El Conflicto no cesa. Tras la reforma constitucional del pasado 20 de junio, comenzaron a sucederse protestas, manifestaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. ¿La respuesta? Allanamientos, cacerías, detenciones ilegales y arbitrarias, persecución política y judicial.

Gerardo Morales, el mismo que encarceló a Milagro Sala, sigue manejando de manera delirante esta situación, como si se tratara de un patrón de estancia que hostiga e intimida a partir del miedo. Pero no tuvo en cuenta un detalle: un pueblo que sigue resistiendo y masticando bronca.

“Hace ocho años venimos con esta película de terror” dice Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, en el marco de la conferencia de prensa que brindaron días atrás referentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos en el Congreso de la Nación.

Y agrega: “Todo sigue igual: el carcelero de Milagro sigue embistiendo contra todo el pueblo jujeño, y hay cierta complicidad porque hay muchos que no hablan, no dicen nada. Creen que decir algo es contrario o desfavorecería alguna cuestión electoral. La verdad, estoy sorprendido, no se qué piensa hacer el Presidente de la República, debería cuidar a su pueblo.”

En el marco de la rueda de prensa, se anunció que se convocará a una movilización nacional el próximo 20 de julio, cuando se cumplirá un nuevo aniversario de “la noche del apagón”, como se conoce a los secuestros de trabajadores del Ingenio Ledesma que motorizó la Dictadura Cívico Militar, con complicidad empresarial encabezada por Pedro Blaquier.

El mismo día se cumplirá también un mes de la pueblada que explotó en la provincia de Jujuy cuando Gerardo Morales, entre gallos y medianoche, y con el aval del peronismo, consiguió la aprobación de la reforma constitucional provincial. Ese día dejó un saldo de 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo y al menos 68 detenidos tras la violenta represión y la cacería llevada a cabo por la policía provincial, a las órdenes de Morales.

Luego de ese día, la provincia se mantiene en estado de alerta y movilización. Al cierre de esta edición, eran once los cortes programados en toda la provincia. Ayer (viernes 14) las trabajadoras y trabajadores de la salud, la educación; municipales y profesionales de la administración pública realizaron un paro general con movilización como respuesta a las detenciones arbitrarias.

"Queremos repudiar a este individuo que pasó de ser represor a genocida, Morales. Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si estos individuos llegan a ganar las elecciones", expresó Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora.

Desde los organismos de DDHH, sindicatos y organizaciones exigen que se anule y suspenda la aplicación de la reforma; y la inmediata liberación de los detenidos, entre ellos, trabajadores y trabajadoras, militantes, activistas y referentes de DDHH. Asimismo, responsabilizan directamente al gobernador Gerardo Morales por los hechos sucedidos.

En la provincia, el reclamo unificado es por el “cese de la persecución, la estigmatización de la actividad sindical y la brutalidad de las represiones”.

El repudio es masivo y crece con el correr de las horas. Sin embargo, hasta ese momento parecía no llegar a oídos del poder ejecutivo de la Nación.

“Si no intervenís de alguna manera, este salvaje (por Morales) va a masacrar al pueblo como lo está haciendo. Es así. Si no cuidas a tu pueblo, este salvaje lo va a masacrar y lo va a poner en el altar electoral porque él cree que eso le da votos en una interna que tiene con otra salvaje como Bullrich. Y lo único que están haciendo con el silencio nuestros dirigentes, o los principales dirigentes, es convalidar un modelo represivo que va a venir a la Argentina, que es lo mismo que sucedió cuando nosotros decíamos que lo de Milagro no era un caso aislado y después fue el lawfare” dijo Garfagnini.

Minutos después de la conferencia, se conoció la definición del presidente Alberto Fernández y titular del Partido Justicialista, que ordenó la intervención del PJ jujeño.

La resolución firmada por el primer mandatario dice que los legisladores provinciales que firmaron la reforma que “viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar” están apoyando “un pensamiento totalmente ajeno a los principios y la doctrina que funda el pensamiento justicialista”. Allí nombró a Gustavo Menéndez y Anibal Fernández como interventores por 360 días, a quienes solicita “un amplio informe de la situación partidaria y jurídica del distrito intervenido”.

Todo esto, en el marco de un proceso electoral que evidentemente no enamora a nadie más que a la dirigencia política. Es urgente tomar medidas y evitar que se institucionalice la represión social en nuestro país.