por Ariel Pennisi *

Chocobar como apuesta política

El caso Chocobar es un eslabón más en el intento del gobierno de convocar a la sociedad a una política punitivista que, como marca la tradición de nuestras fuerzas de seguridad, se desplaza por fuera de las garantías y derechos básicos (de ahí el uso peyorativo del término “garantismo”). La desaparición forzada (1) seguida de muerte de Santiago Maldonado, con la actuación represiva de la Gendarmería y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura fueron sucedidos por una combinación de mentiras y apoyos a las fuerzas por parte de la ministra Bullrich y otros funcionarios y referentes de Cambiemos que van de Pablo Nocetti a la mismísima Carrió.

La intervención del presidente Macri, a más de un mes y medio del hecho, tuvo lugar en pleno secreto de sumario, pero inmediatamente después de dos circunstancias que, al parecer, le dieron el pie: por un lado, el cambio de carátula de la causa (de “defensa legítima” a un homicidio por “exceso en la defensa legitima”, de acuerdo a la interpretación del art. 34 del Código Penal hecha por el juez de Menores Enrique Velázquez) que incluye el procesamiento de Chocobar y el embargo preventivo (aplicable en caso de perder un potencial juicio en carácter de costes de la parte querellante), y por otro, la trascendencia mediática que mostró al policía como una víctima no de sus propios excesos, sino de los excesos de un juez… “garantista”. Luego, el montaje: el llamado a la prensa, la recepción en plena tarde al policía en la Casa Rosada junto a la cuestionada Ministra de Seguridad, el twitt presidencial: “Hoy recibí a Luis Chocobar en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”. Una escenificación parecida, aunque menos elaborada tuvo lugar cuando a mediados de septiembre de 2016, en Zárate, tras un robo el carnicero Daniel Oyarzun persiguió con su auto a Brian González –poniendo en el camino la vida de terceros en riesgo– hasta atropellarlo y matarlo. En esa ocasión Macri salió a hablar del caso en los medios y pidió la liberación del imputado por asesinato simple sosteniendo que se trataba de “gente sana”. Al día siguiente se le concedió una excarcelación extraordinaria, pero un video mostró la alevosía con la que Oyarzun pasó por arriba del cuerpo agonizante y el procesamiento se hizo efectivo.

¿Qué hacía Patricia Bullrich en la Casa Rosada? Teniendo en cuenta que el mapa de autoridades que desemboca en Chocobar hace vértice en la gobernadora Vidal y no en el Ministerio de Seguridad de Nación, la respuesta salta a la vista y tiene que ver con la visibilidad: hacía teatro junto al presidente. Chocobar es producto de la Ley de Policías Locales originada en una discusión en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que prometía renovación (sobre todo en relación al proyecto presentado por Marcelo Saín, experto en la materia). Finalmente, Scioli sacó la ley por decreto, negociando partes del proyecto original con otro proyecto más conservador. De ese modo, la creación de policías locales quedó disponible para los municipios adherentes al Decreto y cada policía municipal correría con la responsabilidad política de cada intendencia. Los escalafones de menor a mayor jerarquía resultan ser: Jefe de Unidad de Policías Locales (UPL), Jefe de zona de PL, Superintendente de PL, Subsecretario de Planificación dependiente del Ministro de Seguridad provincial (Ritondo) y, en este caso, gobernadora María Eugenia Vidal.

Chocobar forma parte de la Policía Local de Avellaneda, de 600 efectivos, y es el único, desde su creación en marzo de 2015, que pasó por esta situación, el único de su fuerza que mató vestido de civil. El criterio de la conducción política de la policía de Avellaneda se aleja ostensiblemente de la actuación de Chocobar, desde la formación que brinda a sus miembros, el gabinete psicológico por el que pasan cada uno de ellos tras una situación de violencia, el retiro del arma y el pase provisorio a tareas administrativas para casos en que existe la mínima duda sobre la situación física y mental del efectivo y las permanentes instancias de formación orientadas a evitar el uso del arma. Las estadísticas y los reconocimientos (incluso por parte de la propia gobernación) dan cuenta de una eficacia ejemplar. Pero la conducción política de la policía, si bien le da su forma efectiva y trabaja en el día a día, la organización y los diagnósticos, no tiene un correlato administrativo, es decir, que en última instancia son las autoridades de la provincia (según los escalafones explicitados) las que deciden. Y en este caso, la orden del gobierno como bloque se expresó doblemente, primero bajo la forma de un pedido de ascenso a Chocobar y luego autorizando al policía a dar una conferencia de prensa seleccionando previamente los medios presentes: TN, América TV, Telefé y el programa de Lanata.

El gobierno y las autoridades de las áreas de seguridad de la provincia y de nación premian a quien presumiblemente hubiera recibido, aparte de tratamiento psicológico, una sanción por parte de quienes dieron forma a la policía de Avellaneda. Cambiemos premia a un policía procesado ya muy benévolamente por un juez (¿da cuenta de la atmósfera política que pesa sobre el poder judicial?). Lo exalta como “héroe” y acredita en un error evidente que suena a titular mediático: “el policía le salvó la vida al turista”. No fue así, Chocobar no detuvo ni el robo ni la agresión, persiguió como correspondía a los responsables y luego actuó más allá de lo que correspondía matando a uno de ellos. Quien sí salvó la vida del turista Joe Wolek fue un médico del Argerich, Yamil Ponce. Wolek agradeció la atención y sostuvo: “No quiero hacer política, pero soy fanático de los hospitales públicos…” ¿Formará parte Wolek de esa “inmigración descontrolada” acusada por Macri cuando Jefe de Gobierno, ahora que usó el hospital público? Lo cierto es que no recibe ni médicos ni maestros en la Casa Rosada, recibe a un policía procesado por un presunto crimen.

La desmentida y las discusiones

Los videos aparecieron a la velocidad de una respuesta. ¿Se defendió el juez de un claro intento por parte del presidente de interferir en el accionar del poder judicial? Lo cierto es que el juez de Menores Enrique Velázquez había basado el auto de procesamiento en el carácter probatorio de los videos: Pablo Kukoc no se da vuelta ni intenta volver para atacar a Chocobar; la distancia entre ambos no representaba ningún peligro para el policía; Chocobar, a pesar de estar autorizado a utilizar su arma de fuego como elemento disuasivo para este tipo de persecuciones, hizo un uso desproporcionado en relación al peligro real; Chocobar mintió cuando afirmó: “le tiro dos tiros y me tiro para atrás”; el policía llegó al lugar cuando el robo y las puñaladas al turista ya habían pasado y los responsables estaban huyendo. Además, la pericia indica que el cuchillo encontrado en el bolsillo a Pablo Kukoc no presenta rastros de sangre.

La discusión abierta recorre dominios y genealogías diversas. El maniqueísmo brutal de Macri y Bullrich no califica en un debate sensible a la complejidad en juego. No es lo que buscan. En principio, una cuestión que desde un comienzo el gobierno parece no comprender: un crimen de parte del Estado es crimen de crímenes. Por eso, lejos de tener las fuerzas de seguridad a su favor el “beneficio de la duda”, merecen la mejor lupa por parte de la sociedad civil y sus representantes y los castigos más duros cuando se dedican a delinquir o “se exceden” en el ya excesivo poder que ostentan. En todos los estándares sobre actuación de las fuerzas de seguridad el cuidado de la vida es prioritario; de hecho, la policía a la que pertenece Chocobar hace especial hincapié en ese aspecto y recomienda a sus efectivos que no usen armas cuando están de franco. Es necesario abrir esa discusión, ya que no es evidente que un policía deba serlo las veinticuatro horas, como una suerte de policía total, en lugar de alimentar otras dimensiones y posibilidades subjetivas que enriquezcan su vida y, por lo tanto, la de aquellos con quienes trata. ¿Por qué, entonces, los principales referentes de Cambiemos premian a quien disparó por la espalda en lugar de premiar al resto de una fuerza, como la de Avellaneda que, caracterizándose por procurar evitar el uso de las armas, obtiene resultados por todos reconocidos? ¿Es un valor matar? ¿Es un rebrote de la peor cultura castrense a escala presidencial?

Abonan, de ese modo, un caldo de cultivo punitivista que desconoce razonamientos básicos y estadísticas en torno al funcionamiento de las fuerzas de seguridad y, más en general, al cuidado que una sociedad ejerce sobre sí misma. Ese cuidado no se puede medir por el maniqueísmo policía/ladrón, esos polos ni siquiera organizan una discusión medianamente seria sobre lo sucedido. En realidad, en el caso concreto de Chocobar, el presidente no elige al policía por sobre el delincuente, sino que, en caso de avanzar la causa de acuerdo a las pruebas, premiaría a un delito por sobre otro. Sin mencionar los delitos económicos que forman un abundante historial de imputaciones, procesos y alguna condena menor en la vida del propio Macri y no pocos funcionarios de este gobierno. Por otra parte, no es cierto que la ley favorezca a quienes cometen delitos callejeros, ni es comparable el número de abatidos en ocasión de robo al de policías asesinados en iguales condiciones. Durante los primeros 721 días de gobierno de Cambiemos se registran 725 casos de gatillo fácil (Correpi), y la situación judicial es muy beneficiosa para los policías involucrados, contando con la “legítima defensa” como caballito de batalla cada vez que se presentan dudas. Es decir, que aumentó el ya preocupante promedio que dejó el gobierno anterior. Esos casos se caracterizan por la enorme dificultad de avanzar en los procesos, ya que el crimen cometido por una fuerza del Estado supone un encadenamiento de abusos que impiden u obstaculizan el control por parte de la sociedad civil de una corporativizada fuerza de seguridad.

Populismo

No hay ovejas en estas discusiones. Una trama de derechos civiles y garantías básicas resiste a través de luchas históricas y actores muy activos al respecto cuando las instituciones se revelan precarias. En este caso, el gobierno que debería custodiar el bagaje institucional se fastidia con la instancia pertinente, es decir, el proceso judicial. ¿Busca acortar la distancia imaginaria entre un hecho y una concepción política apuradamente disfrazada de sentido común? La linealidad del planteo gubernamental evita una necesaria discusión en torno a las mediaciones y criterios comunes que deberían elaborar conflictos y dramas como este, en que el saldo de la muerte no puede desembocar en festejo.

La concepción con la que se forma a las fuerzas de seguridad responde a una estructura castrense resistente a los cambios. Paternalista, violenta, propensa al delito organizado, fuertemente patriarcal (de hecho, entre oficiales, matar es cosa de machos). La modernización de la policía no es un problema de capacitación ni de tecnicismos como a cuántos metros de una persona con un cuchillo debe permanecer un policía (según los precarios ejemplos esbozados por Patricia Bullrich). Las cuestiones técnicas van de suyo. El problema es que la “capacitación” se hace sobre una estructura sensible y moral que permanece rígida en el pasado. Cambiemos apuesta a “meter bala”, como en tiempos de Ruckauf. Ineficaz para combatir el delito (sobre todo, el delito organizado), la política del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires fue contundente a la hora de fomentar el crimen de Estado: a solo un año de asumir alcanzó un récord de gatillo fácil (10 casos por mes). El informe de aquel entonces de la Correpi describe con precisión el tipo de delitos cometidos por una policía fogoneada desde el poder político: la muerte de transeúntes provocada por policías en medio de persecuciones; el fusilamiento de personas sospechadas de haber cometido un delito, en la mayoría de los casos hurto o arrebato; la muerte de personas privadas de su libertad (en comisarías o unidades carcelarias).

La ministra Bullrich declara como un mono con navaja: deprecia la instancia judicial (la llama “la mirada individual de un juez”), se enoja cuando se discute punto por punto y soberbia levanta una “doctrina” que no explica ni fundamenta, lanza frases falaces, en tanto no brinda elementos que permitan cotejar lo que dice (“Policía que estaba en un enfrentamiento, policía que iba preso”), forma parte del circo mediático montado por el gobierno y cuando un periodista hace referencia al proceso efectivo, es decir, la única fuente en la que una ministra debería basarse responde prepotente: “que el juez haga lo que quiera”.

En el fondo de esta apuesta del gobierno anida un objetivo preocupante: la modificación del Código Penal bajo la presión de casos mediáticos. Es decir, la incorporación en una codificación jurídica de consignas surgidas de la actuación de hecho y la demagogia más llana. Durán Barba comentó: “hemos medido la angustia de la gente frente al delito”, “la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes y yo no estoy de acuerdo con eso”. Inmediatamente se despegó manifestando su desacuerdo en el plano de las ideas, aunque en su caso las ideas políticas no tienen ninguna consecuencia, son letra muerta; está claro que sus ideas son fértiles en otros planos. Porque el término “populismo”, muy acudido por los referentes políticos, intelectuales y mediáticos de Cambiemos, que nombraría el elemento “irracional” de una parte de la población, su morbidez a la hora de ser liderada por un demagogo, al tiempo que una especial debilidad ante los maniqueísmos, vuelve como un boomerang y nada tiene que ver con la discutible y avezada teoría de Laclau. El populismo amarillo responde a otras tradiciones y otra génesis, pero tiene el charme de Cambiemos. Nada de arrebatos irracionales, más bien racionalidades históricas que operan a nivel capilar, el costado reactivo y policial de una parte importante de la población. Deseo de autoridad, deseo de normalidad. Un autoritarismo que viene de abajo y se actualiza por arriba con la alianza del conglomerado empresarial en el gobierno y las fuerzas militares y de seguridad.

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(1) Según Ley 26.679

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181888/norma.htm

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* Ariel Pennisi es  ansayista, docente (Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad del Cine), editor (Autonomía, Quadrata, Ignorantes).