Y algunos periodistas dirán, rencorosos, que el evento fue de “difícil cobertura”, atento a la aparente imposibilidad material de las corporaciones mediáticas de cumplir con una definición soberana de dicho espacio: lxs periodistas con el mandato de ir a documentar lo que suceda, no pueden ser varones cis (es decir, personas cuyo sexo biológico e identidad auto percibida coincidan con el género masculino asignado socialmente). A la Oveja Negra no le pareció tan complicado cumplir con esta directiva, para abordar el objetivo de poder replicar al resto de la comunidad cuáles fueron algunas de las participaciones.

Lo cierto es que las voces son tantas como los reclamos, y la multiplicidad de los mismos da cuenta de la enorme cantidad de problemáticas que tienen su origen en las desigualdades existentes.  Algunos testimonios lograron cierta repercusión en los últimos días, otras siguen aún en la ardua tarea de romper el cerco de silencio que rodea a las historias que no dan rating.

Antes de abrir la dinámica asamblearia de este viernes 16 de febrero, el micrófono circuló por las manos de las mujeres a las que se les ha arrebatado su fuente de trabajo, y, con ella, su único medio de subsistencia individual y familiar. Lo que los despidos masivos no han podido arrebatarles a estas trabajadoras, es la organización popular, y eminentemente femenina, única y no menor herramienta para luchar por las reincorporaciones a sus ámbitos laborales, y por todos los derechos que se escurren entre las manos que han abierto un telegrama de despido.

Mónica Schlotthauer, delegada de limpieza ferroviaria del Tren Sarmiento, nos contó la historia y la lucha que están llevando adelante junto a Gisela Herrera, “despedida por ‘faltadora’ después de haber tenido ocho meses una licencia psiquiátrica, que debió haber sido otorgada como ‘licencia por violencia de género”. El reclamo por su reincorporación no puede escindirse de la violación de sus derechos laborales, y de la ley 26.485 de prevención integral de las mujeres contra todo tipo de violencia. Dicha normativa “protege a las mujeres víctimas de violencia que hayan notificado a las empresas sus situación, asumiendo la obligación de cuidar la salud mental de la afectada, y obliga a que le den herramientas para poder salir de esa situación”, nos explicó. “Gisela estuvo 8 meses en tratamiento psiquiátrico que fue supervisado y acreditado en el servicio médico, a partir de ahí la empezaron a perseguir, a no justificarle los días de falta, y terminó en la calle.” Gisela tiene 24 años y 4 niñxs menores bajo su cuidado “y, la verdad, se la tiramos a un violento” añade con pesar e indignación su delegada. “Lo que no logró el marido, que era un perverso que no la dejaba trabajar, lo lograron los violentos que tenemos en recursos humanos. Este es el cuarto despido que tenemos después de 12 años, pero ella es la primera mujer, y es una mujer vulnerable. Cuando dicen ‘la faltadora’, no están hablando de una persona que no quería trabajar, sino de una mujer que no podía ir a trabajar”. En su relato, Mónica nos cuenta que Gisela es quien se hace cargo del cuidado integral de los hijos, además de ser jefa de hogar y víctima de un hombre violento que le propinaba fuertes golpizas en el horario en que ella tenía que ir a cumplir con sus obligaciones laborales, no obstante lo cual, la falta nunca parecía ser justificada. En este marco, además del reclamo particular por la reincorporación de la joven trabajadora despedida injustamente, se suman a los reclamos de este 8 de marzo: la justificación de la ausencia al lugar de trabajo, los días que sean necesarios, como consecuencia de sufrir violencia de género, asistencia psicológica y asesoramiento legal gratuitos, y además “la continuidad de los talleres de prevención contra la violencia de género que habíamos comenzado, los cuales fueron suspendidos tras un conflicto gremial. Se hizo un convenio con el Consejo Nacional de Mujeres, dijeron que se iban a continuar y todavía no han comenzado, y estamos esperando que el CNM intervenga”. Por último, nos contó también cómo seguía su plan de lucha después del paro y movilización del 8M: “el 28 de marzo vamos a hacer una concentración en Once y en Castelar, para fortalecer el reclamo a la gerencia a partir de las 15 horas”. Al apoyo constante que las compañeras de Gisela le están brindando, nos pidieron que le sumemos el nuestro, el de las mujeres que luchan, y la difusión de las voces que se niegan a callar.

Cynthia Bernabitti, enfermera del Hospital Posadas, del área de terapia pediátrica, después de 15 años de trabajo fue despedida pasando así a integrar una lista de 122 personas desvinculadas de dicha institución, “más los 10 del 2017, más 641 del 2016, todo con esta gestión”. Muchas de esas despedidas, son mujeres “en general, sostén de familia, inclusive mujeres embarazadas o con bebes muy chiquitos, pese a que está fuera de la ley lo han hecho igual, así como también a personas que están en tratamiento por cáncer o con certificado de discapacidad, que pasaron a verse totalmente desprotegidas”. Lejos de aquietarse, las despedidas del Posadas se acercaron para dar a conocer su caso a la vasta convocatoria de la asamblea, sumando su voluntad a las acciones planteadas para el 8 de marzo, y llamando a “fortalecer los vínculos entre nosotras, para poder seguir luchando en unidad, como se viene haciendo y como venimos demostrando. Esta unidad hace que nosotras ahora no solamente estemos resistiendo, sino que también estemos peleando”, ratificando la continuidad de su lucha, ante la ausencia de respuesta gubernamental.

La multiplicidad de conflictos que fueron tomando protagonismo tiene varios factores en común: la creciente dificultad para afrontar un contexto de ajuste económico, en donde el costo de vida se eleva por encima del poder adquisitivo de la clase trabajadora, las desigualdades de acceso y oportunidades, y  la falta de distribución equitativa del trabajo no remunerado, como el trabajo doméstico y de cuidado, que recae sobre los hombros de las mujeres, sean o no también trabajadoras fuera de su casa. Las despedidas de la Casa de la Moneda, del Ministerio de Defensa, las del Inti, las mineras de Río Turbio, y mujeres del trabajo cooperativo, sumaron sus experiencias en defensa de las acciones del 8M por los derechos de todas las trabajadoras.

El conjunto de mujeres movilizadas ha logrado conformar un movimiento más grande que el que hace al universo de los reclamos propios “de género”. No solamente porque ha gestado la capacidad de empatizar con historias e identidades que tienen como protagonistas a otras sujetas, sino porque, además, ha fortalecido la presencia de las mujeres en las calles, acompañando legítimos reclamos, no necesaria o directamente vinculados a aquellas banderas que nos unieron en principio. Numerosas mujeres de distintos espacios, muchos de esos de reciente nacimiento, han engrosado las movilizaciones contra la reforma previsional, y han sido así también blanco de la brutal represión con que se impuso el ajuste a las jubiladas y jubilados.

Al respecto, nos relató Pilar Díaz, de la agrupación Madres Amazonas: “el pasado 14 de diciembre fuimos detenidos 44 compañerxs, hombres y mujeres, en el contexto de la manifestación contra la reforma previsional. A mí me dieron la excarcelación el día 29 de diciembre, y todavía quedan dos compañeros nuestros, en el penal de Marcos Paz, y en Devoto, todos acusados de lo mismo: intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad”. Pilar alternaba sus charlas con otras asistentes a la asamblea, con una caja a cuestas en su andar pausado, en donde recibía las colaboraciones de otras mujeres para un fondo en beneficio de lxs detenidxs y sus familias. Y cuando le tocó contarnos cuáles son los desafíos que trajeron como propuesta para incorporar a la abultada agenda del próximo 8 de marzo, explicó cómo la situación carcelaria de las presas y los presos redunda en una condena que no solo se vive en primera persona, sino que se extiende también a sus familias, “de hecho, las compañeras de los dos que están aún detenidos, están ambas embarazadas, y se ven muy afectadas cada vez que tienen que movilizarse, para ir al penal, además de tener que pasar por una revisación que prácticamente es manual, y absolutamente vejatoria”. La criminalización de la protesta social que lleva adelante este gobierno, y de la que hizo manifiesto alarde en las jornadas de diciembre aludidas por Pilar, es un eslabón más en la cadena de desigualdades que recaen sobre los hombros de muchas mujeres. Al enumerar los reclamos que venían a poner en agenda a la asamblea, añadió “nosotras pedimos que se deje de revictimizar a las mujeres víctimas de violencia, como lo hacen cuando nos quitan a nuestros hijos e hijas, para entregárselos a varones violentos”, trayendo así una realidad habitualmente silenciada en los ámbitos periodísticos y académicos, que merece ser oída: “el llamado ‘síndrome de alienación parental’ (SAP), es una herramienta jurídica que se usa para estigmatizar a las madres, caracterizándolas como alienadoras, al intentar impedir éstas el contacto de sus hijas e hijos con el progenitor violento. Lamentablemente, es una herramienta jurídica utilizada actualmente en numerosos casos en el país, en contra de la mujer que denuncia un hecho de violencia física, psicológica y/o sexual. Pero esta herramienta es genérica: apunta a que siempre la alienadora es la madre”. Dando así un testimonio de cómo las violencias institucionales, judiciales, económicas, y también interpersonales, golpean juntas, como los dedos de un mismo puño que va avasallando los derechos de un grupo de mujeres: las más precarizadas, las desocupadas, las que no pueden acceder a la justicia y, en no menos oportunidades, a este tipo de información que circula de forma libre y gratuita, en la garganta de quienes han decidido romper el silencio.