidad e incongruencia institucional, inestabilidad política y corrupción generalizada. Asimismo, frente a la pandemia mundial del Covid-19 sufre las consecuencias de una desastrosa administración sanitaria y humanitaria.

El origen de este atolladero tiene raíces estructurales más profundas de índole económica, social, política y cultural, que van más allá de una crisis político-institucional  de coyuntura electoral.

En este crítico contexto, que debe comprenderse a partir del agotamiento y resquebrajamiento de su modelo neoliberal, se desarrollarán bajo total incertidumbre, desencanto y fragmentación política, las próximas elecciones del 11 de abril para Presidente de la República.

La calesita presidencial y el agotamiento neoliberal

Pareciera un recuerdo muy lejano esa reñida segunda vuelta durante el invierno del 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski sorprendentemente lograba derrotar a  la ultra-conservadora Keiko Fujimori, y proclamarse como flamante presidente del Perú. Hasta entonces, cuatro presidentes han desfilado durante los últimos cinco años que establece el periodo constitucional que dura el cargo Ejecutivo. El banquero conservador fue el último presidente elegido por el voto popular (sin llegar a los dos años de mandato) forzado por sus vínculos  en un escándalo de sobornos, tuvo que renunciar. Su sucesor, Martin Vizcarra, que ejerció el mandato durante  poco más de dos años y medio -y en el ojo de la tormenta de otro escándalo político- orquestado por congresistas tan conservadores como él, fue destituido bajo el cargo de  “incapacidad moral permanente”.

Esta inacabada y extenuante transición política se remató en noviembre del año pasado con otro golpe de timón parlamentario, el interinato presidencial tuvo un nuevo recambio de figuritas conservadoras,  después de una fugaz semana en la función suprema, el ignoto Manuel Merino fue destituido y remplazado por la incógnita de Francisco Sagasti. Esta crisis recorrió su punto más tenso a partir de la represión a las movilizaciones populares que salieron súbitamente del letargo, exigiendo respuestas a una decadente clase política que, no da muestras claras de estar a la altura de las circunstancia para salir de un agotado modelo neoliberal.  

Corrupción institucionalizada: Inestabilidad política permanente

En los años sesenta, el modelo económico liberal implementado entró en crisis y el país debió enfrentar con poco éxito una serie de conflictos estructurales y desestabilizadores. Durante los años ochenta se hundió en la amarga experiencia de un conflicto armado entre el Estado y las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que se cobró casi 70.000 muertos, desapariciones forzadas e innumerables violaciones a los derechos humanos[i] , mientras que la antesala de la década del noventa se experimentaba una hiperinflación que exacerbaba el descontento popular y alimentaba una severa crisis de representación política.

Esta debacle de la clase política tradicional alentó la llegada de figuras provenientes del ámbito privado, con un influyente discurso anti corrupción y saneamiento de los asuntos públicos. Este nuevo bloque de poder fue la punta de lanza de la penetración neoliberal que logró disolver la frontera entre la esfera pública con los intereses privados.

En este contexto, el autócrata  Alberto Fujimori, un Ingeniero de origen japonés, llegaba a la presidencia derrotando al escritor conservador Mario Vargas Llosa.

Desentendido de cualquier tipo de connotaciones liricas, la larga y triste noche neoliberal del “chino” (Fujimori) estaba a punto de comenzar para Perú. En un súbito autogolpe y con el apoyo del ejército, Fujimori disolvió el Congreso, suspendió las garantías constitucionales y convoco a una Asamblea Constituyente. La nueva Carta Magna, aprobada en 1993, permitió una reforma de fuerte corte neoliberal, ciñendo el rol del Estado al de “promotor del sector privado” en el marco de una “economía social de mercado”.

Esta institucionalización de los intereses de los grupos concentrados económicos, no finalizó con la destitución y fuga de Fujimori a Japón durante el año 2000. Por el contrario, el desvanecimiento progresivo de la frontera entre los intereses públicos  nacionales y los intereses privados de la élite dominante, fueron la consecuencia de un sistema que no termina de generar escándalos de corrupción. Además, las frágiles alianzas electorales impiden la conformación de un nuevo bloque de poder, y dan como resultado la inestabilidad política permanente.  

Cultural neoliberal,   ¿Conocido presidencialismo vs. novedad parlamentarista?.

En los últimos cuatro años distintos ex presidentes de la era post-Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski y hasta el reciente destituido Vizcarra, deberán responder ante la justicia por hechos de corrupción. El caso del ex presidente Alan García tuvo un desenlace trágico, suicidándose  en momentos previos a su detención. Este es el triste y desolador aire que se respira en las vísperas electorales de este año. La herencia neoliberal de Fujimori sigue sujeta al entramado institucional del Estado peruano, pero uno de los mayores logros del régimen fujimorista fue instaurar este germen en la cultura de la sociedad peruana.

A grandes rasgos, esta cultura hegemónica neoliberal se destaca fundamentalmente por el descreimiento en la organización colectiva y la representación política popular para resolver los asuntos públicos. Es la misma cultura que exacerba los asuntos privadísimos de las personas, revaloriza la meritocracia y el éxito y el deseo consumista   del individuo.

Otro factor de importancia para analizar, es el inédito mecanismo de control del poder institucional. A partir de la reforma constitucional de 1993, existe un componente híbrido en el sistema de gobierno que oscila  entre el conocido presidencialismo y el novedoso parlamentarismo. Sin entrar en los detalles de su funcionamiento, la mixtura de rutilantes figuras institucionales,  (Voto de Investidura del Gabinete de Ministros, Voto de Censura Ministerial, Disolución del Congreso) con el tradicional presidencialismo que caracteriza al Perú y nuestra región, fue desfigurándose en tergiversaciones  y excesos  que desdibujaron  los mecanismos de control y patrocinaron la inestabilidad política permanente. Esta peculiaridad, no puede ser la causa exclusiva de las recurrentes crisis políticas, pero cierto es que tampoco ha respondido como mecanismo facilitador a la hora de destrabar conflictos, más bien, ha contribuido al desequilibrio del poder Ejecutivo. Este desquicio en el control de los poderes del Estado se ha convertido en una incongruencia institucional que obstruye canales políticos de emergencia y detona en crisis políticas extenuantes.

Fragmentación, escepticismo, crisis sanitaria y nueva Constitución.

Según un estudio publicado durante el mes de marzo por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica[ii] (CELAG), la crisis sanitaria es la mayor preocupación para la sociedad peruana: poder vacunarse contra el Covid-19 supera todas las expectativas de los consultados, relegando a un segundo lugar  la posibilidad de encontrar/mejorar su trabajo.

La crisis sanitaria también se refleja a la hora de evaluar de manera ampliamente negativa la actual gestión de Francisco Sagasti  (66% de reprobación). En este contexto de aguda crisis política, queda reflejada  la urgencia de la sociedad para superar la inestabilidad permanente, en este sentido, un amplio porcentaje (86%)  considera necesario una nueva constitución o una reforma de la misma. El anhelo esperanzador también se comprueba con una mayoritaria expectativa positiva (56%) respecto de las próximas elecciones.

Ahora bien, esta expectativa de confianza, no se traduce en términos políticos a ninguna de las propuestas de la oferta electoral. Por el contrario, el escepticismo de los votantes se mantiene constante y se lo puede corroborar en la atomización de las preferencias sobre la oferta de candidatos.  Así lo señala uno de los últimos estudios realizado por la consultora IPSOS en coordinación con El Comercio. Solo 5 de los 18 candidatos en competencia superan el 10% de intención de voto, mientras que otros 11 candidatos no superan el 4%. En este contexto, nadie se anima a confirmar quiénes competirán en una inequívoca segunda vuela.

Con este marco, con un 21% de intención de votos, aparece primero en las preferencias el candidato de Acción Popular Yonhy Lescano, con un discurso re direccionado a la centro-izquierda. Le siguen en una reñida disputa por el segundo lugar, el alicaído outsider y ex arquero de la selección de fútbol peruana, George Forsyth, de Victoria Nacional, mientras que el voto duro ideológico de la derecha, se lo disputa entre Rafael López Aliaga, de Renovación Popular y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, la dirigente progresista Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, es una de las candidatas que mejor aprovechó el debate presidencial y una de las que mayores expectativas tiene dentro del amplio espectro de los indecisos. También se aproximan a este pelotón el consultor de ideología versátil, Hernando de Soto, de Avanza País.

La diferencia por el segundo lugar es exigua y volátil, y aparece de acuerdo al orden enunciado entre el 14 % y el 10% aproximado. Los desafíos del próximo gobierno son de altísima complejidad, entre los que se combinan la pandemia y el colapso sanitario con ocho respiradores disponibles en Lima y 92 en todo el país[iii],  caída anual de la actividad económica del 9% (en un país que registra una informalidad laboral de casi el 70%),  y aquellos problemas y históricos y de carácter estructural. Esta olla de presión se corresponde  con en agotamiento del modelo neoliberal, y la imposibilidad de los actores políticos para conformar un nuevo bloque de poder que permita encontrar soluciones eficaces a la crónica inestabilidad política, incongruencia institucional, narcotráfico, corrupción generalizada, y el profundo crecimiento desbordado de la marginalidad y la pobreza.

Chile, Ecuador, y los tiempos convulsos de la Patria Grande

Son tiempos convulsos de nuestra patria grande. La gran jornada electoral de este 11 de abril se completa con la segunda vuelta presidencial en Ecuador. En Chile, las elecciones programadas para este mismo 11 y 12 de abril, están siendo reprogramadas para el 15 y 16 de mayo debido a la crítica situación sanitaria ocasionada por la pandemia. En este país, está en juego para el pueblo trasandino nada menos que la posibilidad de salir de la ignominiosa constitución pinochetista. Algunos analistas advierten, que el desenlace de este proceso de apertura y transformación político social y cultural marcará el rumbo de la agenda política en la región. En el caso ecuatoriano, habrá un ballotaje que definirá entre los intereses de los poderes económicos concentrados, representados por el candidato de pura cepa de la derecha, el banquero Guillermo Lasso (Movimiento CREO), y los intereses de las mayorías populares, representadas por el binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Esta fórmula encarna la posibilidad de recuperar una agenda progresista basada en la soberanía política, la justicia social, la independencia económica, con una contribución fundamental para reconstruir la unidad y la integración regional. Las noticias son alentadoras, y las últimas encuestas arrojan  una amplia diferencia (17%) para la fórmula de Unión por la Esperanza (UNES).

Los pueblos de nuestra patria grande demuestran un hartazgo generalizado y una voluntad de lucha inquebrantable frente a las políticas neoliberales. Pueden expresarse mediante el escueto margen de maniobra que les permite la institucionalidad conservadora: como en Argentina en 2019 y Ecuador en esta elección. Por otra parte, pueden convertirse súbitamente en el polvorín del marzo paraguayo o  en la incertidumbre chilena, que más allá del iniciado y sin retorno proceso de reformas, estará signado por el termómetro que marque el pueblo en las calles.

Por otro lado, Brasil sigue el naufragio de la derecha neoliberal: sólo la reaparición política de Lula puede navegar la próxima tormenta que antecede el desastre político, social y humanitario que causó el gobierno de Bolsonaro. También destacamos la recuperación de Bolivia de la tempestad golpista neoliberal: con la oportunidad de hacer justicia histórica, el actual gobierno retoma el camino de la paz y la justicia social, juzgando y encarcelando a los responsables que a través de una dictadura violenta y racista, cometieron todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos.

Si bien no existe una línea ideológica homogénea a lo largo de Latinoamérica que permita marcar el rumbo tanto de las elecciones peruanas, como de la agenda política regional, existe un denominador común frente a las oligarquías dominantes de la región ¡nunca más neoliberalismo!