por David Acuña 

En febrero de 2012 la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales crea el marco jurídico por el cual se conformaba el Registro de Tierras Rurales. Según informe de dicho organismo el 95% del territorio nacional corresponde a tierras rurales (267.679.474ha). Casi el 6% de ellas (15.881.069ha) están en manos extranjeras, pero el 77% de las mismas pertenecen a tan solo 250 propietarios de nacionalidad estadounidense, italiana y española; y en menor medida por dueños de tierras provenientes de Suiza, Chile, Francia, Holanda y Gran Bretaña (sin contar el territorio malvinense usurpado por Gran Bretaña). La mayoría de las propiedades extranjeras se encuentran en áreas extrapampeanas (en zonas donde se concentran otros recursos naturales, como el agua, petróleo o minerales, en la Patagonia, en los esteros del Iberá, y en áreas de de frontera).

En nuestro país existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. Las UPA nacionales computan 94 hectáreas cada una. En Argentina o Uruguay, el tamaño promedio de la pequeña propiedad está cercano a las 100hs (lo que se consideraría gran propiedad en países centroamericanos donde en promedio las fincas pequeñas apenas oscilan entre una y tres hectáreas).

Según estudios focalizados en la Provincia de Buenos Aires realizados por el investigador de FLACSO Eduardo Basualdo muestran que para 1996 existía un total de 1250 propietarios con más de 2500ha que en conjunto son dueños de 8,7 millones de ha (un poco más del 32% del total de la Provincia). La realidad actual no ha cambiado sustancialmente.

Teniendo en cuenta estos datos podemos afirmar que la concentración de tierras en nuestro país se encuentra principalmente en capitales nacionales: esta es el la base material del poder oligarca. Pero no es menor la presencia de la extranjería como socia de la oligarquía nativa. Los primeros se insertan al mercado capitalista mundial como productores agropecuarios, mientras que los segundos apuestan a controlar recursos estratégicos que operan como reserva.

Es indudable que la propiedad y uso de la tierra, como los recursos naturales y la biodiversidad tienen una importancia social, económica, política y geopolítica de gran importancia. Tanto Juan Perón, como Fidel Castro, han advertido que las guerras del siglo XXI serán por el control de estos recursos. El propio Papa Francisco advierte que estamos sufriendo los avatares de una “terrible guerra mundial a pedazos” para el beneficio de unos pocos. El campo popular en su conjunto no puede quedar al margen del análisis de estas cuestiones y sentar posición al respecto.

Quien detenta la propiedad y posesión de la tierra determina qué se produce y bajo qué condiciones se realiza. Es decir, si tiene un fin social y de defensa nacional o si está al servicio del mercado.

La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a decidir las políticas y estrategia de producción, distribución y consumo de los alimentos para tener una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada, así como suficiente para toda la población. Quien detenta la propiedad y posesión de la tierra determina qué se produce y bajo qué condiciones se realiza. Es decir, si tiene un fin social y de defensa nacional o si está al servicio del mercado.

Mauricio Macri, a los pocos meses de asumir, en un claro atentado a nuestra soberanía modificó por decreto la Ley 26.737 de Tierras para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. La norma sancionada en 2011 establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros y restringía un máximo de 1000ha para titulares de otros países en la zona agrícola, en el norte de Buenos Aires, y el sur de Córdoba y Santa Fe.

En nuestro país la cadena alimentaria se encuentra concentrada en pocas empresas, y el último eslabón de esta cadena son los supermercados, por lo general extranjeros todos. Por ejemplo, el 80% del aceite es de 2 empresas, el 75% de la leche es de dos empresas, el 65% del azúcar es de una sola empresa y así con todo.

Son muy pocos los que tienen el control de nuestra alimentación y de los precios de los alimentos en la Argentina, dejando así la soberanía alimentaria en manos de estos oligopolios, cuando claramente debería estar en manos del pueblo.

El campo nacional y popular debe tomar el tema como agenda de su lucha. Es necesaria una reforma agraria para erradicar el latifundio que vaya acompañada con el control del comercio exterior por parte del Estado. Con estas dos medidas fundamentales, concatenadas con otras que permitan el crecimiento de pequeños y medianos productores podremos sentar las bases de una democratización de nuestra economía. Sólo de esa manera la mesa tendida en cada hogar argentino será un pedazo más de territorio recuperado de las manos de los enemigos del pueblo y la Nación.