Marcia tiene 26 años. Llegó hace un poco más de ocho a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar, prepararse y volver a su tierra natal con título en mano y una profesión que le permitiera desarrollarse en la comunidad que la vio nacer.

“Tengo la suerte de tener un techo y de renovar en el mismo lugar porque me llevo bien con los propietarios. No tengo contrato formal, es de palabra. Hasta el momento lo respetan, pero cada mes que me acerco a pagarle, me hace algun comentario de que no es rentable y que probablemente lo ponga a la venta. Por ahora, no pasó pero es terrible vivir con esa incertidumbre".

El testimonio de Marcia se repite en mayor y menor medida en distintos puntos de nuestro país. Los grandes aglomerados urbanos son las que más resuenan. Sin embargo, distintos pueblos y ciudades pequeñas del interior profundo también son el botón de muestra de un problema que parece no encontrar solución.

“Hace más de un año estoy buscando alquiler en mi ciudad. No se consigue, la oferta es muy acotada. Y cuando aparece algo, empezas a lidiar con dificultades que vienen una atrás de la otra. Primero, la lista de espera de otras personas que también buscan alquiler que es interminable. Si tenes la suerte de pasar, vienen los requisitos de la inmobiliaria. La última vez me pidieron que el depósito de garantía lo haga en dólares y me dijeron que la actualización de precios sería cada tres meses, o cuatro. Eso depende del dueño, aclaran", plantea Juan, un trabajador que vive en un pequeño pueblo de Entre Ríos.

“En los grupos de facebook hay avisos que son terroríficos. Ante la gran necesidad de vivienda permanente, hay personas que publican lugares que son inhabitables, sin ningún tipo de control, mucho menos habilitación. Aun así los cobran como si fueran de primera porque no hay nadie que regule" cuenta Rosa muy preocupada, porque su hijo será papá y en el lugar donde alquila actualmente con su familia, ya les avisaron que no aceptan niños. Buscar una casa en alquiler se ha convertido para ellos en una tarea contrarreloj. 

Edades, ocupaciones y realidades diferentes. En medio de un contexto de inquilinización que se profundiza en nuestro país, el problema que acucia a gran parte de la población es acudir al mercado inmobiliario para alquilar una vivienda permanente. A partir de allí, la completa desprotección que tiene un inquilino aun cuando la ley sigue vigente.

Hecha la ley...

Aquella ley sancionada en 2020 luego de un arduo debate, persiguió el objetivo de lograr condiciones mínimas de previsibilidad y orden de aquellas familias que deben destinar un gran porcentaje de sus ingresos para el alquiler de vivienda permanente.

Sin embargo, el pasado 23 de agosto, en una sesión exprés convocada por Juntos por el Cambio, en la que el bloque de La Libertad Avanza garantizó el quorum, y ante la imposibilidad de cumplir el primer objetivo de la sesión -poder derogar la ley vigente- se aprobó un proyecto de modificación con dictamen de minoría.

El argumento de muchos legisladores a la hora de dar la media sanción fue que “no se cumplía”. En el diagnóstico, probablemente no estén confundidos. Sin embargo, la ley no se cumple por la falta absoluta de control por parte del Estado y la falla permanente en su implementación.

Durante la sesión planificada entre gallos y medianoche, parte de la bancada de JxC expresó que, por esta ley, “la oferta de alquileres cayó” y por ello la suba de precios actual. En definitiva, buscaban sacar al Estado del medio de un acuerdo que siempre “debió ser entre privados”.

Frente al lobby empresario e inmobiliario que venía insistentemente machacando la inviabilidad de la ley, lo que se logró aprobar es más desregulación y mayores beneficios para quienes son propietarios. Entre las principales modificaciones, se encuentra el plazo del contrato (que actualmente es de tres años) que pasaría a dos. En cuanto a los aumentos, de aprobarse este proyecto, ya no serán anuales -como es actualmente- sino que se actualizarán cada cuatro meses y ya no por el índice de locaciones urbanas -promedio entre inflación, evolución salarial- sino que se trataría de un “común acuerdo” entre las partes. Además de la eliminación de sanciones por el incumplimiento de la parte propietaria de registrar ante la Afip el contrato de alquiler. Y además, beneficios impositivos para el locador, por supuesto.

Existe una falta importante de información respecto de las plazas y el parque de viviendas actualmente destinadas al alquiler permanente. Tampoco se sabe quiénes son los rentistas que tienen sus propiedades en alquiler; mucho menos hay registro en Afip de la mayoría de los contratos que establece la ley que existe. He allí el núcleo del problema.

“Es una reforma pro-mercado y pro-rentística que ataca a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley: el achicar los plazos de contrato, que no solo va a generar más inestabilidad habitacional sino también más costos inmobiliarios que los paga la parte inquilina. También, pasar del ajuste anual a uno cuatrimestral o menor que ese, va a multiplicar los precios porque son acumulativos. Es sacarle más plata a los inquilinos para ponérsela en el bolsillo a los rentistas. Y como si no fuera poco, se legisló hablando del “acuerdo entre partes”, en el que compara y supone en igualdad de posición dos partes que son incomparables”, cuestionaron desde inquilinos durante el debate en comisión de Legislación General y Presupuesto que comenzó en el Senado esta semana.

Vivienda: el sueño de muchos y la realidad de muy pocos

El Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI), el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM – UMET), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Rosa de Luxemburgo realizó durante el mes de noviembre de 2022 un relevamiento de hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, cuyos datos fueron presentados durante el debate en comisión.

Uno de los principales datos fue que el 63% de los hogares que alquilan, están endeudados. Un 62% de ese porcentaje, tomó deuda con bancos, familia o prestamistas para pagar el alquiler.

Otro dato interesante, que además se condice con los testimonios citados al inicio de esta nota, es que “Solo el 50% de los hogares inquilinos tiene contrato escrito y más del 60% admite tener aumentos por fuera de la ley, (un 13% admite que son mensuales)”.

“La reforma que se apruebe tiene que basarse en datos y no debería dar marcha atrás, en ningún caso, con los derechos conquistados en la ley de alquileres. El Estado no puede desproteger a quienes destinan gran parte de sus ingresos a sostener su vivienda” expusieron desde el CELS.

Por su parte, Gervasio Muñoz, presidente de la federación Inquilinos Nacional, cerró la ronda de exposiciones con un fuerte argumento y una dura crítica hacia el Estado por la falta de cumplimiento de la ley. “El Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda. Quien decida quién puede alquilar o no es una inmobiliaria. Y si no te alquilan, no hay ventanilla del Estado a dónde ir a reclamar” comenzó diciendo.

Y continuó reflexionando: “Tienen que tomar conciencia de que la forma que tenemos los trabajadores y trabajadoras de acceder a una vivienda en Argentina es alquilando, y por lo tanto hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Los que vinieron ayer (las empresas del sector inmobiliario) creen que están por encima del Estado y si una ley no les gusta, no la cumplen. Y esa es la historia de estos tres años”, agregó Muñoz, pidiendo sinceridad en el debate de todos los sectores.

Tras cuatro horas y algo más de debate en comisión que, luego, pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima, algunas reflexiones: por momentos, parecía burdo y hasta absurda la posición de varios legisladores y legisladoras respecto de la situación expuesta por inquilinos y miembros de distintas organizaciones nacionales que se oponen a la reforma de la ley. Primero, denotando una clara lejanía con la situación a partir de preguntas y datos equivocados; como también de expresiones verbales y no verbales durante el desarrollo del encuentro. Ni hablar de empatía. Pero lo que es más preocupante es que, en muchísimos casos, la confusión generalizada a la hora de plantear una posición y la desconexión con la interpelación del otro, deja al descubierto la crisis que atraviesa la representación política en la Argenitna.

Mientras tanto, la situación sigue siendo desesperante para millones de compatriotas. Es urgente reducir el nivel de incertidumbre y angustia. Es necesario, por una vez, dejar de masticar tanta bronca.