Por la Descamisada Revista Digital*

En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó el fallo F.A.L s/ medida autosatisfactiva que confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autoriza la realización de la práctica de aborto respecto de una jóven de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, se rechazó el recurso extraordinario que, en representación del nasciturus (persona antes de nacer alojada en el vientre de la mujer), interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.

El fallo llegó para poder aclarar la confusión en materia de interpretación sobre los artículos del código Penal que mencionan el aborto, en particular el artículo 86 inciso 2 del Código Penal

ARTICULO 86. - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

La cuestión circulaba acerca de si  el mismo alcanzaba a la mujer no incapaz mental que había sufrido una violación. El fallo aclara que el aborto no punible para  la víctima de una violación o atentado al pudor comprende a todos los casos de abuso sexual y no solamente a los de la mujer incapaz mental y que la víctima no puede ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo ya que, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible. Lo que algunos juristas interpretan es que en ese fallo se despenalizó el aborto en caso de abuso sexual.

El pronunciamiento de la Corte Suprema evita la judicialización de un derecho y permite  dar respuesta ante futuros conflictos análogos. De ésta manera los médicos no deben concurrir a instancias judiciales cada vez que realizan la clase de abortos no punibles.

El fallo explica que los jueces como garantes de derechos no pueden ser obstáculo y deben mantenerse al margen en relación a la judicialización de este tipo de prácticas que quedan a decisión del paciente y el médico.  El fallo F.A.L también instó a organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar protocolos para garantizar prácticas que borren barreras administrativas y posibiliten el acceso a los servicios médicos  y al ejercicio de los derechos. En la actualidad ocho jurisdicciones no cuentan con protocolos (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán) y ocho jurisdicciones regulan los permisos con exigencias que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles (CABA, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta) en tanto que siete provincias poseen protocolos que se corresponden con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz, Santa Fé y Tierra del Fuego)

A diferencia de lo que veníamos hablando, la ciudad de Rosario _en línea con el derecho de las mujeres a acceder a abortos no punibles previstos por el Código Penal y, considerándolo un derecho humano de orden constitucional, respetando la objeción de conciencia de los profesionales, pero no de las instituciones y entendiendo que el Estado debe garantizar el derecho a la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, la no discriminación y la legalidad_ adhiere a  la resolución Nº 612 del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fé y desde el año 2012 la CIudad de Rosario no presenta muertes por abortosclandestinos. En contraposición, como mencionamos, por ejemplo la Provincia de Tucumán no solo no acata el fallo de la Corte sino que por medio de una resolución comunal se niega a aceptar un debate sobre la despenalización del aborto y ordena vedar todo tipo de acción que tenga como objeto la interrupción del embarazo. Si analizamos esta situación desde el punto de vista jurídico no tiene asidero que una comuna emane una ordenanza municipal para ponerse en contra de un cuerpo legal como el Código Penal, desconociendo no solo legislación nacional sino de tipo internacional con rango constitucional en materia de aborto no punible. Pero en los feudos del norte de nuestro país parece que es posible y, lamentablemente, son solo las organizaciones feministas las que inicialmente denuncian estos actos ilícitos por parte de los gobiernos y recién ahí lo despliegan (sin mucho análisis) los medios de comunicación.

Según la Campaña Nacional por el Derecho Al Aborto Legal Seguro y Gratuito anualmente se inducen entre 370.000 y 520.000 abortos, es decir que la penalización no minimiza su práctica.

“Las mujeres que recurren al aborto clandestino y son pobres están privadas no solo de la protección adecuada de su salud, sino del goce de los adelantos tecnológicos y científicos, del acceso a la información, de la seguridad que se proclama uno de los bienes sociales que debe ser amparado por el estado, de una vida libre de violencia, discriminación y tortura”

Entonces, ¿no es ya hora que legalicemos el aborto? Ya dimos demasiada rienda suelta a los supuestos “pro-vida” cuya solidez argumental es equiparable a la idea de que la tierra está sostenida sobre cuatro elefantes parados en una tortuga gigante. Los verdaderos argumentos a favor de la vida son los que no quieren ver más mujeres muertas por abortar, por ser pobres, por carecer de un Estado que las acompañe.

*Fuente: www.ladescamisada.com