Por Diego Algañaraz*

El pasado martes 11 de octubre, la plaza del Congreso fue escenario de una convocatoria que, independientemente de si corresponde tomarla por masiva o no, cristalizó un reclamo por demás vigente en la sociedad toda. Demanda que vuelve después de mucho tiempo, a liderar la lista de preocupaciones de la gente: la inseguridad.

La marcha convocó a víctimas y familiares de víctimas de distintos hechos de inseguridad, trazando un arco que iba desde robos y secuestros hasta homicidios y femicidios, entre los más señalados. Si bien la postura que arrojó el documento leído en el cierre del acto principal no traspasó los límites de lo políticamente correcto, reclamando así una respuesta integral “en el marco de un Estado de derecho”; no es difícil percibir que el hecho social que transcurre de fondo es el de la ruptura de los lazos sociales de solidaridad entre el pueblo argentino. Ha vuelto a la cima del climax social, el malestar por la creciente inseguridad que agobia a las clases humildes y que golpea también al sector medio-alto de la sociedad. Ese malestar está siendo reconducido -como siempre en estos casos- hacia el discurso del endurecimiento de penas, relativización o restricción de garantías constitucionales y el empoderamiento desenfrenado de las fuerzas de seguridad.

A riesgo de dar lugar a interpretaciones erróneas, es prudente aclarar que no hay en estas líneas una crítica al reclamo de las víctimas. Quienes han sufrido o sufren un mal, tienen el derecho indiscutible de expresarse y hacerse oír, de peticionar a las autoridades una respuesta y una reparación. Ahora bien, una cosa es no poder exigirle a aquel que es atravesado por una calamidad, que dé una respuesta racional que contemple los derechos que irremediablemente tienen también los victimarios. Pero otra distinta es que desde los poderes del Estado se articulen respuestas y acciones que echan por tierra los pilares del Estado de derecho, arengando la justicia por mano propia y relajando incluso, los controles que necesariamente deben tener las fuerzas de seguridad, dando lugar a que se dispare la violencia institucional como no sucedía hacía mucho tiempo en nuestro país. La pregunta entonces merece ser planteada. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado para que no te pase?

El Estado y en definitiva, el gobierno que toma su conducción, debe tener vocación de inclusión social.

Lo primero y principal es que, el Estado y en definitiva, el gobierno que toma su conducción, debe tener vocación de inclusión social. Es imposible alcanzar la paz social en un contexto de pobreza y miseria creciente, porque es imposible exigirle a una persona que se comporte conforme a la ética y la ley cuando se la reduce a una existencia marcada por las necesidades. Techo, Tierra y Trabajo no es sólo una meta para el ascenso social, es un piso de mínima para la dignidad humana. Inflación, tarifazo y desempleo son, en la era Macri, el piso de la fractura económica y social más violenta de los últimos tiempos. Esta ha sumergido a amplísimos sectores de la población en la total desesperación por la supervivencia, y la desesperación no conoce de leyes ni códigos, como así tampoco conoce de humanidad el sujeto arrojado a sobrevivir en condiciones infrahumanas. En esta línea, quizás es más sencillo intentar comprender que quitar la vida por un celular puede volverse más corriente, cuando el Estado abandona los espacios que necesariamente debe ocupar para evitar el aumento de la violencia social: no solo debe practicar la prevención con las fuerzas de seguridad, el Estado constitucional de derecho debe asegurar vivienda, urbanización, trabajo, educación, salud, salario digno y consumo estable. Macri tiene que preocuparse mucho más por asegurar que las clases humildes tengan plata en el bolsillo y mucho menos porque la plata quede en los balances de ganancias de la ceocracia que llevó al poder.

En materia de DDHH, pasamos de ser un modelo ejemplar a una parodia de país constitucional, que en pocos meses ya conoce de presos políticos, represión policial, detenciones y simulacros de fusilamiento.

Lamentablemente ya hubo tiempo para darse cuenta que las prioridades en la era Macri vienen invertidas y que, en materia de Derechos Humanos, pasamos de ser un modelo ejemplar a una parodia de país constitucional que en pocos meses ya conoce de presos políticos, represión policial –se tenga enfrente a nenes murgueros o trabajadores en una ruta-, detenciones exorbitantes a quienes profieren amenazas virtuales de un imposible carácter terrorista, simulacros de fusilamiento como el sufrido por los pibes de La Garganta Poderosa y tantos otros que no alcanzan estado público, e incluso, el reconocimiento público y del más alto nivel institucional sobre la justicia por mano propia. No sorprende entonces que se busque –aparato comunicacional mediante- reconducir el dolor de las víctimas a un recrudecimiento de la figura del enemigo interno, quebrando aún más los lazos de solidaridad entre los argentinos, depositando sobre la figura estereotipada del pibe chorro toda la carga negativa del fenómeno, distrayendo tanto a víctimas como a la sociedad en general de que tanto mal hace a la inseguridad aquel que dispara un arma en un robo, como aquel que evade millones de pesos en impuestos a través de la evasión fiscal o la constitución de un entramado de sociedades off shore, o el Estado retirado de su obligación de mantener satisfechas las necesidades básicas de su gente.

Queda claro que el Macrismo responderá a la problemática echando mano a recetas pragmáticas, con nulo potencial para generar efectos positivos, como el endurecimiento de penas y el desborde del poder policial y ésta es una alarma de la que todos debemos tomar nota. Porque cuando crece el poder de las fuerzas de seguridad, en el marco de la parodia de Estado de derecho como el que tenemos actualmente, se achican los derechos y garantías de todos, sin distinciones entre víctimas y victimarios, dando lugar a que a la violencia social se sume la violencia institucional, y proliferen las detenciones arbitrarias, el abuso de poder, la brutalidad policial, el gatillo fácil y tantos otros males ya conocidos.

Está claro que al ritmo que marcha este cambio, la impresionante destrucción provocada en el tejido social no es el mejor cimiento para reducir la violencia que va en aumento.

Está claro que al ritmo que marcha este cambio, la impresionante destrucción provocada en el tejido social no es el mejor cimiento para reducir la violencia que va en aumento. Si algo debemos aprender de la voracidad de esta revolución de la alegría, es que poco ayudamos a la solución de los problemas de esta Patria abortando un proyecto de país con marcado sentido de inclusión social y sustituyéndolo por una fiesta para pocos. Por eso, lo mejor para que no te pase, es tener memoria, para que no nos vuelva a pasar.

*Abogado penalista. UBA. Trabajador judicial.