Por Carlos de la Vega*

“Cuando escucho a algunos dirigentes ponerse contentos porque en Bolivia, y en Chile, han sacado legislaciones que cuidan el litio, y dicen ‘ah bueno, como les tienen muchas exigencias allá, se van a venir todos para acá. ¡Pero que vocación de colonia, hermano! ¡Qué vocación de volver a ser Potosí! Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea[del Sur], pero no Potosí, por favor”. Con esas palabras, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner caracterizaba en su discurso del 25 de mayo de 2023 la actitud de varios dirigentes políticos provinciales argentinos en relación a las riquezas naturales del país, especialmente el litio, a las que ven como una oportunidad para reeditar un nuevo ciclo de expoliación sobre la Nación y su gente por parte de potencias y empresas extranjeras Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, probablemente sea el arquetipo del dirigente político al que se refería Cristina.

Las masivas protestas desatadas en Jujuy como consecuencia de la cuasi clandestina reforma de la constitución provincial, que cercena derechos consagrados por la Constitución Nacional y principios democráticos universales, así como pone en riesgo la propiedad indígena de sus tierras ancestrales, pusieron en evidencia a un régimen autoritario. Pero es más que eso. Es un hecho político de la mayor gravedad que debe enmarcarse en la lucha internacional por recursos minerales estratégicos y escasos, en el declive de Estados Unidos como potencia global, y en la disposición de un sector mayoritario de la oligarquía argentina, y su brazo político ejecutor, para garantizar un nuevo ciclo de explotación de riquezas sin industrialización, aunque ello significase la fragmentación territorial del país.

Litio, una bendición maldita

El litio es un mineral empleado en cerámicas, vidrio, metalurgia, productos farmacéuticos y polímeros, siendo su más descollante uso contemporáneo el empleo en las baterías recargables de ion-litio, componentes fundamentales de los equipos electrónicos y los vehículos eléctricos necesarios para consumar la transformación energética que aleje a la humanidad de los combustibles fósiles y sus consecuencias ambientales.

En minería se denomina “recursos” a la concentración natural de algún mineral que ha sido cuantificado y es susceptible de extracción y explotación con los medios técnicos disponibles. Las “reservas”, en cambio, son la parte de los recursos que son efectivamente explotables a nivel técnico, legal y económico. O sea, no todos los recursos tienen la aptitud de ser reservas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) en su Sumario de los Comodities Minerales 2023, calcula los recursos mundiales de litio en 98 millones de toneladas (Tn) y las reservas en 26 millones de Tn. distribuidos del modo que muestran los Gráficos 1 y 2.

Bolivia, la Argentina y Chile poseen el 54% de los recursos mundiales de litio (52 millones de Tn), y entre los dos últimos países suman el 46,2% del total de las reservas planetarias del mineral (12 millones de Tn). ¿Por qué en el cálculo de las reservas se obvia a Bolivia? La historia es larga pero resumiéndola, hay bastante controversia sobre la viabilidad económica de la explotación del litio boliviano. De hecho, el propio gobierno de ese país no publica cifras oficiales sobre sus reservas.

Considerando sólo a la Argentina y Chile, entre ambos se encuentra casi la mitad del litio explotable del planeta. Una ventaja estratégica que puede tornarse fácilmente en una tragedia, como suele ocurrir en los países débiles con abundancia de algún recurso natural de alta demanda, que los vuelve presa fácil de las grandes potencias en sus disputas geopolíticas. como es el caso de Medio Oriente.

En este escenario la Argentina se constituye en el segundo país del mundo en recursos de litio, con el 20,4% del total, y en el tercero en reservas, con el 10,4%. Estas reservas y la producción de litio en Argentina se concentran en tres provincias, Catamarca, Salta y Jujuy, pero es en esta última donde la explotación de este mineral avanza más rápido.

Jujuy, acreedores y Estado

La Argentina hoy es el cuarto productor mundial de litio, con 33.002 toneladas (Tn) en 2022, según la Subsecretaría de Desarrollo Minero del Ministerio de Economía de la Nación. La aventajan en volumen producido en el mismo año Australia (324.703 Tn), Chile (207.597 Tn) y China (101.137 Tn). En dinero, a valores FOB, las exportaciones argentinas para el mismo año representaron 695 millones de dólares, apenas el 0,8% de las exportaciones totales del país, que sumaron en 2022, 88.240 millones de dólares. Los principales destinos del litio argentino son China (41,5%), Japón (30,7%), Corea del Sur (12,8%) y Estados Unidos (9%).

El precio del litio (carbonato de litio), como todo commodity, está sujeto a fuertes fluctuaciones. En 2002, la tonelada costaba en el mercado internacional 1.590 dólares (promedio), para 2018 había subido hasta 12.000 dólares, cayendo en 2020 a 6.722 dólares. Pero en 2022 saltó hasta los 69.500 dólares, sobre todo porque la guerra Rusia-Ucrania hizo entrar en pánico al mercado energético y los valores se dispararon. Sin embargo, disipados los temores a corto plazo sobre las cadenas de producción internacionales, el precio del litio se desplomó hasta los 32.370 dólares la tonelada en mayo de 2023. A pesar de estas fluctuaciones, las perspectivas del precio del litio son a la suba dado que las estimaciones internacionales calculan que, al menos hasta 2050, la demanda de este mineral crecerá más rápido que su producción.

En la actualidad, existen tres yacimientos de litio en producción en la Argentina, otros cinco en construcción y 30 más en exploración. De los tres en producción, dos se encuentran en Jujuy, Sales de Jujuy (Salar de Olaroz) y el recientemente inaugurado (junio de 2023) Salar Cauchari-Olaroz, que promete ser el yacimiento más productivo del país. El restante es el Fénix, situado en el Salar del Hombre Muerto, en la Provincia de Catamarca.

Sales de Jujuy está en manos de la empresa Sales de Jujuy S.A., cuyo accionista principal es la compañía australiana Allkem (66,5%), seguida de la japonesa Toyota Tsusho Corp (25%). Fenix, por otro lado, pertenece a la estadounidense Livent. Sin embargo, el portal Chequeado consignó que las empresas Livent y Allkem anunciaron su fusión para crear una nueva compañía, NewCo, que se transformará en una de las mayores productoras y comercializadoras de litio del mundo. Por último, Caucharí-Olaroz es explotada por Minera Exar, propiedad de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium, con una pequeña participación (8,5%) de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado).

Ahora bien, es sumamente interesante ver quienes son los principales accionistas de las empresas mencionadas. La red de periodistas Ruido (Red Contra el Silencio Oficial) y FUNDEPS (Fundación de Políticas y Derechos Humanos) elaboraron el informe Litio y Transparencia en Argentina en donde se desentraña ese arcano. En el caso de Livent, la empresa es controlada por los fondos comunes de inversión estadounidenses Blackrock (15,4% de las acciones) y Vanguard Group (10,8% de las acciones). Allkem, por su parte, es controlada por el banco británico HSBC (23,04% de las acciones) y su colega estadounidense, JP Morgan (13,5% de las acciones), a través de sus filiales australianas. Algo llamativo, y alarmante, es que los cuatro fondos de inversión extranjeros que

controlan los principales yacimientos de litio en actividad en Argentina son, a la vez, importantes acreedores de la deuda externa del país. Un dato no menor a la hora de desentrañar el gran amor que los políticos de la coalición Juntos por el Cambio (Pro, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica) tienen por el endeudamiento externo.

En Jujuy, Morales ha empleado una empresa estatal creada en 2011, durante la gobernación de Walter Barrionuevo, para lograr una participación en los emprendimientos litíferos de la provincia. Se trata de la ya mencionada JEMSE, que detenta el 8,5% de Sales de Jujuy, además de una participación similar en el yacimiento Caucharí-Olaroz.

El empleo de empresas estatales para intervenir en negocios prometedores ha sido un recurso utilizado por el gobernador Morales en otras ocasiones. Para la elaboración y comercialización de productos medicinales provenientes del cannabis, por ejemplo, creó Cannava S.E. En un gobierno en el que ha dando empleo a 25 parientes, colocó en la presidencia de la empresa a Gastón Morales, su hijo.

¿Secesión?

Parecería algo traído de los pelos pensar en provincias argentinas que en la actualidad quieran separarse del conjunto del país, pero cuando se toma conciencia de algunos antecedentes y se observa el presente con más cuidado, uno puede llenarse de interrogantes.

No es una situación extraña a la historia nacional la pérdida territorial y las dificultades que ha tenido la Argentina, como octavo país con más superficie del mundo, para mantener su integridad física. Ahí están las Islas Malvinas y la escisión del Uruguay en el siglo XIX para atestiguarlo.

La diplomacia anglosajona ha sido extremadamente hábil en la promoción de la fractura territorial de los espacios geográficos nacionales a fin de conseguir países pequeños y frágiles, o constituidos a contrapelo de identidades e historias, lo que luego conlleva permanentes conflictos internos que los debilitan. Cuando a los intereses geopolíticos básicos, se le suma la dotación en esos territorios de importantes recursos naturales estratégicos y se añaden al juego las multinacionales extractivas (mineras, petroleras), el escenario se torna explosivo. África es un dramático ejemplo de esa dinámica.

La Argentina contemporánea no ha estado exenta de intentos por instalar la cuestión de la secesión de ciertas provincias del país. Siempre han sido personajes de la derecha vernácula los que han estado detrás de estas tentativas. En 2020 y 2021, el exgobernador radical Alfredo Cornejo comenzó a agitar la idea de separar su provincia, Mendoza, del resto de la Argentina, pretendiendo que en la movida se aliara Córdoba. En 2016, Alberto Rodríguez Saá, entonces gobernador de San Luis, reclamó para su provincia un “federalismo reforzado” con rasgos poco claros que bien podía ser un camino a la secesión. Pero la iniciativa que más lejos llegó fue la que enarboló Jorge Sobisch cuando era gobernador de la Provincia de Neuquén (1999-2007). En 2002 Sobisch casi había logrado convencer a su colega de Rio Negro, Pablo Verani, para que fusionaran sus dos provincias. Hasta se había establecido un plebiscito para 2003 a fin de darle legitimidad popular a la iniciativa y largar su formalización final. La nueva provincia surgida de la unión de sus predecesoras se llamaría Confluencia y cortaría en dos a la Argentina, constituyéndose en un tapón entre el resto del país y la Patagonia. Era conocida la permeabilidad de Sobisch a los intereses de las petroleras privadas que operan en el país y su provincia de origen, Neuquén, es el sitio de emplazamiento del mítico yacimiento, Vaca Muerta. El plan de Sobisch fracasó, comenzaba la Presidencia de Néstor Kirchner con una gran defensa de la soberanía nacional y apoyo popular, y el entonces gobernador neuquino vio frustrada su carrera política cuando el 4 de abril de 2007 un policía a sus órdenes asesinó al maestro Carlos Fuentealba en una protesta gremial.

No es, por lo tanto, disparatado sospechar de las intenciones de un gobierno jujeño subordinado a los intereses internacionales entorno al litio cuando decide implantar una constitución provincial que desconoce a la carta magna nacional y desafía abiertamente al gobierno federal. No hay que olvidar que el Morales jujeño aparece implicado en las investigaciones realizadas sobre el golpe de estado que en 2019 sufrió Evo Morales en Bolivia, otro bastión del litio. Ese país padece desde hace varios años el explícito intento separatista de cuatro de sus regiones, Santa Cruz de la Sierra, Beni y Pando, más Tarija, conocidas como la “Media Luna”. En todas estas regiones, y especialmente en la primera, la derecha xenófoba y pronorteamericana es muy fuerte.

Gerardo Morales, a su vez, mantiene sugestivos vínculos con el círculo de influencia del magnate y expresidente estadounidense, Donald Trump. En septiembre de 2019, el mandatario jujeño fue el anfitrión en su provincia de la visita de Ivanka Trump, hija de Donald y entonces asesora presidencial. Justo dos meses antes del golpe de Estado en Bolivia.

Como parte de este combo, la actual jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, en una presentación ante el Atlantic Council, un think tank norteamericano, el 19 de enero de 2023, se refirió a las riquezas naturales de los países de América Latina y el Caribe usando la primera persona del plural del presente del verbo “tener”, o sea, “tenemos” todos esos recursos. Y para tenerlos más literalmente siempre es mejor contar del otro lado con países y sociedades lo más débiles y pequeñas posibles.

El legado de la Constitución de 1994

La reforma de 1994 de la Constitución Nacional (CN) argentina generada por el acuerdo entre Carlos Menem, entonces presidente de la Nación, y Raúl Alfonsín, ex presidente y jefe, en aquellos tiempos, de la Unión Cívica Radical, dejó un legado funesto en materia de defensa de los recursos naturales y de la soberanía nacional. El Artículo 124 de la CN reformada expresa: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Una fórmula distinta a la sostenida, por ejemplo, en la CN de 1949, en donde la Nación era la titular de esos recursos.

Lo que parece una simpática cláusula a favor del federalismo, en realidad es un caballo de troya dejado para allanarle el camino al saqueo por parte de compañías extranjeras, y algunas nacionales, de las riquezas naturales del país. Las provincias, unidades políticas más pequeñas que la Nación, siempre ávidas de recursos y muchas veces carentes incluso de personal idóneo para negociar adecuadamente con los gigantes de la minería,

el petróleo, la industria forestal y los laboratorios, siempre son más proclives a ceder a las presiones de esos conglomerados.

El argumento del “dominio originario” viene siendo esgrimido, en el caso del litio, por las provincias que desean hacer negocios suculentos y a corto plazo, en desmedro de los intereses nacionales, e igualmente en contra de sus propias poblaciones. No es casual que la reforma de Morales de la constitución provincial jujeña tenga como uno de sus puntos principales crear las condiciones para arrebatarles las tierras a las comunidades indígenas autóctonas. Varias de esas tierras se asientas sobre las codiciadas reservas de litio.

El abogado y administrativista, Marcos Rebasa, en un interesante artículo del sitio web El Cohete a la Luna, sostiene que la interpretación del “dominio originario” como fundamento de una potestad cuasi omnímoda de las provincias para disponer de los recursos naturales ubicados en sus geografías no tiene “un fundamento serio en la normativa actual”, ya que se realiza omitiendo las consideraciones al respecto que realiza la propia CN en otros de sus artículos y las elaboraciones concordantes de la doctrina. Los argumentos de Rebasa son poderosos, y probablemente correctos, pero como él mismo admite en la nota citada, el sentido común instalado opera a favor de una interpretación que favorece la desintegración nacional.

Lo que Morales lleva a cabo en Jujuy, no sólo atenta contra los derechos humanos, la democracia, el orden republicano, la Constitución Nacional y las leyes que de ella derivan. Es también una estocada a las posibilidades de desarrollo basado en el aprovechamiento soberano e inteligente de los recursos naturales estratégicos para dar saltos tecnológicos cualitativos; poniendo en riesgo, en el camino, la propia integridad territorial argentina.

Carlos de la Vega es abogado y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en Economía Política por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO – Argentina). Ex Coordinador de Articulación y Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Defensa, Argentina. Actual Secretario de Gestión Institucional de la Facultad de Matemática, Astronomia y Física (FAMAF) de la Univerisdad Nacional de Córdoba (UNC).