Oveja Negra

El inicio de una política de persecución sindical


27 de julio de 2017

Oveja Negra

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Como solo lo hicieron las dictaduras militares del siglo XX, el gobierno de Macri avanza en una política de persecución sindical sin antecedentes en la historia democrática Argentina.


Por Lucas Arzamendia

Desde la intervención al sindicato de canillitas, que conduce Omar Plaini, el gobierno nacional comienza a trazar una línea de persecución gremial que se remonta a los tiempos de las dictaduras militares del siglo pasado. La decisión no solo se da en el marco del fracaso del consejo del salario, en donde la CGT se negó a firmar un aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por debajo de $ 14.000, sino además también, contiene objetivos económicos y políticos de mediano y largo plazo. Si bien no es la primera implicación del gobierno de Macri en un sindicato, antes fueron intervenidos el sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), el de personal de seguridad privada (UPSRA) y el de azucareros (FEIA). El carácter de esta tiene una dimensión política: es el primer sindicato vinculado a Moyano y enfrentado abiertamente con el Grupo Clarín.

La respuesta a la intervención, formal y a través del comunicado de la central obrera no deja de llamar la atención, sobre todo si tenemos en cuenta que por mucho menos, varios dirigentes de los que hoy forman parte del consejo directivo llamaron a una sucesión de paros generales contra el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tal vez en este esquema, la quietud lo que refleja es la falta de consenso interno para marcar una posición en defensa del trabajo y la corporación sindical, y la multiplicidad de sectores políticos en pugna, como también el temor de ciertos sindicalistas empresarios a confrontar con el grupo mediático más poderoso de la Argentina. Además, y como si esto fuera poco, los despidos de trabajadores formales ascienden a 300 mil en 19 meses de gobierno de Cambiemos, marca record para un mandato en la historia de la democracia reciente. La quietud es alarmante, no da para más. Fue aquel menemismo el que para convivir con la cúpula cegetista  había trazado una política de construcción del sindicalismo empresario, donde algunos referentes de la CGT manejaban un porcentaje de las acciones de las empresas privatizadas. Este esquema promovió una relación distinta entre sindicatos y gobiernos de allí en adelante, una nueva cultura de la administración del conflicto, donde la dinámica de relaciones laborales se estructuró solo en función del poder de representación de los sindicatos y la funcionalidad a los distintos gobiernos, dejando así en un segundo lugar la idea de un plan de lucha como instrumento para resolver los conflictos. Tal vez este sea un punto de partida más estructural para entender la relación entre el avance del gobierno contra el salario y sus organizaciones sindicales y las decisiones de la CGT; de negociar para algunos pocos y sin golpear, invirtiendo la fórmula del  “Lobo” Vandor, que evangelizaba a los suyos diciendo que había que golpear para después negociar.

Uno de los objetivos que refleja esta etapa del neoliberalismo es la modificación de la estructura de legislación laboral con el fin de condicionar los procesos económicos subsiguientes.

Como todo régimen político, este gobierno se traza objetivos a corto, mediano y largo plazo: además del aumento exponencial de las ganancias de las grandes industrializadoras, bancos, mineras y agro-exportadoras, a costa del salario y los aumentos brutales de precio del mercado interno, el otro objetivo que refleja esta etapa del neoliberalismo es la modificación de la estructura de legislación laboral con el fin de condicionar los procesos económicos subsiguientes. Es en ese sentido que Macri, para intentar licuar la paritaria nacional docente, no la convoco y apelo a una fuerte demonización de la figura de Roberto Baradel en la discusión de la provincia de Buenos Aires. Es en ese sentido que cada vez que puede habla de terminar con “la industria de los juicios laborales”, y es en ese sentido que los empresarios de la UIA y los funcionarios del Ministerio de Trabajo se escandalizan sobre los altos costos laborales en la Argentina, argumentando que no se puede competir con Brasil a partir de la reforma  impulsada por la corte suprema de ese país. A esta altura, el rol del Ministerio de Trabajo es un escándalo, como diría el panelista Pino Solanas.

Hay otra dimensión que es central para entender la etapa, transversal a todos los conflictos sociales y que por supuesto toca a los sindicatos. Es la campaña contra la corrupción impulsada por los grandes medios de comunicación, y gran parte de la clase política. Esta tiende a tratar de tirar un manto de humo sobre los catastróficos problemas de todo tipo y color que generó el gobierno para con la sociedad. Los medios hablan de la corrupción y de algún funcionario de turno del gobierno anterior, y la vida social pasa por otro lado, es una tarea gigantesca que esta pueda colarse en la agenda de los canales de aire de la zona metropolitana, que son los que mayor alcance tienen para la población, sobre todo en las franjas horarias llamadas “prime time”. En esa escisión está la clave de la campaña de Cristina en la provincia de Buenos Aires.

Al parecer este es solo el comienzo de esta avanzada del gobierno sobre los sindicatos y la militancia gremial que seguramente tendrá varios capítulos más. Que encuentra al campo popular fragmentado políticamente y con varios sectores de la dirigencia sindical que mira más el ombligo propio que los intereses de los laburantes. La necesidad de construir una victoria electoral del campo popular es imperiosa, la carta es Cristina, y cada día que pasa es más necesaria.

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