Por Augusto Taglioni*

Irregularidades en el conteo, sospechas de fraude, indignación social, represión, muertos y heridos. Algunas de las palabras que sintetizan lo que está pasando en Honduras, otra vez. Y decimos otra vez porque el país centroamericano viene sufriendo golpes institucionales, por lo menos desde junio de 2009, cuando un comando del ejército levantó de la cama al entonces presidente José Manuel Zelaya y lo sacó del poder por la fuerza para imponer un gobierno de facto en la figura de Roberto Micheletti. Luego de ese hecho trágico para la democracia hondureña, se realizaron tres elecciones, 2010, 2014 y 2017, todas con fuertes denuncias de fraude de parte de la oposición.

Estos comicios no solo no fueron la excepción a los anteriores, sino que contaron con el agravante que significó el apagón estadístico del Tribunal Supremo Electoral cuando los números daban arriba al opositor Salvador Nasrallah por cinco puntos, una demora de más de dos días para reactivar el recuento de votos y la posterior militarización, con la aplicación del estado de sitio y la quita de garantías constitucionales para sofocar el malestar social. Lejos de cumplir con su cometido, las movilizaciones fueron masivas y la represión policial dejó como saldo 11 muertos, 20 heridos y alrededor de 100 detenidos.

Llamativamente, todo este compendio de irregularidades tuvo el silencio peligroso y cómplice de la comunidad internacional. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si esta situación ocurría en Venezuela? Seguramente hubiéramos tenido a un Luis Almagro mucho más activo en la denuncia. En ese marco, Secretario General de la OEA, sólo aportó un par de retuits desde su cuenta de twitter, intercalando con la noticia que lo presentaba como “el líder del organismo internacional más seguido” en la red del pajarito.

Con esto no se quieren minimizar aquellas situaciones sucedidas en Venezuela que requieran la atención de un organismo como la OEA, pero lo que no es de ninguna manera tolerable es la doble vara de la indignación con la que se manejan muchas instituciones y medios internacionales respecto de la situación en América Latina.

Evidentemente, Almagro juega al ritmo de los enojos de las principales potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora bien, ¿es importante Honduras para Estados Unidos? Siempre lo fue. Desde la época de la United Fruit Company y la contra-insurgencia para eliminar las rebeliones de los sandinistas en Nicaragua. Podríamos decir que para la Casa Blanca es clave la continuidad de la hegemonía del Partido Nacional para garantizar las bases militares de Palmerola y Mosquitia, desde donde hacen la inteligencia necesaria para supervisar, entre otras cosas, todo lo que pasa en Venezuela. También, Honduras completa el Triángulo del Norte y funciona como contrapeso de dos gobiernos progresistas como el de Daniel Ortega en Nicaragua y Salvador Sanchez Ceré en El Salvador, dos buenos aliados de China.

Hoy la noticia es que el TSE declaró ganador por muy poco margen a Juan Orlando Hernández a pesar de que las mesas testigos de Alianza en Oposición y el Partido Liberal dan como ganador a Salvador Nasralla. Las irregularidades, maniobras y violencia institucional deberían poner en alerta a los organismos que dicen pregonar la normalidad y el respeto a las instituciones.

En 2009, el argumento para justificar el derrocamiento de Zelaya fue su intención reeleccionista. 8 años después, los autores del golpe fueron por la reelección bajo el lema “el pueblo hondureño debe poder decidir sin restricción”. Es curioso cómo el presidencialismo es cuestionado en Venezuela, Bolivia o Brasil, pero pasa desapercibido en Honduras, en donde el oficialismo concentra la suma del poder público y maneja como quiere las instituciones del Estado. ¿El presidencialismo molesta cuando el gobierno es progresista?

Otro ejemplo de distinta vara puede verse a la hora de caracterizar la violencia. Honduras es el segundo país más violento de América Latina y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, después de México. En estos cuatro años asesinaron a decenas de activistas sociales entre las que se destaca la muerte de Berta Cáceres, defensora del medio ambiente. A nivel nacional, la tasa de homicidios en Honduras fue de 60 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia. Por su parte, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) reportó el asesinato de 63 periodistas, comunicadores rurales y otros afines a la comunicación social entre 2001 y 2016. Solo en 2015, según el informe, hubo 11 crímenes ligados a la profesión de la comunicación: un propietario de un medio, un director de programa de noticias, cuatro camarógrafos, un operador de controles y cuatro locutores. ¿Leyeron algún informe de la CNN o informe de la OEA al respecto? ¿La comunidad internacional aplicará sanciones?

La pelea de Honduras debe ser la creación de una democracia nueva, con reglas que permitan un funcionamiento sin tantas restricciones y un Estado de Bienestar que brinde oportunidades para todos en un país que ostenta el título de ser el más desigual de la región.

Esto es lo que preocupa a los hondureños que se movilizan por estos días en el país caribeño. La comunidad internacional decidió ser testigo de otro golpe a la institucionalidad sin tomar cartas en el asunto. Lo que queda expuesto es el estancamiento de las estructuras regionales como UNASUR y CELAC. Pasaron de compartir el helicóptero con el derrocado Zelaya en 2009, a brillar por su ausencia (y silencio) 8 años después. Como pasó con la destitución de Dilma Rousseff, Honduras no indigna ni preocupa, ¿Nos estaremos acostumbrando?

*Especialista en politica internacional. Director de Resumen del Sur. Responsable del Colectivo de Medios Oveja Negra Mar del Plata. Nota publicada en: www.resumendelsur.com